Fuente: La Jornada, México (Other News)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (México) ha mencionado que de 2000 a 2013 han muerto 85 periodistas. El domingo pasado una buena cantidad de periodistas se reunieron en la ciudad de México y en Veracruz para protestar por la impunidad que existe en los asesinatos de sus compañeros. Se interpreta que estas muertes se deben al crimen organizado y no necesariamente a funcionarios públicos interesados en limitar la libertad de prensa en el país. Empero dichos funcionarios públicos poco han hecho para despejar las dudas existentes en torno de esos decesos.
Debe decirse que la libertad de prensa en México, por lo que se refiere a las políticas gubernamentales, ha venido aumentando desde que el gobierno de Salinas desapareció la Productora e Importadora de Papel, SA (PIPSA), fundada por Lázaro Cárdenas para garantizar la importación, precio y distribución de papel sobre todo para los periódicos. Esto fomentó el desarrollo de los medios impresos, pero con el tiempo fue usado por los gobiernos posteriores para censurarlos: te portas mal, no te doy papel. Y como era un monopolio estatal, no había forma de importarlo libremente o de producirlo en el país por la vía de empresas privadas.
Una vez que el papel podía ser adquirido en el mercado internacional y en el nacional, la libertad de prensa comenzó su ascenso, sólo limitada por la publicidad tanto pública como privada (con López Portillo se inició abiertamente la amenaza de retirar la publicidad estatal si había críticas a su gobierno: «No pago para que me peguen», fue una de sus frases famosas). Incluso con Salinas, vía la Secretaría de Gobernación, se disminuía el porcentaje de publicidad gubernamental si algunos periódicos criticaban más de lo que las autoridades podían aceptar. La Jornada fue castigada por un tiempo al recibir un porcentaje menor de publicidad que otros medios. Algo muy semejante ha ocurrido con la publicidad privada que, obviamente, prefiere diarios y revistas afines a los intereses empresariales del país. Estos mecanismos también han servido para que periodicuchos golpeadores sobrevivan vendiendo halagos y amenazando con críticas, pero por fortuna los lectores los tienen bien detectados.
Hay, pues, libertad de prensa en México, la suficiente como para poder criticar fuertemente al gobierno e incluso al Ejército, que hace 35 o 40 años no se podían tocar: en aquellos años en lugar de decir que el presidente era un tonto (y sus acepciones) se decía lo mismo de sus asesores o de algunos de sus colaboradores; en lugar de criticar al Ejército se decía «algunos militares». Esto ha cambiado, y mucho. Sin embargo, hay grupos (al parecer organizados e ilegales) que asesinan y/o desaparecen periodistas, y los casos, por displicencia o complicidad de las autoridades, no son resueltos en su mayoría. Esto es grave y no debería ocurrir, pero ahí están los datos. Sólo en el gobierno de Calderón y su estúpida guerra contra el crimen organizado fueron asesinados 46 periodistas (sobre todo de 2008 a 2012), desaparecieron ocho más y han sido acosados de diversas maneras otros 172 con amenazas de muerte, agresiones físicas, etcétera. (PEN International, marzo de 2013). La Fiscalía especial para la atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión (FEADLE), según la misma fuente, no ha hecho nada efectivo para que los asesinos y acosadores sean llevados ante la justicia.
Podría decirse, con la información a mi alcance, que los últimos gobiernos no han asesinado a periodistas, pero sí han «pecado» por omisión al no resolver los casos denunciados y registrados. Otra cosa han sido las acciones gubernamentales contra activistas, pero sería tema de otro artículo.
El número de corresponsales extranjeros ha aumentado también: de 26 en 1975 (Sergio Aguayo) a más de 100 en la actualidad (me refiero a agencias de noticias, periódicos y revistas, radio y televisión). Pocas veces, si alguna en los últimos años, ha sido expulsado un corresponsal extranjero, lo que sí ha ocurrido en otros países que largo sería mencionar.
Hay, por otro lado, algunos países donde los corresponsales extranjeros no pueden trabajar. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Eritrea encabeza la lista de estos países, le siguen Corea del Norte, Siria e Irán. Sin embargo, aunque la prensa de derecha señala también a Cuba, este país ha flexibilizado sus políticas migratorias para periodistas extranjeros de tal forma que el año pasado estaban acreditados 159 corresponsales de 83 medios de 27 países, entre los cuales están los de las agencias más conocidas, la CNN y la BBC, por ejemplo, sin restricciones de ninguna especie. Otra cosa son las garantías con las que cuentan los periodistas cubanos en la isla, pues la misma Constitución vigente de ese país (artículo 53) sólo reconoce la libertad de palabra y de prensa «conforme a los fines de la sociedad socialista», por lo que resulta un tanto restrictivo.
¿Qué ocurriría en México si nuestra Constitución dijera que sólo se reconoce la libertad de prensa conforme a los fines de la sociedad capitalista? No pocos periódicos y periodistas (incluyéndome) estarían censurados por ser anticapitalistas. Aun así, el gobierno cubano se ha flexibilizado recientemente, tanto que ha dejado en libertad, incluso para salir del país sin restricciones formales para regresar, a Yoani Sánchez, una disidente profesional que ha tenido buena acogida en otros países precisamente por ser contraria al régimen cubano (Estados Unidos y España, por ejemplo, la han aplaudido). El venezolano Maduro estuvo a punto de caer en la tentación autoritaria de expulsar corresponsales extranjeros (lo hizo con los de CNN), pero rectificó pues se supone que en su país está garantizada, entre otras, la libertad de prensa, aunque últimamente se ha usado la distribución del papel para acotarla, como antes en México con PIPSA.
Como articulista en medios impresos desde hace 47 años, defiendo y defenderé la libertad irrestricta de prensa, así como el derecho de todos los periodistas a ejercer su profesión sin amenazas de muerte, de secuestro, de ser desaparecidos o de ser presionados por poderes legales o ilegales. Ningún país que se precie de democrático puede acotar esta libertad que no sea para proteger (y así establecido expresamente en sus leyes) la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, según se lee en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado y/o ratificado por casi todos los países del mundo (entre ellos México, Cuba y Venezuela).
27.02.14
*Doctor en ciencia política y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.