De  eso se trata, de asomarnos por los  resquicios para mirar los pequeños fragmentos de una realidad que se nos ofrece como  verdad absoluta Ya no hay dogmas que se desprendían de sistemas filosóficos o de grandes creencias. Ahora sólo relatos, redes con mensajes contrapuestos y seguidores de unos y de otros. Mentiras, operaciones con que tratan de convencernos.

Cuál es el mensaje.

Personas  detrás de nombres ficticios que quieren hacernos ver que todo anda muy bien.

Inmersos en la repetición de  frases hechas que parecen de una lógica irrebatible,  corremos el peligro de quedar atrapados por las palabras como si fueran certezas y obstinarnos en el realismo de esas ideas armadas por un lenguaje banalizado y grosero que  le sirve de vehículo.

Pero cuando nos detenemos y  pasan por el cedazo de nuestro criterio, las preguntas surgen como destello

Porque existe una realidad palpable.  La que vemos en la vida cotidiana. Pobreza  y gente durmiendo en la calle en  barrios elegantes

Esta es la mitología contemporánea, una herramienta para controlar. Entre los poderosos y el resto (OTROS MUNDOS) se interpone una nube de intermediarios a través de los cuales  trasmiten su poder y  a la vez se auto-segregan, segregando. Tanto como se ocultan, difunden convenientes “representaciones colectivas”: En eso reside su dominio, en que la mistificación convertida en naturaleza universal impida  el descontento, la rebeldía. FAKENEWS

Un MUNDO que amenaza con su imperio ilimitado se traga al otro, el de afuera silencioso, donde cantidad de excluidos y marginados avergüenzan  la superficie del planeta.  Injustificable. Hasta los  países llamados centrales  albergan en su territorio bochornosas desigualdades.

En el interior de sus despachos, burócratas al servicio de los intereses de minorías, toman decisiones que son verdaderas sentencias de muerte y ellos, aferrándose a  sus posiciones de poder, se desentienden del padecimiento, de la dignidad de  las personas: de su vida cotidiana, de la literalidad de su lucha por la supervivencia, de sus cuerpos en riesgo, de su falta absoluta de futuro.

Sin embargo estos  genocidios son desplazados de las agendas del espectáculo mediático y en su lugar una encarnizada diatriba se ensaña con quienes se atreven a reclamar para llamar la atención sobre su miseria.

Al mismo tiempo, se construye un mundo de cambios vertiginosos. Avances científicos y tecnológicos inimaginables hasta hace poco, no cesan de sorprendernos. Qué hacer para acercar ese mundo a los otros olvidados de todo cuidado, para paliar la  amargura que nace del contraste entre la propia suerte y la de los más favorecidos.

Porque en la misma medida en que se profundiza la desigualdad económica, se incrementa la distancia entre los sectores más y menos beneficiados. Cuando componentes raciales, étnicos o de lenguaje la acentúan, se convierte en un foso imposible de cruzar. Una cesura. Desgarro en el tejido social que imposibilita toda motivación para el acercamiento.

Estudios recientes han comprobado que en comunidades con ingresos más homogéneos, mayor es el apoyo de los que más reciben  para los menos favorecidos. Por eso se hace necesario que para alentar actitudes de reciprocidad, sean elevados los estándares mínimos de vida.

MUNDOS por crear; esa debe ser la misión.  La apropiación del MUNDO para alojar la utopía, un lugar por construir para contraponer a la fatalidad territorial de los comunicadores. Un lugar  que albergue el sueño colectivo del género humano. Una tendencia,  una propensión  que se convierta en profecía auto-cumplida, que impida la finitud del deseo. Porque cuando lo deseable se convierte en posible se integra como necesidad inapelable.

Esa es la tarea para el intelectual, desbaratar lo obvio,  la moda ideológica del momento cuya circulación generalizada funciona como prueba de sentido. Es imprescindible más que nunca,  instalar estos temas y abundar en su trato para asaltar la ciudadela de la indiferencia.  Ayudar a crear la motivación para  sociedades más solidarias  que impidan a los relegados optar por  falsos profetas.  

La característica del cambio es el dolor. Cualquier cambio es esencialmente traumático y socialmente se expresa a través de tensiones graves que conllevan toda clase de destrucciones. Es en ese vacío  que puede tener lugar una nueva creación. Comunidades,   U-TOPÍAS.

  Lugares en el mundo para habitar con dignidad.

                                                              Aires, 24 de noviembre de 2024

______________________________

* Escritora y directora de con-texto

Comparte características con el fascismo, pero su pariente ideológico más cercano en este momento es el orbanismo.

Cuando el fascismo llegó al poder, la mayoría de la gente no estaba preparada, ni teórica ni prácticamente. Eran incapaces de creer que el hombre pudiera mostrar tales propensiones al mal, tales ansias de poder, tal desprecio por los derechos de los débiles o tal anhelo de sumisión. Sólo unos pocos habían sido conscientes del estruendo del volcán que precedió al estallido. – Erich Fromm, Fuga de la libertad

La interminable campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses ha generado un discurso tan previsible como (tristemente) importante: ¿Es Trump la segunda venida de Adolf Hitler? Un artículo de opinión tras otro se han pronunciado sobre si el trumpismo es fascista. Todo ello tras largos debates académicos y periodísticos en tomos como Did It Happen Here?: Perspectives on Fascism and America y The Wannabe Fascists: A Guide to Understanding the Greatest Threat to Democracy- que reflexionan sobre si es mejor llamar a Trump fascista, populista autoritario o cualquier otro neologismo. Nuevas series de Netflix como Hitler and the nazis: Evil on Trial echan más leña al fuego de la afirmación de que EE.UU. 2024 es Weimar 1933, con comentaristas que repiten cómo Hitler quería «Hacer a Alemania grande de nuevo» y advierten de que la historia puede repetirse.

Para no quedarse atrás, Trump y sus partidarios han contraatacado describiendo a Joe Biden como el director de una administración de la«Gestapo»y afirmando que los liberales quieren establecer un «Estado total» de pesadilla en el que presumiblemente todo el mundo se vea obligado a ver RuPaul mientras sólo se le sirve Bud Light. Más recientemente, Trump llamó «fascista» (y comunista) a Kamala Harris. Y en su día, incluso los actuales «Never Trumpers», como Jonah Goldberg, coquetearon con el chiste de «Obama es Hitler».

¿Qué es el fascismo?

La cuestión Trump-fascismo es muy importante. Hay, por supuesto, un insípido argumento de reductio ad Hitlerum que maniáticamente enmarca a cualquier político o movimiento que a uno no le guste como la resurrección del nazismo. Pero Trump lleva mucho tiempo cortejando a los movimientos de extrema derecha y a figuras como los Proud Boys y Steve Bannon, y el amor ha sido muy correspondido.

Parte de la dificultad reside en definir lo que Stanley Payne llama «fascismo genérico» en su Fascismo de 1980 :Comparison and Definition, de 1980, un conjunto de características comunes a todos los movimientos fascistas en el espacio y el tiempo que nos permiten reconocer uno cuando lo vemos. Esto se ve dificultado por el hecho de que muy pocos grupos y políticos de extrema derecha desearían ser identificados como fascistas (a diferencia de lo que ocurría antes de la Segunda Guerra Mundial) y se resistirán a cualquier caracterización de este tipo, incluso cuando pueda estar justificada. En consecuencia, cualquier adscripción de la etiqueta será probablemente impuesta por enemigos tanto del fascismo como del grupo así etiquetado, haciendo que el proceso sea increíblemente controvertido.

En su libro de 2004, Fascistas, el sociólogo Michael Mann define el fascismo como la «búsqueda de un estatismo nacional trascendente y purificador a través del paramilitarismo». El historiador Robert O. Paxton lo define como una: forma de comportamiento político marcada por la preocupación obsesiva por la decadencia de la comunidad, la humillación o el victimismo, y los cultos compensatorios a la unidad, la energía y la pureza, en la que un partido de masas de militantes nacionalistas convencidos, que trabaja en colaboración incómoda pero eficaz con las élites tradicionales, abandona las libertades democráticas y persigue con violencia redentora y sin cortapisas éticas o legales, objetivos de limpieza interior y expansión exterior».

Pero probablemente la definición más aceptada es la que da el historiador y teórico político Roger Griffin en su clásico de 1991 The Nature of Fascism (La naturaleza del fascismo). Griffin define el fascismo como un «género de ideología política cuyo núcleo mítico en sus diversas permutaciones es una forma palingética de ultranacionalismo populista». El fascista proyecta el mito de una «ultranación» que es la fuente de fuerza y pertenencia reales e incluso trascendentes para su «pueblo» (legítimo). Luego, la ultranacionalización se presenta angustiosamente como amenazada por enemigos internos y externos que dirigen un proceso de decadencia. Estos enemigos varían mucho dependiendo de dónde surja el movimiento fascista y pueden ser nacionales o internacionales. Pero típicamente es una combinación de los de dentro percibidos como «extranjeros», opositores internacionales, izquierdistas, liberales, demócratas, feministas, marxistas y cualquier otro que se perciba como que socava la voluntad del pueblo de renovar la ultranación.

