Fuente: Other News

El problema de la transparencia, como el de la lucha contra la corrupción, es la opacidad de su selectividad. Quienes quizás vivan más directamente este problema son los periodistas de todo el mundo que todavía insisten en hacer periodismo de investigación. Todos temblaron el pasado 11 de abril, cualquiera que haya sido la línea editorial de sus periódicos, ante la detención de Julian Assange, sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres para ser entregado a las autoridades estadounidenses que contra él habían emitido una solicitud de extradición.

Las acusaciones que hasta ahora se han vertido contra Assange se refieren a acciones que solo pretendían garantizar el anonimato de la denunciante de irregularidades Chelsea Manning, es decir, garantizar el anonimato de la fuente de información, una garantía sin la cual el periodismo de investigación no es posible. Si los periodistas son quienes viven más directamente la selectividad de la transparencia, quienes más sufren las consecuencias de ello son la calidad de la democracia y la credibilidad del deber de rendición de cuentas a la que los gobiernos democráticos están obligados.

¿Por qué la lucha por la transparencia se dirige a determinados objetivos políticos y no a otros? ¿Por qué las revelaciones en algunos casos son celebradas y tienen consecuencias mientras que, en otros, se impiden y, si llegan a ver la luz, se ignoran? De ahí la necesidad de conocer mejor los criterios que presiden la selectividad. Por supuesto, el otro lado de la selectividad de la transparencia es la selectividad de la lucha contra la transparencia.

Tal vez no sabríamos de las perturbaciones reveladas por WikiLeaks en 2010 (videos militares sobre el asesinato en Irak de civiles desarmados, dos de los cuales trabajaban para Reuters), si no hubiesen sido divulgadas ampliamente por los medios de comunicación de referencia de todo el mundo. ¿Por qué toda la saña persecutoria se desató contra el fundador de WikiLeaks y no sobre esos medios, algunos de los cuales ganaron mucho dinero que nunca retornó adecuadamente para Assange? ¿Por qué entonces los editoriales del New York Times vitoreaban a Assange como el campeón de la libertad de expresión y celebraron las revelaciones como el triunfo de la democracia, mientras que el editorial de la semana pasada considera su prisión como el triunfo de la rule of law? ¿Por qué el Gobierno de Ecuador protegió “los derechos humanos de Assange durante seis años y 10 meses”, en palabras del presidente Lenín Moreno, y lo entregó repentina e informalmente, violando el derecho internacional de asilo? ¿Será porque, según el New York Times, el nuevo préstamo del FMI a Ecuador por valor de unos 4.000 millones de dólares habría sido aprobado por EEUU a condición de que Ecuador entregara a Julian Assange? ¿Será porque WikiLeaks reveló recientemente que Moreno podría ser acusado de corrupción por dos supuestas cuentas offshore, de titularidad de su hermano, una en Belice y otra en Panamá, donde supuestamente se depositaron comisiones ilegales?

En cuanto a la selectividad de la lucha por la transparencia, hay que distinguir entre los que luchan desde fuera del sistema político y los que luchan desde dentro. En cuanto a los primeros, su lucha tiene, en general, un efecto democratizador porque denuncia el modo despótico, ilegal e impune en que el poder formalmente democrático y legal se ejerce en la práctica para neutralizar resistencias a su ejercicio. En el caso de WikiLeaks habrá que reconocer que ha publicado informaciones que afectan a gobiernos y actores políticos de diferentes colores políticos, y este es quizás su mayor pecado en un mundo de rivalidades geopolíticas. La suerte de WikiLeaks cambió cuando en 2016 reveló las prácticas ilegales que manipularon las elecciones primarias en el Partido Demócrata de EEUU para que Hilary Clinton, y no Bernie Sanders, fuera la candidata presidencial; y más aún después de haber mostrado que Hilary Clinton fue la principal responsable de la invasión de Libia, una atrocidad por la que el pueblo libio sigue sangrando. Se puede objetar que WikiLeaks se ha restringido, en general, a los gobiernos más o menos democráticos de dicho mundo eurocéntrico o nortecéntrico. Es posible, pero también es verdad que las revelaciones que se han hecho más allá de ese mundo cosechan muy poca atención de los medios dominantes.

La selectividad de la lucha por parte de los que dominan el sistema político es la que más daño puede causar a la democracia, pues quien protagoniza la lucha, si tuviese éxito, puede aumentar su poder por vías no democráticas. El sistema jurídico-judiciario es hoy el instrumento privilegiado de esa lucha. Asistimos en los últimos días a intentos desesperados por justificar la anulación del asilo de Assange y su consecuente prisión a la luz del derecho internacional y del derecho interno de los varios países involucrados. Empero, nadie ignora el hecho de que se trató de un barniz legal para cubrir una conveniencia política ilegal, si acaso no directamente una exigencia por parte de Estados Unidos.