¿Es el trumpismo fascismo populista?

Más compleja es la relación del fascismo con los conservadores, a los que también los presentan a menudo como antagonistas defensores de un orden esclerótico y decadente que ya no merece la pena conservar y que tiene mucha culpa del proceso de decadencia. De esto se hacen eco algunas de las recientes declaraciones de los republicanos moderados como «cuckservatives» o «Republican in Name Only». No obstante, los fascistas suelen formar alianzas tanto tácticas como ideológicas con las élites conservadoras, como hicieron en Italia y Alemania, para eliminar a la izquierda y apuntalar el poder. Una vez en el poder, los fascistas suelen investir una autoridad extraordinaria, históricamente en la figura de un líder masculino, que encarna la voluntad popular demótica y, por tanto, tiene derecho a amplios poderes que superan las nebulosas restricciones que a los liberales les gusta imponer al poder ejecutivo. El líder y el partido fascista utilizarán entonces estos poderes para intentar rejuvenecer la nación. Como señala Griffin, las fantasías de venganza, normalmente impotentes pero no siempre, son muy comunes en la extrema derecha. Asunto sombrío.

La pregunta entonces es si el trumpismo coincide, al menos lo suficiente, con el fascismo genérico como para justificar la etiqueta más tóxica del arsenal político. Los expertos están divididos.

En un principio, Paxton se abstuvo de calificar a Trump de fascista antes de cambiar de opinión después del 6 de enero. El experto en nazismo Richard Evans opinó que hay «fuertes ecos de fascismo» en el trumpismo, pero no los suficientes como para calificarlo como tal. Los colaboradores de la edición de este año de Did it Happen Here? estaban divididos. En su 2017 From Fascism to Populism in History, Federico Finchelstein divide la diferencia y afirma que el «macho populismo» tiene un «punto de partida fascista, y sin embargo el populismo no es fascismo.» Esto se debe a que Trump y otros regímenes populistas de derecha se han abstenido hasta ahora de establecer dictaduras de partido único, incluso si toman medidas para garantizar que las elecciones estén lejos de ser limpias. Finchelstein señala que los populistas a menudo disfrutan de la energía y la legitimidad que supone ganar el voto popular. Personalmente, he dudado en llamar fascista a Trump; mi propio término ha sido «conservador posmoderno». Aunque a medida que el Partido Republicano ha ido haciendo gestos más transparentemente autoritarios a partir de 2020, hasta llegar a Trump llamando «alimañas» a sus enemigos, me ha parecido cada vez más que ha llegado el momento de sacar la Fword.

El trumpismo como orbanismo

Una de las razones por las que he dudado en calificar a Trump de fascista es que, siguiendo a Evans, no me queda claro que su ambición haya sido alguna vez establecer el tipo de Estado «total» y militarizado proclamado por Carl Schmitt, el filósofo alemán, Benito Mussolini, el dictador italiano, y Giovanni Gentile, el escritor fantasma de Mussolini. En la práctica, Evans, Payne y otros señalan que ni el Estado fascista italiano ni el alemán lograron nunca nada parecido al control total de la mente, el cuerpo y el alma que pretendían. Pero era innegable que ese era su objetivo a largo plazo. Como Mussolini y Gentile expresaron en La doctrina del fascismo, el objetivo del fascismo es «totalitario, y el Estado fascista -una síntesis y una unidad que incluye todos los valores- interpreta, desarrolla y potencia toda la vida de un pueblo.» Los populistas de la derecha contemporánea, desde Trump hasta Orbán, a veces hacen gestos en esa dirección totalizadora. Pero con la misma frecuencia pretenden negar la política y, al mismo tiempo, hacer lo contrario: convertirla en trascendente y omnipotente. A pesar de su populismo, en la práctica muchos de los movimientos más influyentes del Partido Republicano han consistido en apoyarse en las instituciones menos populistas y demócratas del Estado, como los tribunales, la burocracia federal y la red de operadores republicanos, o intentar apoderarse de ellas.

Esto no quiere decir que las cosas no puedan avanzar en una dirección más totalizante en caso de un segundo mandato de Trump. Pero la amenaza más inmediata sería probablemente un esfuerzo por establecer lo que Steven Levitsky y Lucan Way denominan un deslizamiento hacia el «autoritarismo competitivo» a lá Hungría de Viktor Orbán.

No se trata de una mera especulación. Orbán ha sido durante mucho tiempo uno de los favoritos del Partido Republicano. En 2022, fue invitado a hablar en la CPAC y recientemente ha pedido a Trump que derrote el «espíritu progresista mundial» en nombre de la extrema derecha global. Tucker Carlson, Rod Dreher, Steve Bannon, JD Vance y otros líderes conservadores han adulado a Orbán en más ocasiones de las que se pueden contar. Y el propio Trump ha expresado habitualmente su admiración por Orbán, incluso en el debate con Kamala Harris, cuando se refirió elogiosamente al autócrata húngaro como un «hombre fuerte», aparentemente sin tener en cuenta la connotación negativa.

No es difícil entender el atractivo para la derecha estadounidense. Como relató hace cinco años Paul Lendvai en Orbán:Europe’s New Strongman, Orbán comenzó su carrera como activista centrista que militaba contra el otrora partido comunista en el poder. Irónicamente, en su día fue un cruzado del gobierno abierto e incluso recibió una beca financiada por George Soros para estudiar en Oxford en 1989. Orbán ganó el poder en 1998 y lo perdió en 2002. Orbán volvió a ganar en 2010, con un fuerte giro a la derecha de su partido, el Fidesz. A continuación, reescribió la Constitución varias veces para concentrar el poder en manos del partido gobernante, se hizo con el control de los tribunales y los medios de comunicación, manipuló los distritos electorales y marginó a la oposición todo lo posible.

Como relata Zack Beauchamp en The Reactionary Spirit, muchos de estos cambios fueron muy diferentes de los actos espectaculares de los regímenes fascistas del siglo XX. En lugar de dramáticos derrocamientos democráticos, las reformas a menudo se ocultaban dentro de cambios políticos muy elaborados o se enterraban en lo más profundo de textos legislativos aparentemente mundanos. Esto dificultó que el público detectara lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, Orbán proclamó a bombo y platillo que seguía comprometido con la democracia. Pero se trataba de una «democracia iliberal», como dijo en un discurso pronunciado en 2014 en Băile Tușnad:

En otras palabras, la nación húngara no es simplemente un grupo de individuos, sino una comunidad que debe organizarse, reforzarse y, de hecho, construirse. Y así, en este sentido, el nuevo Estado que estamos construyendo en Hungría es un Estado iliberal, un Estado no liberal. No rechaza los principios fundamentales del liberalismo, como la libertad, y podría enumerar algunos más, pero no hace de esta ideología el elemento central de la organización estatal, sino que incluye un enfoque diferente, especial, nacional.

Hacer grande el autoritarismo en América

Como era de esperar, la promesa de Orbán de construir una «democracia iliberal» era, en el mejor de los casos, una verdad a medias. No cabe duda de que Fidesz adoptó políticas antiliberales a raudales: adoptó una postura de línea dura contra los refugiados sirios que huían de la guerra civil, describiéndolos como «invasores musulmanes», aprobó leyes contra la comunidad LGBTQ al tiempo que suprimía la libertad de expresión, y se mostró en contra de los requerimientos del Estado de derecho de la UE al tiempo que decidía recibir miles de millones en limosnas de ésta. Este celo antiliberal ha acabado rápidamente con la parte «democrática» de su proyecto. Aunque Orbán sigue siendo relativamente popular (aunque hay indicios de que su apoyo, que no ha llegado al 50% a pesar de la supermayoría del Fidesz en el Parlamento, se está debilitando) nadie calificaría de limpias las elecciones húngaras o el proceso político.

Uno puede ver fácilmente cómo este modelo húngaro sería enormemente atractivo para el Partido Republicano de Trump. En las últimas ocho elecciones presidenciales ha ganado el voto popular una sola vez. En muchas métricas que van desde la despenalización de las drogas a la inclusión LGTBQ, el público estadounidense se ha vuelto más liberal en lugar de menos desde la última vez que el GOP ganó el voto popular hace dos décadas, en 2004.

El resultado, como ha observado Corey Robin durante mucho tiempo, es que el GOP normalmente se basa en la arquitectura anti-mayoritaria de las instituciones estadounidenses para ganar elecciones (o en el caso de Trump, para socavarlas activamente y jugar con ellas) y avanzar en su agenda.

Todo esto se alinea muy bien con el enfoque húngaro de la política, que prefiere movimientos aislados hacia la autocracia que operan por debajo del radar de la política pública y suelen evitar los gestos polémicos. Sobre esa base, la calamitosa decisión de Trump de lanzar una turba violenta contra sus oponentes en 2021 debe parecer un grave error estratégico.

Pero si es reelegido, parece bastante probable que Trump y su partido puedan avanzar más decididamente en la dirección del autoritarismo competitivo húngaro. La reciente sentencia del caso Trump contra Estados Unidos señaló que el Tribunal Supremo concederá al trumpismo una amplia libertad de acción frente a la supervisión legal de cualquier cosa que pueda hacer el presidente. La pieza central del Proyecto 2025 de la derechista Fundación Heritage es un plan para rehacer efectivamente la burocracia federal a imagen y semejanza de MAGA. E incluso si Trump se ha distanciado de este proyecto, es muy poco probable que evite los tentadores encantos de un poder ejecutivo obediente durante mucho tiempo. Su candidato a vicepresidente, JD Vance, ha estado profundamente influido por una serie de intelectuales y multimillonarios de extrema derecha, como Curtis Yarvin y Peter Thiel, que abogan por el fin de la democracia. La elección de Vance se consideró en general un esfuerzo por señalar a los fieles de MAGA que Trump planea gobernar en gran medida para ellos en el futuro.

Por encima de todo, un movimiento hacia el autoritarismo competitivo es plausible porque se basa en una motivación humana más común que un instinto de grandiosidad política: a saber, la apatía. Si es reelegido, Trump ha prometido políticas extraordinariamente crueles, como la deportación masiva de millones de personas, aunque es poco probable que muchos estadounidenses quieran apoyar eso, o incluso quieran que se vea que lo apoyan. Pero Trump no necesitará apoyo. Todo lo que necesita es minimizar la resistencia y confiar en que la mayoría de la población no se dará cuenta ni le importará lo que está haciendo; o al menos no lo suficiente como para molestarse por ello. La indiferencia masiva suele facilitar más la crueldad que la malicia manifiesta de unos pocos en una sociedad.

¿ Cómo se dice ? La historia no se repite, pero rima. Puede que Estados Unidos llegue algún día a un momento Weimar en el que el fascismo genuino llame a la puerta; el propio Trump podría provocar ese momento. Pero, por ahora, los liberales y progresistas estadounidenses deberían pasar menos tiempo estudiando Berlín 1933 y más Budapest 2010.

Estuve dando clases sobre democracia y la derecha política en el Whitman College en 2020 y 2021. El 6 de enero, disfruté de algo que la mayoría de los profesores anhelan pero que no quiero volver a ver: mis alumnos enviándome correos electrónicos y contactando conmigo para preguntarme si la democracia estadounidense estaba acabada y qué demonios pasaría en los próximos años. Me avergüenza decir que lo único que podía decirles era que no tenía ni idea; nunca había pasado por algo así.

Todavía no se puede estar seguro porque hay muchas fuerzas que pueden tumbar la trayectoria natural de un movimiento. Pero si no se detiene a Trump, le dará al autoritarismo MAGA una ventaja competitiva duradera y quizás debilitará permanentemente a sus oponentes democráticos liberales.

Este texto fue publicado originalmente en inglés en The Unpopulist.

Traducción: Natalia López

*Profesor de ciencias políticas en Whitman College. Es autor de «The Rise of Post-Modern Conservatism and Myth» y coautor de «Mayhem: A Leftist Critique of Jordan Peterson».

Fuente: INFOBAE, 13/10/23

Una comunicación sencilla, concisa y bien organizada es esencial para construir una ciudadanía informada. En qué se basa esta iniciativa y cuáles son los puntos esenciales de esta herramienta, según una experta consultada por Infobae

“El conocimiento es poder”. Esta frase que popularizó el filósofo inglés Thomas Hobbes en su obra ‘De Homine’ (Sobre el hombre), que habría sido pronunciada por el político y filósofo inglés Francis Bacon, en la actualidad es una iniciativa que crece en el mundo. Sin embargo, para que pueda convertirse en una realidad palpable para todos los habitantes de la Tierra, es esencial contar con una comunicación centrada, justamente, en la ciudadanía. De eso se trata el Lenguaje Claro.

Para conocer más, Infobae dialogó con Natalia Bengochea, del Programa “Talleres de Lenguaje Claro” de la Oficina de Información Judicial del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), quien además es profesora, licenciada en Letras y egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El denominado Lenguaje Claro se convirtió en una realidad cuando, en 2010, se convirtió en norma en los Estados Unidos bajo el nombre de “Plain Writing Act” (Ley de escritura simple). La legislación norteamericana, impulsada durante la gestión de Barack Obama impone que las “agencias federales utilicen comunicaciones gubernamentales claras que el público pueda comprender y utilizar” en todos los documentos, entre los que se incluyen publicaciones, cartas, formularios, avisos e instrucciones, con un lenguaje “claro, conciso y bien organizado”.

Mediante esta acción, lo que se busca es revertir una práctica muy extendida en el Estado de documentos, formularios y hasta sentencias escritos con un lenguaje oscuro y complejo. Esta comunicación, entonces, se aleja completamente de la persona a la que está destinada, creando malentendidos y afectando de manera directa el derecho ciudadano a entender. Es decir, a comprender.

Lenguaje claro, una necesidad con siglos de historia

Más allá de la norma impulsada y avalada hace más de una década en Estados Unidos, el movimiento de promoción del lenguaje claro se originó en los años 70 en Inglaterra, Suecia, Estados Unidos y Canadá, con iniciativas que buscaban terminar con el lenguaje críptico del Estado, la Justicia y los bancos. Sin embargo, este no fue su inicio, porque sus raíces se hunden en la antigua tradición de la retórica clásica, que recomendaba como primer paso al elaborar un discurso pensar en quién es la persona destinataria.

En ese sentido, Marco Fabio Quintiliano, en el siglo I, en su obra Instituciones Oratorias, ya defendía la elección de la claridad de estilo: “Yo tengo por la principal virtud la claridad, la propiedad de las palabras, el buen orden, el ser medido en las cláusulas y, por último, que ni falte ni sobre nada. De este modo el razonamiento será de la aprobación de los sabios e inteligible para los legos”.

Con el propósito de resguardar ese derecho centenario, entre el 27 y 29 de septiembre, en la Facultad de Derecho de la UBA, se realizó por primera vez en América Latina, la Conferencia internacional Conectar culturas: comunicación clara para construir puentes, organizada por el Observatorio de Lenguaje Claro de la UBA y la asociación PLAIN (Plain Language Association International). En ese marco, Hipolito Nosiglia, titular de la Oficina de Información Judicial, presentó el Programa de Lenguaje Claro del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires

Del encuentro participaron referentes de América Latina, Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Entre ellos, estuvieron el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico; la directora del Observatorio de Lenguaje Claro de la UBA, Lorena Tula del Moral; la titular de Plain Language Association International, Joanna Richardson; la especialista de la Universidad de Barcelona Estrella Montolío; y Annetta Cheek, impulsora de la “Plain Writing Act” firmada por Barack Obama el 13 de octubre de 2010.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires formó parte, entre el 27 y 29 de septiembre, en la Facultad de Derecho de la UBA, de la Conferencia internacional Conectar culturas: comunicación clara para construir puentes, organizada por el Observatorio de Lenguaje Claro de la UBA y la asociación PLAIN

Durante tres días intensos, más de 400 personas participaron del debate en torno al lenguaje claro y conocieron los avances más significativos en este campo. Todos los expositores coincidieron en algo: la claridad en la comunicación contribuye a la transparencia de los actos y a la legitimidad de las instituciones.

La Justicia, un actor de vanguardia

En este evento, además, se presentó el “Programa Talleres de Lenguaje Claro” que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una iniciativa inédita en el Poder Judicial de nuestro país, en tanto incorpora al lenguaje claro dentro de la política institucional del organismo. La propuesta, aprobada por el fiscal general Juan Bautista Mahiques -actual presidente de la Asociación Internacional de Fiscales-, contempla la capacitación obligatoria en lenguaje claro para todo el personal del ministerio.