Pero sin duda el estudio de caso del abuso del derecho para encubrir intereses políticos internos e imperiales es la prisión del expresidente Lula da Silva. El ejecutor de tal abuso es el juez Sergio Moro, acusador, juez en causa propia, ministro de justicia del Gobierno que conquistó el poder gracias a la prisión del líder del PT. Lula fue procesado mediante sórdidos dislates procesales y la violación de la jerarquía judicial, se lo condenó por un crimen que nunca fue probado, y es mantenido en prisión a pesar de que el proceso no ha sido transitado en juzgado. De aquí a cincuenta años, se todavía hubiera democracia, este caso será estudiado como ejemplo del modo en que la democracia puede ser destruida por el ejercicio abusivo del sistema judicial. Es también el caso que mejor ilustra de la falta de transparencia en la selectividad de la lucha por la transparencia.

No es preciso insistir en que la práctica de promiscuidad entre el poder económico y el poder político viene de lejos en Brasil y que cubre todo el espectro político. Ni tampoco que el expresidente Michel Temer pudo terminar el mandato para el cual no fue electo a pesar de los desórdenes financieros en los que habría estado involucrado. Lo importante es saber que la prisión de Lula da Silva fue fundamental para elegir un Gobierno que entregase los recursos naturales a las empresas multinacionales, privatizase el sistema de pensiones, redujese al máximo las políticas sociales y acabase con la tradicional autonomía de la política internacional de Brasil, rindiéndose a un alineamiento incondicional con Estados Unidos en tiempos de rivalidad geopolítica con China.

Objetivamente, quien más se beneficia con estas medidas son los Estados Unidos. No sorprende por ello que intereses norteamericanos hayan estado tan implicados en las últimas elecciones generales. Es sabido también que las informaciones que sirvieron de base para la investigación de la Operación Lava Jato resultaran de una íntima colaboración con el Departamento de Justicia estadounidense. Pero quizás sea sorprendente la rapidez con la que, en este caso, el hechizo puede volverse en contra del hechicero. WikiLeaks acaba de revelar que Sergio Moro fue uno de los magistrados entrenados en Estados Unidos para la llamada “lucha contra el terrorismo”. Se trató de un entrenamiento orientado al uso robusto y manipulativo de las instituciones jurídicas y judiciarias existentes, así como para el recurso a innovaciones procesales, como la delación premiada, con el objetivo de obtener condenas rápidas y drásticas. Fue esa formación que enseñó a los juristas a tratar algunos ciudadanos como enemigos y no como adversarios, esto es, como seres privados de los derechos y de las garantías constitucionales y procesales y de los derechos humanos supuestamente universales.

El concepto de enemigo interno, originalmente desarrollado por la jurisprudencia nazi, buscó precisamente crear una licencia para condenar con una lógica de estado de excepción, a pesar de ser ejercida en una supuesta normalidad democrática y constitucional. Moro fue así escogido para ser el malabarista

jurídico-político al servicio de causas que no pueden ser avaladas democráticamente. Lo que une a Assange, Lula y Moro es ser peones del mismo sistema de poder imperial: Assange y Lula como víctimas, Moro en tanto verdugo útil y por eso descartable cuando haya cumplido su misión o cuando, por cualquier motivo, se transforme en un obstáculo para que la misión sea cumplida.

                                                                  Abr 18 2019

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

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*Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial.

En los años ‘90, a medida que se extendía rápidamente el uso de computadoras personales, se vivía con temor de abrir un archivo enviado por e-mail. Un virus podría destruir todo lo que teníamos guardado. La creatividad popular inventó la historia del virus gallego, que llegaba con el siguiente texto: Hola! Soy el primer virus gallego. Como los gallegos no tenemos experiencia en programación, este virus trabaja basado en un sistema basado en la palabra de honor. Por favor, borre todos los archivos de su disco duro manualmente y envíe este mensaje a todos los miembros de su lista de correo. Gracias por su cooperación. Manolo”.

Pues bien, Galicia actualmente es vanguardia en informática pero aquel Manolo permite entender hoy la lógica económica de Macri en función de la estrategia internacional de Donald Trump.

Estados Unidos y el mundo antes de Trump

Más allá de sus formas que puedan hacer creer lo contrario, la política externa de Trump cuenta con numerosos apoyos intelectuales y políticos. Su revisionismo de las prácticas de inserción internacionales adoptadas por Estados Unidos desde fines de la Segunda Guerra Mundial refleja creencias arraigadas desde su formación. De hecho, resulta aceptado que la filosofía de las relaciones externas de la recién fundada nación fue establecida por George Washington en su discurso de despedida como su primer presidente cuando advirtió que “la influencia extranjera es uno de los enemigos más perniciosos del gobierno republicano”. Thomas Jefferson luego expresaría: “El comercio con todas las naciones y la alianza con ninguna, debe ser nuestro lema.”