Nosiglia, como titular de la Oficina de Información Judicial que lleva adelante el programa, resaltó que “una justicia moderna no solo debe ser ágil y eficiente, con expedientes digitalizados y edificios accesibles. Es necesario además que sus comunicaciones garanticen el derecho de la ciudadanía a entender”. Los proyectos de lenguaje claro del organismo también se extienden a la oralidad: apuntan a mejorar la comunicación con víctimas y personas imputadas en las suspensiones de los procesos a prueba, más conocidos como probations, para lograr un mayor cumplimiento de los acuerdos.

La postura de la Corte Suprema

La Corte Suprema acaba de aprobar, los “Lineamientos Generales de Sentencias Claras” para el uso correcto del lenguaje en el ámbito del tribunal. Entre ellos, establece la estructura en la redacción que deben tener sus sentencias y la necesidad de que sean autosuficientes “de forma tal que para su comprensión no resulte necesario recurrir a otros documentos”.

En el documento, el máximo tribunal advirtió que “dada la especialidad del lenguaje jurídico” es “pertinente adoptar prácticas y herramientas a modo de recomendación que faciliten la comprensión de las sentencias por parte de sus destinatarios”. Asimismo, indicaron que estas iniciativas no deberían demorar los trámites en curso, por lo cual crearon “un grupo de trabajo interno permanente” con este objetivo.

Además, establecieron monitorear las sentencias dictadas con el objetivo de recopilar los tecnicismos judiciales utilizados para poder identificar “oportunidades de mejora continua en la redacción”.

Las claves del Lenguaje Claro

Para conocer más profundamente esta herramienta, Infobae dialogó con Natalia Bengochea, quien es una experta en la aplicación de esta clase de comunicación. En la actualidad, se encuentra trabajando en el marco del Oficina de Información Judicial del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

– ¿Cuáles son las bases del Lenguaje Claro?

-Se prioriza el derecho que tiene la ciudadanía a comprender. Y es, nada más y nada menos, que hacer foco en las bases y en los principios de toda comunicación: prestar atención y ajustar lo que se dice en función de a quién me dirijo. Nosotros, cuando hablamos o comunicamos, lo hacemos con un objetivo particular y nos adaptamos para alcanzarlo de la manera más eficaz, en función de a quién nos estamos dirigiendo. En nuestro caso, en los talleres que llevamos adelante en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, se busca que todos los documentos que se producen puedan ser comprendidos de la mejor manera por la ciudadanía y aquellos a quien les compete.

– ¿En qué aspectos se centra?

-Por ejemplo, se centra en los textos, en el tipo de vocabulario y en los tecnicismos dentro del ámbito jurídico; donde existen palabras que tienen que estar porque no hay sinonimia para una figura de un delito. Es decir, hostigamiento no quiere decir lo mismo en el ámbito jurídico, que en una conversación cotidiana. Para poder establecer un lenguaje claro, cuando se usa esta terminología, se suma una definición, explicación o reformulación. Es, a fin de cuentas, pensar en ese otro que no tiene por qué saber de derecho y que no siempre va a contar con una defensa que, pese a ser parte de los procesos, sea traductora.

– ¿Cómo se realizan estos textos?

-Nosotros formulamos los textos y tratamos de dárselos a personas que no son expertas en derecho para que los lean. En un primer momento lo que hacemos es reflexionar sobre la discursividad y el lenguaje, para después de manera colectiva reformular y tratar de armar una mejor versión de los documentos. Se hace una suerte de testeo en grupo de control. Después se los damos a los titulares de las fiscalías para que los revisen y den su visto bueno, y una vez que se hace todo el recorrido se incorporan al trabajo diario. Somos conscientes de que el lenguaje es una práctica social y que cada vez que hablamos o escribimos estamos llevando adelante una actividad. La comunicación tiene que ajustarse al objetivo, a las circunstancias y a las personas a las que está dirigido.

-Vamos haciendo reformulaciones porque somos conscientes de que no se trata de aplicar una serie de reglas y nada más. Tampoco se trata de armar una nueva versión de un documento para que se cristalice y después termine sin responder a las nuevas situaciones. Por eso lo que promovemos es una comunicación clara que, después de los talleres y con cada vez más herramientas, se van incorporando. Además, es importante tener en cuenta el visto bueno en cada paso, siendo que este tipo de acciones también fueron impulsadas desde las autoridades incorporando una baja resistencia.

– ¿Cuál es el objetivo final del Lenguaje Claro?

-Cuando trabajamos en este tipo de reelaboraciones, o promoviendo el lenguaje claro, buscamos hacer conscientes a esas personas de cuáles son las herramientas y elementos que brinda el lenguaje que nos permite hacer más clara esa comunicación y que, a partir de ahí, los documentos no respondan en la forma en la que están escritos o en su formato a tradiciones, rituales o una suerte de herencia. Sino a decisiones conscientes de quienes lo producen, que están pensando la forma más eficaz de que una persona lo pueda comprender.

Entonces, si a una persona se le envía una notificación para que asista a una audiencia, porque está citada en una causa, lo que se busca es que reciba esa notificación y comprenda que se la cita: dónde, cuándo y de qué manera. Y que no tenga que consultar a otras personas o necesite que alguien le haga de traductor. Esa persona está en todo su derecho de poder comprender y ese es el objetivo que el lenguaje claro impulsa, una democratización y transparencia de la comunicación que surge de los ámbitos públicos y de un trabajo interdisciplinario, con personas formadas en derecho, con experiencia en la justicia y con formación en las ciencias del lenguaje, entre otros, para que cada una aporte su conocimiento.

FUENTE: INFOBAE

La crisis moral de la clase dirigente argentina no es novedosa. Así lo prueba la gestión, como poco deficiente, de las funciones básicas del Estado como la salud, la seguridad; y por sobre todas las cosas, la educación. Durante los últimos cincuenta años, por lo demás, ha probado su ineficacia en combatir uno de los fenómenos  más perturbadores de nuestro imaginario colectivo: la pobreza; una anomalía, dada nuestra inmensa riqueza potencial.

El sentido común debería indicarnos a una elite comprometida con combatirla; pero ocurre lo contrario. Desde las escuelas, desde hace por lo menos tres años, se viene denunciando otra lacra que, como el el consumo de estupefacientes, se dirige fundamentalmente a nuestros niños y adolescentes: la alarmante escalada de la ludopatía bajo la forma de las apuestas deportivas on line. Un negocio detrás del que no es difícil percibir la silueta de personajes asociados al blanqueo de la política venal, el financiamiento de sus actividades y el enriquecimiento obsceno de sus patrocinantes públicos.

Es justo también señalar que se trata de un problema global y de vieja data en estas playas. El cambio procede de la facilidad del acceso a sus canales a través de las nuevas plataformas digitales que, formalmente, prohíben el juego a los menores de edad; pero que, en los hechos,  lo toleran y hasta incitan declarando lo contrario. No es demasiado difícil hurgar sus orígenes en nuestro pasado efímero. Comenzó en 2018 cuando el gobierno de Macri cerró Lotería Nacional y sepultó al memorable PRODE. A partir de entonces, los juegos dejaron de estar reglados por la autoridad nacional transfiriéndose a las provincias.

En la PBA, tanto la gobernadora Vidal como su sucesor Kicillof postergaron su habilitación. Pero éste último terminó cediendo tras las elecciones legislativas de 2021 cuando nombró como jefe de Gabinete a un viejo conocedor de oficio, el intendente lomense Martin Insaurralde. La pandemia, el Mundial y la reciente Copa América hicieron el resto. Desde entonces, la afición se tornó irrefrenable en el AMBA; sobre todo, en la provincia que concentra el 50% del negocio nacional. Casi el mismo porcentaje de la pobreza –más del 40%- y en donde 7 de cada 10 chicos están sumergidos en esa condición. Lidera las apuestas del país y que significativamente se propagan más en los adolescentes y jóvenes más humildes.

A esta altura, muchos especialistas no han dudado en calificar a este proceso silencioso en “epidémico” con sus deletéreas consecuencias sociales y culturales. Analicemos solo algunas. Hay docentes que sostienen que cada celular es una suerte de casino en miniatura. Sus manifestaciones son la desatención, la ansiedad y la merma del rendimiento que, en algunos casos, termina en la deserción escolar agravando a una de las peores herencias de la cuarentena.  Alarman no solo los montos sino una frecuencia cada más compulsiva que los lleva a contraer deudas con compañeros cuyo incumplimiento suscita conflictos de una violencia inusitada. Luego, cuentas de mail múltiples y perfiles falsos cuando agotan sus billeteras virtuales, y el uso secreto de las tarjetas de crédito de sus padres que se sorprenden al momento de la liquidación con pasivos impagables.  La ira entonces se traslada a sus hogares; aunque en muchos casos, los chicos no hacen más que imitar a sus progenitores, hermanos y parientes. La crisis ética tampoco nació de un repollo.

Y como no podía ser de otra manera, proliferan los prestamistas que les facturan sus extorsivas comisiones. Situación que los pone en la mira de los narcomenudistas que los presionan a pagar sus incumplimientos incorporándolos como agentes de sus bandas. Las situaciones anómicas allí alcanzan niveles extravagantes: desde la prostitución pedofilica de intermediarios adultos “presta cuentas” hasta intentos de suicidios culposos. Pero llegados a este punto, conviene recorrer la cadena ascendente del sistema.

Los grandes promotores de las empresas ilegales son influencers de la farándula que desde diferentes redes los tientan a jugar obsequiándoles fichas para registrarse y comenzar las apuestas. Reproducen el mismo modus operandi de los dealers barriales narcos: primero, el regalo; y después, las deudas y la dependencia. Las legales se publicitan en los medios y las camisetas de los jugadores de futbol de varios clubes de primera división y del propio seleccionado nacional.

Cada una de las seis empresas internacionales que operan en la PBA debe contar con un socio local. En todos los casos, viejos conocidos asociados a la justicia y la política; sobre todo las municipales. El Estado provincial percibe el 10 % de las ganancias además del impuesto a los ingresos brutos; pero el cartel ha sido conteste en presionar para que los funcionarios no “mojen su pan” en la salsa de los premios, pues allí acumulan el 80% de sus beneficios. Lo curioso es que esos aportes terminan resultando fiscalmente nimios respecto de los multimillonarios que se reparten entre empresarios con esos mismos funcionarios.

En suma, una suerte de sarmientismo invertido en el que una dirigencia decadente, lejos de combatir a la barbarie, la fomenta. Esta vez, mediante el efecto demostrativo de sus propias vicios patrocinados por socios usureros que reproducen satelitalmente esta subcultura ociosa de streamers, cajeros y gurúes atizando el atractivo del dinero fácil; contrario al esfuerzo de una ciudadanía educada y civilizada.

*Miembro del Club Político y de Profesores Republicanos

El “síndrome metropolitano” argentino procede de la relación disfuncional entre las jurisdicciones de la región que contiene al 40 % de la población nacional en un 5% de su territorio: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –capital federal-; su provincia homónima, y el anillo que rodea a la primera: el GBA o Conurbano Bonaerense que concentra al 70% de la población de la segunda. De los casi 47 millones de habitantes de la República Argentina, un poco más de 3 residen en la CABA, 17 y medio en la PBA; y de estos, casi 11 en el geográficamente difuso e indefinido GBA. Casi 21 millones entre las dos Buenos Aires, y 11 en el CB de la Capital. Y un dato adicional: el 40% de la pobreza que alcanza al 50% de su población en ese estatus se concentra en el CB.

No es difícil adivinar que se trata de un statu quo deletéreo que esporádicamente se denuncia; pero que nuestro cortoplacismo exasperante olvida y difiere. No vamos a remontarnos demasiado a sus orígenes históricos de larga duración. Arrancó entre los 60 y 70 cuando las políticas de estabilización operaron sobre los subsidios a economías regionales como la producción azucarera tucumana o la crisis del algodón chaqueño. En el primer caso, se rompió la compuerta demográfica diseñada durante la fase final de la Organización Nacional para tornar al sistema político lo más verosímil posible al federalismo constitucional. En el segundo, a los cambios tecnológicos de algunas ramas textiles durante la modernización desarrollista. Lo cierto es que un nuevo torrente humano del NOA y del NEA se derramó sobre los grandes conurbanos; y obviamente, en el metropolitano.

La pobreza incipiente indujo allí a los primeros experimentos territoriales “colectivistas” inspirados por los sacerdotes del tercer mundo y por algunos militantes de base encomendados a configurar las “organizaciones de superficie” de la guerrilla urbana. Luego, ya durante el último régimen militar, la expulsión de varias villas de la Capital y la simultánea prohibición del histórico sistema de urbanización por loteos en el GBA. En el medio, una olla a presión de familias que no retornaron a sus terruños sino que se refugiaron hacinados en las viviendas de sus parientes o allegados del GBA.

A partir de la democracia, la descompresión anómica detonó ocupaciones territoriales masivas en zonas poco aptas para la habitabilidad humana. Auspiciadas, otra vez, por sectores filo eclesiásticos; aunque también por dirigentes políticos, gremiales o territoriales que pergeñaron nuevos “asentamientos”. Ya no se trató de una experiencia transitoria sino de una vasta reorganización social a partir de esa novedad resistente a los paliativos gubernamentales: la pobreza endémica procedente de todos aquellos a los que la reestructuración económica comenzada hacia fines de los 70 arrojó a la desocupación o al empleo precario.

Se conformaron agregados étnicos religiosos, deportivos, laborales o delictivos profesionalizados. Todos terminaron referenciándose en un líder territorial con experiencia en negociar con municipios recursos para “subsistir”: desde alimentos, atención sanitaria, contratos laborales precarios en las alcaldías; y la promesa de integración racional de los nuevos barrios trazando calles, lotes, pulmones y sitios de atención estatal. Pero el extravío de un patrón de crecimiento y desarrollo impidió la concreción de esas metas; y el nuevo orden no solo se consolidó sino que mostró sus dientes filosos en los estallidos de 1989 y 2001.

Ya en las postrimerías de los 2000, un kirchnerismo económicamente exhausto y resignado al estancamiento emprendió una estrategia de prevención sucesora de la de Perón respecto de los sindicatos en los 40; esta vez, con “los pobres” mediante una reforma de las dispersas políticas asistenciales clientelizadas. Sus tres dispositivos fueron la AUH, las jubilaciones anticipadas; pero por sobre todas las cosas, la “cooperativización” de los trabajadores informales mediante entidades que desde la Nación apuntaron primero a las intendencias; y luego a las “organizaciones sociales” pergeñadas desde el poder.

No está claro si se trató de un experimento fallido o de un diseño deliberado para convertir al GBA en el bastión inexpugnable de un “partido de los pobres” con sede en ese contorno metropolitano. Lo cierto es que reelecta en 2011 la Presidenta Kirchner encendió el mecanismo: los viejos punteros fueron absorbidos en los organigramas de los municipios y las organizaciones sociales se encargaron de administrar no a una potente “economía social” sino a legiones de militantes ritualmente movilizados para alimentar su maquinaria corporativa neo filantrópica. Una suerte de mendicidad ritual de intercambio de recursos por “paz social” con gobiernos aterrados por la reedición, a raíz del estancamiento comenzado en 2012, de estallidos como los de 1989 o 2001.

El intento de encuadrar todo el régimen en la mega organización “Unidos y Organizados” se desplomó en medio del fracaso gubernamental y la crisis de conducción tras la muerte de Kirchner. Los rigores de la cuarentena se encargaron de desenmascarar la falacia del “Estado Presente” obligando a cientos de miles a “rebuscárselas” para sobrevivir sin depender de los mendrugos y las extorsiones. Muchas de sus consecuencias culturales se tradujeron en el desenlace electoral del año pasado, ya preanunciadas en las de dos años antes. Otras, nos remiten a zonas controladas por organizaciones delictivas entre las que sobresale el narcomenudeo cuyas diversas franquicias ofrecen trabajo a decenas de familias y que tributan, vía la policía, a la burocracia política local.

En su cima provincial, el síndrome enfrenta la reedición de uno de sus repertorios clásicos. Proceden menos de la sucesión de catástrofes del siglo XX que de sus lejanos cimientos hace más hace ciento veintitrés años. Un gobernador que aspira a la presidencia cuestionado por su jefa política, y un elenco dirigente que recorre los pasillos del laberinto sin capacidad de descubrir su lógica profunda: la virtual inexistencia de la PBA, su anomia burocrático administrativa y una fisiología institucional mefistofélica diseñada para sepultar las aspiraciones presidenciales de mandatarios sentenciados. La parábola se repite con los intendentes que anhelan la gobernación.

Y en el medio, la práctica resignación ciudadana de aguardar de nuestros dirigentes una pizca de grandeza –salvo los pocos que postularon algunas propuestas de resolución tan interesantes como rápidamente archivadas- y la esperanza de otra de fondo: una descongestión demográfica a instancias de los polos de desarrollo factibles merced a nuestra riqueza potencial.  Sus brotes ya se perciben en regiones que emanan un clima de prosperidad distinto del delirio congestivo del GBA; y este ha tendido a ralentizar su crecimiento como lo prueban los datos censales de 2022.

Así y todo, siguen arribando inmigrantes de las provincias pobres y de varios países limítrofes alimentando la maquinaria que invierte el discurso de sus “barones” micro provinciales nepóticos y patrimonialistas. Una cínica y sistemática trasferencia de ingresos desde colectivos marginales “subsistentes” hacia supermillonarios neo filatrópicos que extraen, mediante lucros ilegales, la sustitución de sus magras recaudaciones impositivas y de una coparticipación provincial contraria a la autonomía federal establecida por la Constitución.