Estas palabras, así, delinearon una evolución que configuraría lo que en Estados Unidos entienden constituyó su aislamiento del mundo hasta la Primera Guerra Mundial. No obstante, el rechazo del Senado a que sea parte de la flamante Liga de las Naciones, ideada por su propio presidente Woodrow Wilson, luego del conflicto bélico es entendido como el retorno del su aislamiento – hasta la Segunda Guerra Mundial en 1941. A su fin, Estados Unidos abandona efectivamente esta visión y, por el contrario, reordena todo el mundo occidental en el marco de la disputa global de la Guerra Fría.

Las razones aducidas para este cambio resultaban a los oídos estadounidenses coherentes con la visión que tenían de sí mismos, que los hacía una nación excepcionalmente superior a las demás: la defensa de la libertad y de la democracia. Este entendimiento también retornaba a los Padres Fundadores que habían justificado su Declaración de Independencia de Gran Bretaña en esos términos. Defender esos valores, afirman, los hacía un pueblo moralmente superior a los otros que se movían persiguiendo intereses estrechos y mezquinos. Diría el propio Wilson: “Algunas personas me llaman idealista. Bueno, así es como sé que soy estadounidense. Estados Unidos es la única nación idealista del mundo”.

A lo largo de la Guerra Fría, Estados Unidos –el otrora país ‘aislado’—se envolvió en conflictos en todos los continentes con la Unión Soviética. Tras la caída de ésta, que se veía amenazaba la ‘libertad en el mundo’, Estados Unidos quedó como única superpotencia mundial. No obstante, no retornó a su tradicionalismo de aislarse de los asuntos mundiales, si no, por el contrario, continuó adoptando políticas de expansión global. Tras el ataque a las Torres Gemelas en 2001, lo hizo más misionariamente para asegurar “la libertad y la democracia en el mundo”, reafirmando el aspecto moral de su pueblo y de su política externa. George W. Bush afirmaría: “la supervivencia de la libertad en nuestra tierra depende cada vez más del éxito de la libertad en otras tierras”. Barack Obama justificaría esta visión en su discurso al agradecer el Premio Nobel de la Paz en diciembre de 2009: “los Estados Unidos de América han ayudado a garantizar la seguridad mundial durante más de seis décadas con la sangre de nuestros ciudadanos y la fuerza de nuestras armas… No hemos soportado esta carga porque buscamos imponer nuestra voluntad. Lo hemos hecho por nuestro propio interés ilustrado, porque buscamos un futuro mejor para nuestros hijos y nietos, y creemos que sus vidas serán mejores si los hijos y nietos de otros pueden vivir en libertad y prosperidad. Así que sí, los instrumentos de guerra tienen un papel que desempeñar en la preservación de la paz”.

La política externa de Trump

Jefferson había afirmado que Estados Unidos era “el único depositario del fuego sagrado de la libertad y el autogobierno, a partir de ahí se iluminará en otras regiones de la tierra”. Estas palabras eran coherentes con el entendimiento que se tenía que Estados Unidos debería ser un ejemplo para que el mundo siga, pero preservando su aislamiento. La lógica de Trump es que debe volver a ser así. Por eso en su discurso de pose en 2017 afirmó: “no buscamos imponer nuestro modo de vida a nadie, sino dejar que brille como un ejemplo para que todos lo sigan.”

En su libro analizando la Doctrina “América primero” de Trump, Danny Toma, que fue funcionario del servicio exterior de su país por 21 años, explica cómo se perdió ese camino original: “en lugar de un faro brillante en una colina que inspiraba a las naciones, corríamos el peligro de convertirnos en una versión occidental de la Unión Soviética, exportando nuestra nueva revolución secularista a las masas no iluminadas por la fuerza…El hecho de que tengamos más poder y más recursos (y, diría, corazones más grandes) que otros países no significa que podamos resolver todos los problemas en todas partes a veces, con todas las buenas intenciones del mundo, nos equivocamos al involucrarnos donde no necesitamos estar”. El analista Robert Jervis afirma el apoyo electoral de Trump porque “la vieja razón para el profundo compromiso de Estados Unidos con el mundo, que surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial y persistió durante la Guerra Fría, ha sido rechazada por muchos estadounidenses, quienes se preguntan por qué el Tío Sam necesita jugar de forma tan grande y, con demasiada frecuencia”.

Esto se relaciona con la tremenda desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza en EE.UU. Thomas Piketty, afirma que el ingreso del 50% más pobre en Estados Unidos desde 1980 se estancó, mientras que el crecimiento del 1% más rico creció a punto de pasar a ser 81 veces más en 2014 que el de los primeros, cuando en 1980 era de 27. En ese período, el 40% del “medio” tuvo un aumento de ingreso de 42%, y el 10% más rico, 121%. Pero si se considera el 1% más rico únicamente, el aumento fue de 205%, y concentrándose cada vez en lo más alto de la pirámide, se llega a que el 0,001% más rico tuvo un aumento en sus ingresos de 636%. Según datos de la CIA, en base al Índice de Gini, entre 157 países, Estados Unidos, en base a datos de 2007, era el 39° del mundo. Trump asocia el sufrimiento económico de la población con el costo de la política externa “internacionalista”. Por eso, se define como “nacionalista económico” y afirma: "Los globalistas destruyeron a la clase obrera estadounidense y crearon una clase media en Asia”.