*Miembro del Club Político Argentino

Desde que asumió la Presidencia Javier Milei lleva dictados 42 “Decretos de Necesidad y Urgencia”, desplazando al Congreso y adquiriendo por sí solo un enorme poder discrecional frente a los ciudadanos.

Juan Bautista Alberdi en su célebre “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” se refería a la extensión relativa de facultades que habría de otorgarle al Poder Ejecutivo para lograr su cometido con la siguiente frase: “Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una constitución”.

Haciéndose eco de estos principios, los Constituyentes de 1853 establecieron que la Nación Argentina adoptaría para su Gobierno la Forma Representativa, Republicana y Federal, a la par de reconocer los “Derechos, Declaraciones y Garantías” de todos los ciudadanos.

El Gobierno Federal quedó organizado en tres poderes independientes con funciones propias. En manos del Poder Ejecutivo aplicar la ley; del Poder Legislativo sancionarlas; y del Poder Judicial interpretarlas. En un marco de checks and balances o control reciproco.

Como bien sabían los constituyentes de 1853, derechos constitucionales y división de poderes son dos caras de la misma moneda. En otras palabras, se requiere dividir el poder con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales.

Ahora bien, por circunstancias que hacen a nuestra historia institucional y a nuestro régimen constitucional, este sistema se vio desbalanceado desde un comienzo a favor del Poder Ejecutivo. Así, nos vimos progresivamente sometidos a un Poder Ejecutivo que no se limitó a aplicar la ley, sino que también se encargó de hacerla e interpretarla.

Ello fue especialmente notorio en periodos de quiebre institucional, en los cuales se disolvieron los poderes legislativos y judiciales y, con ello, los límites al poder.

Esta deformación del Sistema Republicano de Gobierno fue definida como “Hiperpresidencialismo”, el que consiste en una excesiva acumulación de poderes y de prerrogativas en la figura del Presidente.

En particular, a partir del dictado de “Decretos Delegados” y de “Decretos de Necesidad y Urgencia”, el Presidente fue desplazando al Congreso y adquiriendo por sí solo un enorme poder discrecional frente a los ciudadanos.

La convención reformadora de 1994 dio cuenta de este fenómeno y, en consecuencia, uno sus objetivos fundamentales fue atenuar el “Hiperpresidencialismo”, limitando las facultades presidenciales. Fue lo convenido entre los expresidentes Alfonsín y Menem en el “Pacto de Olivos” que culminó en la reforma constitucional. Menem, por su parte, lograría la reelección.

Así, a través del artículo 76 de la Constitución Nacional, se prohibió la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases que el Congreso establezca.

A su vez, en el artículo 99 inciso 3° se reglamentó la facultad presidencial de dictar “Decretos de Necesidad y Urgencia”, estableciéndose como principio que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo situaciones excepcionales que impidan al Congreso sesionar y siempre que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.

 Ahora bien, muchas veces en la historia se ha invocado la “Emergencia” por parte de los gobiernos de turno como justificación para ampliar de manera exorbitante sus poderes y, con ello, dejar los derechos de los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad.

Este fenómeno es descripto por el filósofo del derecho Italiano Giorgio Agamben, que caracterizó al “Estado de Excepción” como ese momento -que se supone provisorio- en el cual se suspende el orden jurídico y que se ha convertido durante el siglo XX en la forma permanente y paradigmática de Gobierno.

Gobernar por Decreto amparándose en una supuesta Emergencia” es propio de gobiernos “Populistas”, que recurren a estas herramientas ya que se sostienen en un estilo de liderazgo caracterizado por la relación directa, carismática, personalista y paternalista entre líder-seguidor, que no reconoce mediaciones organizativas o institucionales.

Como vemos, conceptos tales como “Estado de Excepción”, “Decretos de Necesidad de Urgencia”, “Hiperpresidencialismo” y “Populismo” constituyen una secuencia lógica que tiene por resultado un Poder Ejecutivo exorbitado y la consecuente desnaturalización del Régimen Republicano de Gobierno.

Así las cosas, resulta esencial que el Congreso reasuma sus funciones de orientación política y control del Poder Ejecutivo, para materializar la idea de que solo a partir de una sólida división de poderes propia del Sistema Republicano de Gobierno se puede asegurar la libertad de los ciudadanos.

*¨Profesor Titular y director de la carrera de Posgrado de Derecho Constitucional (UBA)

*Abogado Especialista en Derecho Público

“Quienes buscan remedios económicos a los problemas económicos van por el camino equivocado”, decía Luigi Einaudi. Un camino que “sólo puede conducir al precipicio”. “El problema económico”, observaba, “es el aspecto y la consecuencia de un problema espiritual y moral más amplio”. No era un aficionado, un académico bueno para soltar sentencias: era un liberal de 18 quilates, un economista de cultura humanista, de los de antes. Fue presidente de la República Italiana en los turbulentos años de la posguerra, luego senador hasta su muerte. Sabía de lo que hablaba.

A ningún país le queda mejor la frase que a la Argentina: todos parecen convencidos de que tiene un problema económico que necesita una solución económica. Resuelto eso, ya está. ¿Qué mejor taumaturgo, entonces, que un economista? La economía es lo único que se debate. Si existiera una relación causa-efecto entre la relevancia pública de los economistas y los resultados económicos de un país, la economía argentina iría viento en popa. Pero ocurre lo contrario. Capaz que Einaudi tuviera razón.

Tengo edad para recordar los slaloms entre las góndolas en la época de la híper de 1989, el crujir de dólares durante los fastos del uno a uno, la miseria tras el colapso de 2001, la vacua euforia de la “década ganada” y la bronca rencorosa de haberla perdido. Crisis económicas y soluciones económicas. Me disculparán si no me caliento al enésimo comienzo del enésimo milagro del enésimo salvador. ¿A qué edad se deja de creer en Papá Noel?

Estoy contento con los signos de recuperación, estoy de acuerdo con la necesidad de atacar el déficit fiscal y reducir el tamaño del Estado: siempre lo prediqué. Aunque a los golpes de tijeras preferiría reformas orgánicas mejor concebidas; a las venganzas precipitadas, las elecciones estratégicas. Estoy convencido, lo he estado desde el primer día, de que Milei tendrá sus días de gloria, la edad de oro que durante un tiempo también les tocó a sus predecesores. Pero la suya, como las de ellos, corre el riesgo de ser un fuego fatuo, de durar lo que duraron la fiebre del oro en California o el boom del guano en Perú.

Nadie más que Milei busca soluciones económicas a los problemas económicos exacerbando al mismo tiempo el “más amplio problema espiritual y moral”. Les pasa a varios economistas: sobrevaloran el poder ordenador de la economía: se creen previsores, “la ven”, pero el horizonte es la punta de su nariz. La historia es más complicada: el equilibrio macroeconómico es necesario, pero no basta para garantizar la paz y la prosperidad. Gobernar tronando causa inestabilidad, sembrar odio es cosechar violencia, cuadrando las cuentas Milei ordeña la vaca, jugando al tiranuelo patea el balde de leche.

¿Cuál es el “problema espiritual” de la Argentina? ¿La raíz de su decadencia? Ciertamente no es una teoría económica, ni lleva el nombre de ningún economista en particular. ¡Vamos! El odio de Milei hacia Keynes es caricaturesco. Puede no gustar, no es santo de mi devoción, pero señalarlo como inspirador del “colectivismo” argentino es hilarante. Si quiere un “culpable”, que se meta con la doctrina social de la Iglesia: de ahí, no de Inglaterra, viene el justicialismo.

No, el problema “espiritual y moral” argentino es otro y está a la vista de todos, tan obvio que ya nadie le presta atención, tan banal que me da vergüenza repetirlo: es la falta de consenso político. No consenso sobre los contenidos, en los que las diferencias son la sal de la democracia, sino consenso sobre las reglas del juego, sobre su sacralidad. No por “bondad” ni por “formalismo”, sino por “conveniencia”, porque al respetarlas desde el poder se puede exigir su respeto desde la oposición. Y las reglas del juego son las instituciones. Humillar a las instituciones, el único deporte nacional más popular que el fútbol, es cortarle las patas a la silla en la queuno está sentado.

El abuso institucional expresa el “síndrome del cien por cien”, la pretensión crónica de una parte de elevarse al todo, de una fe de imponerse como fe de todos, del gobernante de turno de poseer el monopolio de lo bueno, lo bello, lo verdadero. Es la obsesión unanimista, el dogma redentor, el impulso escatológico. ¡Qué disparate las “fuerzas del cielo”! ¡Y qué peligro! ¿Por qué, si Dios me guía, he de doblegarme ante las mezquinas limitaciones de las instituciones humanas? ¿Por qué, si la verdad me ilumina, debo transar con los que viven en la oscuridad? Resultado: prepotencia institucional y concentración de poder, la nueva casta mileista ya está tomando forma. Pero si la política es la guerra contra el infiel, éste meditará la venganza y la contienda continuará eternamente. En un clima así, impregnado de incertidumbre y resentimiento, ningún superávit fiscal bastará jamás para crear un entorno económico sano.

Visto así, el fenómeno Milei es menos inédito de lo que se cree, es parte del problema más que de la solución. Se cree el nuevo rey de una nueva fe, el caudillo de otro “movimiento nacional” fundado en otra “fe de la patria”, con su decálogo, sus próceres y sus rituales plebiscitarios. Si nos fijáramos en la “cultura” más que en la “estructura”, en las instituciones más que en las ideologías económicas, todos veríamos al rey desnudo: el mileísmo, como el peronismo, encarna una idea iliberal de la democracia. A juzgar por su popularidad, se diría que es la preferida por la mayoría de los argentinos. Pero ése es precisamente el precipicio.

*Loris Zanatta es historiador, profesor de la Universidad de Bolonia.

Si bien es verdad que el dictador ONGANÍA, siguiendo los sagaces consejos de su ministro Francisco MANRIQUE[3], promovió la generalización de las obras sociales y asignó su dirección y gestión a los sindicatos con personería gremial, sostener que la dictadura fundó el régimen es claramente inexacto; lo es en tanto ignora que la prestación de servicios sociales por parte de los sindicatos a sus afiliados existió desde comienzos del siglo XX, y aun antes cuando esta función corría a cargo de asociaciones mutuales de oficio o nacionalidad.

Lo cierto es que desde aquellos lejanos tiempos al presente la gestión sindical de las obras sociales ha transformado las relaciones entre los gobiernos y las organizaciones obreras introduciendo elementos que condicionan, restringen o asfixian a la autonomía sindical.

Pero las transformaciones se extienden también a los modos de ejercer la acción puramente sindical dado que las cupulas sindicales asumen funciones gerenciales (administran ingentes recursos económicos[4], celebran contratos millonarios, gestionan inversiones y crisis) que les obligan a frecuentar la lógica empresarial por mucho que las unidades prestadoras funcionen sin ánimo de lucro.

El Sistema de Obras Sociales Sindicales, como se sabe, reserva en cabeza del Estado nacional importantes poderes de asignación de recursos extraordinarios y de control. Es frecuente que estos poderes estatales estén presentes en toda relación de los gobiernos con la dirección sindical, erosionando la autonomía colectiva y, por ende, la Libertad Sindical.

En relación con la vida interna de los sindicatos el Sistema de Obras Sociales vino a reforzar el verticalismo en virtud de los recursos que maneja el vértice que, por esta vía, puede disciplinar a las unidades descentralizadas locales que cayeran en la tentación de enfrentar a su conducción central, resintiendo la democracia interna.

El hecho de que la dirección de la Obra Social (que cubre a afiliados y no afiliados) este, por imperativo legal, en manos del sindicato con personería gremial es otro agravio al principio democrático ya que muchos aportantes no participan en la elección de las autoridades encargadas de gestionar su seguro de salud. El diseño (originario y vigente) del Sistema implica un quiebre del principio de solidaridad de clase[5].

Por extraño que pudiera parece en los tiempos que corren, la permanencia del Sistema de Obras Sociales en manos de los sindicatos cuenta con el callado apoyo de las grandes patronales.

Esta alianza se mostró sólida y eficaz cuando se trató de hacer frente a los intentos de reformas protagonizados primero por el segundo peronismo (1973/1976) bajo inspiración del ilustrado Domingo LIOTTA, y luego por el gobierno encabezado por Raúl ALFONSÍN e integrado por Aldo NERI, gran especialista en la materia[6].

Fracasaron también algunas ideas del gobierno de Carlos MENEN que sólo logró poner en marcha una libre elección parcial (circunscripta al área de las más de 300 Obras Sociales Sindicales entonces existentes) y el llamado hospital de auto gestión.

En el año en curso (2024) el presidente Javier MILEI impulsa ampliar la libre elección incorporando a las empresas de medicina prepaga (algunas de ellas tienen ya un pie adentro de este mundo que atiende la salud de los trabajadores y sus familias) y a las obras sociales de los estados provinciales (el Instituto Provincial de Salud en el caso de Salta).

En cualquier caso, parece evidente que el Sistema de Obras Sociales Sindicales vigente a lo largo de estas últimas décadas se encuentra hoy ante una grave crisis financiera, prestacional, de transparencia y de diseño, lo que ocasiona grandes perjuicios a los trabajadores y trabajadoras que requieren asistencia.

Estos dos factores (crisis y daños) están anunciando la necesidad de profundas reformas. Reformas que podrían proponerse mejorar los servicios, sanear a los actuales prestadores y ampliar el principio de solidaridad.

Sin embargo, y atendiendo a la ideología que encarna el presidente Milei estas reformas podrían traducirse -por el contrario- en una lisa y llana disolución de las casi centenarias obras sociales sindicales dejando una parte de las prestaciones y de los recursos que se recaudan como cargas sociales en manos de sociedades con ánimo de lucro, forzando a los trabajadores en situación de riesgo o con bajos salarios a refugiarse en el hospital público que, dicho sea de paso, transita sus propias dificultades.

                                                        Salta, 18 de noviembre de 2024.

*Ex ministro de Trabajo de la Nación (1994/1997)

El apego estricto a la Constitución y a la ley es esencial para la existencia de una sociedad organizada bajo la forma republicana de gobierno. De lo contrario sucede lo que nos está pasando a los argentinos, que vivimos en un caos en todos los órdenes.

Esta afirmación me lleva a tratar un asunto muy grave del que son responsables quienes ejercen el poder y quienes dicen representar a los Derechos Humanos. Las organizaciones que integran tienen un claro sesgo ideológico que solo se ocupa por la protección de los derechos humanos de algunos y hace todo lo posible para que estos no alcancen a quienes le aplican el derecho penal del enemigo.

Ese asunto es la cuestión militar.

Cuando asumió la presidencia de la Nación el Dr. Raúl Alfonsín, cumpliendo una promesa de campaña resolvió que se juzgaran a las cúpulas de las Fuerzas Armadas hasta determinada jerarquía, considerando que los subordinados habían actuado en virtud de obediencia debida, causal de impunidad en el Código Penal. En el proyecto enviado al Congreso, los legisladores peronistas -cuyo candidato a presidente había manifestado que respetaría la ley de auto amnistía dictada por Bignone- incorporaron una reforma que prácticamente abolía la obediencia debida: no se aplicaba a los delitos atroces o aberrantes.

Anulada esa ley y dictada la ley 23.049, que disponía el juzgamiento de los altos mandos de las organizaciones subversivas y de los integrantes de las tres primeras juntas militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas bajo el control de las Cámaras Federales del país.

El juzgamiento fue comenzado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que debía informar a la Cámara periódicamente sobre el estado de las actuaciones. En su último informe manifestó que no podía prever un límite temporal para la conclusión del juicio, la Cámara Federal capitalina se avocó al conocimiento del proceso (4/10/1984). Luego de seguir una faz instructoria escrita en la que se acopiaron diversas pruebas, se dispuso la audiencia oral y pública prevista en el Código de Justicia Militar, en la que luego de la declaración de 833 testigos, se escucharon la acusación fiscal y las defensas.

La sentencia, dictada el 9 de diciembre de 1985 y  confirmada por la Corte Suprema, condenó a Jorge Rafael Videla, a Emilio Eduardo Massera, a Orlando Ramón Agosti, a Roberto Eduardo Viola, a Armando Lambruschini y absolvió a Omar Domingo Rubens Graffigna, a Leopoldo Fortunato Galtieri, a Jorge Isaac Anaya y a Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo. A su vez, en su punto dispositivo 30 dispuso, en cumplimiento legal de denunciar, poner en conocimiento del Consejo Supremo de las F.F.A.A. su contenido, a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de Defensa durante la lucha contra la subversión, y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones.

Las causas que se iniciaron en su consecuencia contra miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales sin distinción de jerarquías, provocaron la inquietud y el descontento que llevaron a los levantamientos carapintadas, para acabar con los cuales el presidente Alfonsín dictó las leyes de punto final -que fue un rotundo fracaso- y la Ley de Obediencia Debida (23.521, 9/6/1987) que dispuso que a partir de determinada alta jerarquía, los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales que hubieran actuado en virtud de obediencia debida resultaban impunes.