El problema que encuentra Trump es que también pretende “América Primero”. Es decir, dice que Estados Unidos debe comportarse como toda nación, en base a su interés nacional, pero al mismo tiempo debe ser la primera. Esto significa que las determinaciones internacionales que existan y que las políticas nacionales de cualquier otra nación no pueden ser contrarios a su interés nacional –ya que, caso contrario, la pueden ofuscar. Como un mecanismo esencial para que una nación acepte las determinaciones de otra es la presión militar, es que ese gasto no procura disminuir. Las guerras comerciales y sanciones económicas pasan a ser las formas para obtener este resultado.

Es que el segunda problema es conciliar que, efectivamente, las intervenciones externas de Estados Unidos se han debido a sus grandes corazones y no a su interés nacional. Y que, de hecho, además, se mantuvo “aislado” hasta las guerras mundiales. La historia de EE.UU. no avala ninguna de estas visiones. Desde la expansión al Pacífico y al Sur (al Norte a Canadá intentaron sin éxito, aunque sí le comprarían a Rusia Alaska), Estados Unidos no ha dejado de expandirse y entrar en conflictos bélicos. Un país que reiteradamente manifiesta desear la paz en el mundo, desde 1775 hasta hoy ha estado involucrado en, al menos, un conflicto armado en más del 90% de los años de toda su historia. Esta incesante combinación de expansionismo y conflicto armado hace que actualmente tenga presencia militar –como describe bajo el título “Estados Unidos está militarizando el globo” en noviembre pasado The Nation. Algunos cálculos afirman su presencia en más de 130 países, y con más de 100 mil tropas. Esto significa que, en la práctica, una política de aislamiento tendría costos muy profundos para Estados Unidos. Concretamente, que los demás países pasen a definir nuevas relaciones entre ellos, y, en especial, con sus competidores, China y Rusia.

Es que la estrategia de Trump, en el fondo, significa que Estados Unidos modifique su inserción internacional, pero con el deseo que los demás no actúen de forma alguna en manera contraria a este “interés nacional”…soportando el costo que esto les signifique. Mientras las inversiones chinas y su megaproyecto de la “Nueva Ruta dela Seda” se constituyen en imanes  cada vez más fuertes en Asía Central y Medio Oriente. Y, parece, también en Europa. Italia acaba de sumarse y, dos días después de criticarla, también Alemania manifestó su deseo. El New York Times sostiene que expresa el creciente peso chino a medida que se reduce el de su país.

Llega el virus gallego.

El peso de la economía argentina en el mundo es muy pequeño. Sin embargo, como expuso la Doctrina Monroe en 1823, para no decir antes, pertenece al continente que Estados Unidos considera su zona de influencia casi exclusiva, aunque en la práctica representa más una realidad iniciada en el siglo pasado. En la última década, las crecientes relaciones económicas chinas con Argentina y otros países en la región constituyen un inédito desafío para Estados Unidos. Como también lo es, y más firme, el reciente envío de ayuda de Rusia a Venezuela a pesar de que Trump ultimara a Putin no hacerlo. Por eso, pasa a ser más que conveniente que cada país por decisión propia adopte y mantenga –a todo costo– políticas que mantengan la región como esfera estadounidense. Como le señalara a los rusos, con palabras que recuerdan la Doctrina Monroe, el funcionario de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton: “Les hacemos una advertencia enérgica a los actores externos al Hemisferio Occidental.”

El FMI ha comprometido casi US$ 57 mil millones en la Argentina. Una cifra astronómica para mantener una política que difícilmente posibilitará retornarlos. Pero para la capacidad económica de Estados Unidos es de poca monta. Y además ha afirmado que mantendrán la región en la esfera estadounidense. Para eso, se encontraron en el flamante Prosur en el que, como explicó Juan Gabriel Tokatlian en Página/12, cada miembro imagina lograr “la quimiera de una presunta ‘relación especial’ individual respecto a Estados Unidos”. Mientras afirman que será un “espacio libre de ideologías”, tanto The Economist cuanto el Financial Times auguran su fracaso porque es tan ideológico como el Unasur que critican, pero de derecha.

Trump afirmó que apoyaba a su amigo Macri por el “muy buen trabajo por la Argentina”. Dijo: “Apoyo su visión para transformar la economía de su país”. Es que este alineamiento acrítico a Estados Unidos exige autoaniquilarse como pide el virus gallego.

* Profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil.

@argentreotros. Colaboró Betina Sauter.

 Un gobierno que empieza el 1.º de mayo de 1958 después de un triunfo rotundo en las elecciones del 23 de febrero de ese año, por una diferencia de casi dos a uno, de la UCRI que llevaba como candidato a Frondizi, ante la Unión Cívica Radical del Pueblo, que llevaba como candidato a Ricardo Balbín. Algo así como cuatro millones de votos contra dos millones.

 El antecedente inmediato había sido la elección a convencionales constituyentes de julio de 1957, donde el electorado se repartió en tercios, entre la UCRI profrentista, la Unión Cívica Radical del Pueblo, antiperonista, y el voto en blanco ordenado por Perón. Las tres variantes obtuvieron aproximadamente dos millones de votos cada una. Este resultado, de alguna manera, anunciaba lo que luego fue la convergencia electoral del voto en blanco con el voto de la UCRI: el Frente Nacional.

 Pero central en sus implicaciones posteriores, que fue el encuentro, en pleno verano, el 6 de enero de 1956, entre Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, mi padre, en la casa de un amigo común, Narciso Machinadiarena. Encuentro en el cual surgió precisamente esta alianza de ideas, esta "conversión" del izquierdismo progresista inicial de Frondizi (expresado en su libro Política y Petróleo), hacia los ejes fundamentales de una política de desarrollo.

 No me va a ser fácil reducir en una nota periodística, una experiencia histórica tan rica, tan diversa, tan llena de matices, de logros y de dificultades, como fue el gobierno desarrollista. De aquella gestión de 1958 a 1962, de esos escasos cuatro años, se recuerdan, en primer lugar, sus logros materiales. Fue un gobierno de resonantes éxitos: el autoabastecimiento petrolero, la siderurgia, la petroquímica, la red caminera, la industria automotriz, la ampliación de la oferta educativa con la incorporación de los privados a la enseñanza universitaria, el impulso a la tecnificación agropecuaria y tantos otros pasos adelante en el camino de construir una Argentina moderna y socialmente justa e integrada. Aquellas medidas de política económica deben ser leídas, interpretadas y estudiadas en el marco del contexto histórico de ese momento y muchas de ellas no podrían ser trasladadas de una manera mecánica al presente. Lo que si conserva absoluta vigencia a mi juicio son los fundamentos teóricos y conceptuales del Desarrollismo, cuya implementación como estrategia de gobierno sigue siendo el único camino para transformar a una nación subdesarrollada y postergada como es la Argentina de hoy, en una nación próspera, floreciente y con niveles de bienestar social como los de  los primeros países del mundo. Recordemos que en los años 60, la Argentina de veinte millones de habitantes, tenía un producto superior al brasileño, y hoy somos la tercera parte; y nuestro país ha retrocedido en términos relativos respecto del mundo, respecto de la región latinoamericana y respecto, incluso, de nuestros países vecinos.

 Estos ejes conceptuales que, insisto, conservan vigencia absoluta, son, en primer lugar, la necesidad de consolidar el estado nacional, y de actuar en el sentido de afirmar la condición nacional de la Argentina. Algunos politólogos consideran que este pensamiento es un resabio anacrónico y reaccionario, porque las naciones van en proceso de integración hacia el mundo-uno, o mundo sin fronteras. Pero en esta circunstancia histórica, los países subdesarrollados van a alcanzar (en términos de autonomía, de prosperidad, de justicia social y de preservación de sus valores culturales propios) el estadio del desarrollo, solo si afirman su condición de nación que, desde el estado nacional, lleva adelante una estrategia determinada de desarrollo. Porque el desarrollo no es espontáneo, sino la consecuencia de políticas orientadas a lograrlo.

 No es espontáneo el progreso económico, porque el capital no va hacia donde se lo necesita, sino hacia donde existen condiciones de infraestructura y de rentabilidad que lo atraigan. En 1960, Eisenhower visitó la Argentina y quiero evocar una conversación con Frondizi, que me fue relatada por el propio don Arturo. En esa conversación, Frondizi le planteó a Eisenhower la decisión argentina de construir el Chocón-Cerros Colorados. Y Eisenhower reaccionó con sorpresa, porque le llamaba la atención esa prioridad respecto de una vasta región desértica, casi despoblada y con una economía absolutamente primaria, de ganadería ovina. Frondizi le explicó que coincidía con esa descripción, pero que, precisamente, la necesidad de dar energía a la Patagonia estaba inspirada en la decisión de generar en ella desarrollo, de explotar sus recursos naturales y de transformarla en un factor de progreso para la totalidad del país. Eisenhower señaló que los organismos multinacionales no iban a favorecer una decisión de este tipo ni iban a prestar los fondos necesarios. Y la respuesta de Frondizi fue que no ignoraba la capacidad de influencia de los EE.UU en aquellos organismos multilaterales de crédito, en particular el BID y el Banco Mundial, y que reiteraba su pedido de apoyo financiero. Y le advirtió a Eisenhower que, de no contar con ese apoyo, la Argentina iba a requerir tal respaldo financiero en la Unión Soviética…

 Frondizi planteaba la necesidad del desarrollo patagónico por razones políticas nacionales, no de rentabilidad circunstancial inmediata de la inversión proyectada, y estaba dispuesto a respaldar su objetivo en las condiciones propicias de la bipolaridad, esto es, la competencia entre las dos superpotencias militares. Y este argumento lo convenció a Eisenhower, quien finalmente dio instrucciones para que el proyecto de El Chocón (que comienza con Frondizi y se concreta años más tarde) fuera respaldado por los organismos multilaterales de crédito. Este es un ejemplo de las funciones que el estado nacional debe asumir en pos de un desarrollo que, como dije antes, no es espontáneo, sino producto de políticas diseñadas a lograrlo

 Otro elemento del análisis conceptual sobre el Desarrollismo, surge de reflexionar acerca del papel del capital monopólico, del protagonisnmo de las grandes corporaciones multinacionales, factor insoslayable para explicar el enorme y vertiginoso progreso material de la humanidad en los últimos años. Porque es allí, en las corporaciones multinacionales, donde se alberga la capacidad de innovación científica y tecnológica determinante, y donde existen condiciones para alcanzar niveles inigualables de productividad, en razón de su escala, de su aptitud financiera y de su capacidad de alcanzar la totalidad del mercado mundial.

 Este papel, indudablemente revolucionario en cuanto a la generación de riqueza colectiva, no significa que sus intereses sean los intereses de los países. Los intereses de una nación como la Argentina y los intereses de las grandes corporaciones multinacionales no son los mismos, aunque tampoco son necesariamente contradictorios; y es la presencia del estado nacional la que puede imponer condiciones políticas que conduzcan a que la aptitud productiva de estas grandes corporaciones se oriente en función de los objetivos del desarrollo. El tema de los hidrocarburos, la llamada "batalla del petróleo", lo ilustra con claridad. La Argentina, en tres años, triplicó su producción petrolera y logró el autoabastecimiento. Con esto afectó frontalmente intereses de grandes empresas multinacionales cuyo negocio era la importación de hidrocarburos pero no la producción local. Enfrentadas, sin embargo, a la decisión política del gobierno, muchas de ellas debieron escoger entre perder el mercado en manos de sus competidores (en un país dispuesto a aprovechar la competencia intermonopólica en beneficio de su propio interés nacional), o asociarse a una política que implicaba pasar de ser proveedores del producto importado, a ser exploradores y productores del producto local. Por supuesto que para una gran compañía petrolera es mucho más conveniente extraer el petróleo de yacimientos de la fecundidad inigualable de Arabia Saudita o de Irak o de Libia, que hacerlo de aquellos geológicamente más pobres de la Argentina. Pero ante la decisión del estado nacional, que se había fijado el objetivo del autoabastecimiento, se alinearon en esta dirección y se allanaron a esa decisión política.

Otro elemento conceptual que guió lo que Frondizi pudo hacer en medio de la caótica situación de permanente insurrección de sectores militares golpistas en la que debió desenvolverse -además de la afirmación del estado nacional y la redefinición del papel de las multinacionales en función del objetivo del desarrollo- es la alianza de clases y sectores. Desde los comienzos del sistema capitalista en la segunda mitad del siglo XVIII con la revolución industrial, y hasta hoy, hay un elemento que ha permanecido vigente, que es la contradicción entre el interés de la clase obrera y el interés del capital que la emplea. Son intereses contradictorios que, sin embargo, pueden admitir una resolución superadora en el marco de una política de desarrollo; la cual significará para el empresario más ganancia, más mercado, más capacidad de innovación tecnológica, más acceso al crédito y, para el sector del trabajo, más empleo, más salario y más espacio para la organización gremial en defensa de sus derechos. Esta coincidencia objetiva de intereses en el marco de una política de desarrollo conduce a la propuesta de la alianza de clases y sectores, cuya expresión electoral fue el Frente Nacional que lo llevó a Frondizi al gobierno; Frente que no fue producto de una especulación electoralista oportunista, sino la expresión política de una convergencia profunda y genuina de intereses, que es esa alianza de clases y sectores.

El gobierno de Frondizi llega al poder a través de la expresión electoral de un Frente y pierde el poder un 29 de marzo de 1962 (el día del golpe militar cuando Frondizi es derrocado, mi padre estaba exiliado desde semanas antes, por consejo del mismo Frondizi) porque el Frente se fractura y se disuelve, y ello da espacio para que los adversarios internos y externos del desarrollo nacional puedan prevalecer.