Esa ley, que tuvo efectos pacificadores, fue declarada constitucional por la Corte Suprema el 22/6/1987 en el fallo “Camps, Ramón Juan Alberto y otros”, y luego inconstitucional en el fallo “Simón” (14/6/2015), que según mi entender y el de muchos vulneró el principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en todos los tratados de igual jerarquía (art. 75, inc. 22, C.N.) en cuanto consideró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad no obstante que la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad” fue ratificada por nuestro país el 1/11/95 por la ley 24.584. Es decir que aplicó retroactivamente una ley de 1995 para hechos acaecidos en la década del 70 con distintos argumentos contenidos en los votos de la mayoría, muy bien refutados por el único disidente, el el juez Fayt.

Esto dio lugar a que se procesara a miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales desde las más altas jerarquías hasta las más bajas en juicios en los que, con honrosas excepciones, no se respetaron los derechos constitucionales, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de los códigos de procedimientos de la Nación y de las distintas provincias en las que fueron y son juzgados.

En el caso Luis Muiña, dictado en los autos “Bignone, Ricardo Benito Antonio y otros” el 3/5/2017, la Corte Suprema aplicó la regla de cómputo prevista en el art. 7° de la ley 24.390 -conocida como 2×1- en favor del nombrado.

Las críticas que recibió el fallo condujeron al Congreso de la Nación a dictar la ley 27.362 (10/5/2017), cuyo art. 1° expresa: “De conformidad con lo previsto en la ley 27.156, el artículo 7 ° de la ley 24.390 -derogada por la ley 25.430- no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”.  A su vez, el art. 3° de la ley determina: “Lo dispuesto por los artículos anteriores es la interpretación auténtica del art. 7° de la ley 24.390 -derogada por la ley 25.430- y será aplicable aún a las causas en trámite”.

Interpretación auténtica posterior a un fallo judicial para revertirlo. Cosa que consiguió. Los representantes del pueblo y de las provincias sostuvieron la política que criticamos.

Esta ley y el fallo posterior fue antecedida y seguida de otras muchas violaciones de los Derechos Humanos, entre las que se destacan dos instituciones violadas sistemáticamente. Me refiero a la excarcelación y a la prisión domiciliaria.

La ley 24.390 establece que la duración de la prisión preventiva no puede superar los dos años que, en ciertos casos, puede extenderse a tres. Los imputados de los llamados crímenes de lesa humanidad que fueron absueltos en juicio promediaban 7 años y medio de prisión preventiva.

En cuanto al otro instituto, principia el art. 10 del Código Penal: “Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria”. Sin embargo, el art. 314 del Código Procesal Penal de la Nación lo corrige: “El juez ordenará” la detención domiciliaria de las personas a las que el Código Penal autoriza esa forma de cumplimiento.

Cito los supuestos más frecuentes del art. 10: a) el interno enfermo que no puede recuperarse en prisión ni en un hospital; b) El interno enfermo que padezca una enfermedad terminal: c) el interno mayor de 70 años. Todo esto fue totalmente violado.

Esto lo escribo porque creo en el derecho penal, cuyas disposiciones son un dogma que no pueden ser violadas. Bien dijo el original fallo “Muiña” que “la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho…”.

*Ex miembro de la Cámara Federal

Estamos en la vida destinados a padecer sufrimientos inmerecidos que por  su arbitrariedad nos resultan incomprensibles. Sabemos que se destinan hoy fortunas inmensas para que las neurociencias, la biotecnología y la  nanotecnología, la inteligencia artificial, se conjuguen y traten de ganarle la pulseada a la muerte, Se haga lo que se haga    nuestro destino es morir, sin fecha ni modo ciertos. Esto nos haría la vida insoportable si no se nos presentaran  al mismo tiempo otras posibilidades: crear arte, hacer ciencia,  acceder a  logros que mejoren nuestra calidad de vida,   amar y  ser amados y sobre todo, tener  la facultad de reconocernos en los otros y de ser al mismo tiempo, reconocidos por ellos. Esto que  puede  producir placer y   satisfacción,  es  lo que nos   impulsa a insistir en la existencia  a pesar de su sino negativo y es lo que neutraliza la acuciante frustración del sinsentido.

Como forma literaria la tragedia, por definición, tiene un desenlace funesto.   En la tragedia griega, antiguos relatos o  mitos eran representados por  personajes que  se debatían en medio del conflicto.  Una pugna entre su voluntad, sus pasiones, el poder  y  el destino con que el oráculo los había marcado, un constante vaivén  entre libertad y necesidad.  En ese afán de escapar a los laberínticos designios,  caían inexorablemente en lo mismo que trataban de evitar con un padecimiento que provenía más de sus errores de juicio que  de una conducta maléfica.  Las tragedias tenían la intención de transmitir un significado inexorable de  fatalidad. De acuerdo con esto, la característica fundamental  de la tragedia es  la falta de alternativa para su conclusión.

Aunque vulgarizada no es conveniente el uso de la palabra para toda situación desgraciada ya que  un suceso eventual que altera el orden regular puede llamarse accidente. Una acción de la que involuntariamente resulta un daño para las personas o las cosas, imprevisible, inesperado. Puede ocasionar  la muerte, la incapacidad o la salida de servicio de personas u objetos. Por eso hay compañías que se dedican  a  otorgar un beneficio para indemnizar a sus asegurados en caso de eso que se llama accidente.  Con ese fin suscribe una póliza,  un contrato,   donde figuran  las condiciones especificadas para el resarcimiento. Una póliza que no cubre lo que no está previsto en sus cláusulas y objeta lo que pudo haber evitado el riesgo.   

En hebreo Shoa significa catástrofe.   Por eso  que hay que ser extremadamente  cuidadosos en la  utilización de esta palabra ya que los crímenes  perpetrados por el  nazismo nos dejan  sin lenguaje.  Por lo tanto  Shoá,  sin su traducción, debería ser  la palabra  que sostenga  toda la carga simbólica de ese horror de la industria de la muerte y de la crueldad.  

El término catástrofe suele  asociarse con el de desastre pues la primera desencadena lo que sigue. Un  suceso cuyas consecuencias  pueden producir cambios permanentes en la sociedad o en el territorio  Siempre se trata de un hecho negativo que afecta  la vida y que, en ocasiones, produce cambios permanentes en la sociedad o en el medio ambiente. Un suceso que conlleva  gran destrucción. Puede ser natural, un cataclismo como  un tsunami, una sequía o una inundación. Aún así, hoy con los adelantos de la técnica, si se trata de causas naturales, su aparición puede ser pronosticada de antemano para limitar  el   alcance del desastre y así, al actuar a tiempo, ahorrar daños y salvar vidas humanas.  

Pero cuando se trata de efectos del obrar humano, el término catástrofe solo puede ser aplicado a algún episodio de gran envergadura, como guerras, manipulaciones nucleares, incendios. Ese es el caso de la corrupción, es el efecto asesino de llevarse en los bolsillos cada vez más ganancia a costa de desmantelar todo espacio que sirva para el mejoramiento de las condiciones de vida de una población. Es peor que negligencia, es peor que impericia, es peor que imprudencia.

Entonces es ahí donde sobreviene la  tragedia. La imposibilidad   de escapar a un destino, cuando se crece desnutrido, sin educación, sin seguridad,  El efecto de un estado ausente, vaciado, saqueado en beneficio de un pequeño grupo.  Generaciones condenadas a ser rehenes de quienes los utilizan para perpetuarse en situaciones de poder  que les permite alzarse con el botín de todos. por falta de educación, la población librada a su suerte enfrentándose con una delincuencia que es el resultado inexorable de ese descuido. Gente viviendo en condiciones sanitarias de una precariedad incomprensible a poca distancia de centros urbanos más beneficiados. 

Cómo  reconocernos en las víctimas, aunque por ahora no nos haya tocado serlo y para que ellas sepan que en esto estamos todos comprometidos aunque no lo sepamos. Porque la vida es trágica a pesar nuestro, pero tenemos la capacidad de juicio, de experiencia y  de demanda. No pueden seguir  estafándonos, usando nuestro tiempo útil, nuestra necesidad y nuestro aporte para el proyecto espurio de unos pocos. Es hora de ordenar y de frenar, porque la tragedia es desorden, pero adelantarse a los hechos para prevenir desgracias es obra de la imaginación, no de la fantasía ni del desenfreno. Tenemos que empezar a hacerlo para demorar nuestro destino trágico. Se trata de considerar de una vez por todas que es la CORRUPCIÓN la que genera  nuestro destino trágico.

*Ernestina Gamas es escritora, directora de este sitio.