 Internamente, serán los sectores reaccionarios y los sectores políticos adversos a las políticas del desarrollo. El factor externo, por su parte, tuvo influencia determinante; en particular los servicios de inteligencia americanos, que de ninguna manera expresaban la actitud política de los sucesivos presidentes que en los EE.UU acompañaron al gobierno de Frondizi (Eisenhower primero y luego Kennedy, que eran amigos de la Argentina y amigos del gobierno de Frondizi). Los servicios de inteligencia, especialmente los servicios navales, operaban bajo la presunción, por supuesto falsa, de que el proceso argentino favorecía al comunismo. Estos  servicios contribuyeron al derrocamiento y tuvieron como "vicarios" locales a los servicios de información navales argentinos, quienes a su vez asumían una curiosa autoridad sobre los servicios del Ejército. Ese conjunto de intereses fue un factor que precipitó un golpe que, en lo esencial estuvo determinado por la ruptura del Frente.

 Luego de la caída del gobierno, el Desarrollismo siguió siendo un factor determinante en la vida política del país, caracterizado por la originalidad y la creatividad de sus propuestas. Una singularidad que con frecuencia lo enfrentó al resto de la clase política argentina. Si hay algo que lo pone de manifiesto es el tema de Malvinas. Yo me considero un "malvinero" en el sentido de mi respeto, mi admiración y mi reconocimiento a la profesionalidad y al coraje con que las Fuerzas Armadas argentinas dieron la batalla de Malvinas. Pero considero que la iniciativa estratégica de intervenir militarmente en las islas fue un gravísimo error cuyas consecuencias el país pagó y sigue pagando todavía. En la mañana fría y nublada del 2 de abril de 1982, mi padre no estaba en Buenos Aires, y yo recibo el llamado de Frondizi que me invitaba a ir a su departamento de la calle Berutti, frente al Hospital Alemán. Y, luego de analizar políticamente la decisión de la Junta militar y sus implicaciones, me indica redactar, en la vieja máquina Olivetti de su escritorio, el primero de los comunicados  los a través de los cuales el Desarrollismo expresó de un modo cada vez más categórico, sus objeciones, su rechazo y su anticipación del fracaso de la iniciativa del gobierno militar, inspirada no en su compromiso nacional sino en el subalterno intento  de intentar evadirse, a través de la acción militar, de la responsabilidad por las funestas consecuencias económicas y sociales de sus seis años de gobierno.

 En aquella reunión en la casa de Frondizi se analizaron los elementos contextuales que auguraban el desastre, tales como la irracionalidad de plantear desde la Argentina un conflicto con la NATO, el carácter indisoluble de la alianza entre Inglaterra y EE.UU, y la necesidad política de Margaret Thatcher de no aparecer concediendo a la presión militar argentina. Todo lo cual conducía necesariamente a un diagnóstico en absoluto favorable a la aventura. Y hoy recuerdo con una sonrisa que, para terminar, como colofón de este análisis estratégico, Frondizi me dijo: -Y por último, si esta decisión la tomaron los militares, es una mala decisión!-…Afirmación  que podría parecer una arbitrariedad sino fuera porque era la expresión de un hondo conocimiento de la realidad reaccionaria y antinacional de las políticas del gobierno militar de ese momento.Creo que transcurridos sesenta años de esta gran experiencia de lo que fue el gobierno desarrollista era necesario que diera mi testimonio del significado trascendente que para la Paria ha tenido estos dos prohombres de la historia argentina reciente: Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio

*Ingeniero agrónomo y político Argentino

The Economist usa el término “socialismo millennial” debido a que 51 por ciento de los estadounidenses de 18 a 29 años tiene una visión positiva del socialismo. Existe una creciente insatisfacción con el sistema capitalista en el mundo occidental. En ese contexto, se verifica el fenómeno del aumento de la atracción popular del socialismo en países del Primer Mundo. El socialismo vuelve a aparecer porque ha formado una crítica incisiva de lo que ha ido mal en las sociedades occidentales

Una dificultad en resolver la grieta es que se la toma como una cuestión nacional. The Economist en la edición del 14 de febrero demuestra que grietas como la argentina o la brasileña son sólo una pequeña expresión de una grieta mucho mayor: la creciente insatisfacción con el sistema capitalista en el mundo occidental. Bajo el título “El crecimiento del socialismo millennial”, la tradicional revista procura entender el fenómeno del aumento de la atracción popular del socialismo en países del Primer Mundo, particularmente en Estados Unidos. 

Hace treinta años, cuando cayó el Muro de Berlín, “el capitalismo había ganado y el socialismo se convirtió en sinónimo de fracaso económico y opresión política”, se afirma en el artículo. Pero hoy “el socialismo está de moda nuevamente” en referencia a nuevos líderes políticos como Alexandria Ocasio-Cortez que califica como “una sensación” y Jeremy Corbyn en Gran Bretaña. 

Para The Economist: “El socialismo vuelve a aparecer porque ha formado una crítica incisiva de lo que ha ido mal en las sociedades occidentales. Mientras que los políticos de la derecha han abandonado con demasiada frecuencia la batalla de las ideas y se han retirado hacia el chovinismo y la nostalgia, la izquierda se ha centrado en la desigualdad, el medio ambiente y la forma de otorgar poder a los ciudadanos en lugar de a las elites”.

Visión positiva

The Economist aplica el término “socialismo millennial” debido a que 51 por ciento de los estadounidenses de 18 a 29 años tienen una visión positiva del socialismo y a casi un tercio de los votantes franceses menores de 24 años en las elecciones presidenciales de 2017 votaron por el candidato duro de izquierda. Observa que, en 2018, entre los demócratas y los independientes con tendencia a los demócratas, las visiones positivas del socialismo y del capitalismo eran 55 y 45 por ciento, respectivamente, cuando en 2010 eran básicamente iguales. Lo que The Economist encuentra en común entre los seguidores actuales del socialismo es considerar que la desigualdad de riqueza en el capitalismo actual está fuera de control y que la economía está manipulada en favor de intereses creados, por medio de lobbying, burocracias y empresas en una economía que ya no sirve a los intereses de la gente común. 

Aunque encuentra que la moderna izquierda es una coalición amplia y fluida, afirma que “algo de esto está fuera de discusión, incluida la condenación del lobbying y la negligencia del medio ambiente. La desigualdad en Occidente se ha disparado en los últimos 40 años”. También acepta que algunos de “los objetivos socialistas milenarios no son particularmente radicales”, como la demanda de “atención universal de salud”. 

No obstante, si bien considera que parte del diagnóstico de los nuevos socialistas está equivocado, sostiene que “el verdadero problema radica en sus prescripciones, que son perversas y políticamente peligrosas. La visión socialista millenial de una economía ‘democratizada’ difunde el poder regulatorio en lugar de concentrarlo”. Fundamentalmente, apunta a la propuesta de sus voces más radicales que proponen que se incorporen trabajadores en las mesas directivas de las empresas e, incluso, que se distribuyan acciones de las empresas a los trabajadores. 

Por eso, The Economist es terminante en su conclusión sobre el “socialismo millennial”: “Al igual que el socialismo de antaño, adolece de una fe en la incorruptibilidad de la acción colectiva y de una sospecha injustificada del empuje individual. Los liberales deberían oponerse”.

Desigualdad

El problema con la conclusión de The Economist es que deja la grieta abierta porque no presenta una alternativa para solucionar lo que acepta “ha ido mal en las sociedades occidentales” desde que cayó la Unión Soviética. Los datos de concentración de riqueza desde la caída del socialismo soviético, tanto a nivel interno de cada país como a nivel global, son espeluznantes. 

El World Inequality Report 2018, elaborado por Thomas Piketty y sus colaboradores, luego de constatar que la desigualdad avanzó en todo el mundo desde principios de los años 1980, afirma que este aumento se verificó “a diferentes velocidades, lo que sugiere que las instituciones y las políticas son importantes para moldear la desigualdad”. Así, efectivamente, el acceso a servicios públicos como salud, educación y jubilación de forma gratuita y universal, ayudan a mitigar los impactos de la desigualdad. Así, afirma que el 1 por ciento más rico y el 50 por ciento más pobre registraron mayores ingresos entre 1980 y 2016, aunque los primeros tuvieron el doble de aumento del que recibieron los segundos. Mientras tanto, el 49 por ciento del medio quedó exprimido, sin ganancias significativas. 

En 2018, el informe de la OCDE sobre la creciente brecha en la distribución del ingreso presenta similar constatación: “la brecha entre ricos y pobres está en su punto más alto en 30 años, el 10 por ciento más rico gana 9,6 veces más que el 10 por ciento más pobre, en otras palabras: pocos ganan mucho y muchos ganan poco (…) La desigualdad ha alcanzado niveles altos y la situación se agrava cada vez más. En la década de 1980, el 10 por ciento más rico de la población de los países de la OCDE ganaba siete veces más que el 10 por ciento más pobre. Ahora gana cerca de 10 veces más”. También expresa claramente que “es importante que los gobiernos no duden en utilizar impuestos y transferencias para moderar las diferencias en ingresos y patrimonio”.

Tecnología

Paul Krugman, en su columna en el New York Times del 28/12/2018, “El caso de una economía mixta”, sostiene que si el socialismo histórico al estilo soviético fracasó, tanto en su modelo político autoritario, como en su ineficiente economía, no hay razones para despreciar la ampliación de la actuación del Estado en generación de ciertos bienes y servicios públicos. Escribió el ganador del premio Nobel: “De hecho, hay algunas áreas, como la educación, donde el sector público claramente se desempeña mejor en la mayoría de los casos, y otras, como la atención de la salud, en donde el argumento en favor de la empresa privada es muy débil. Juntos estos sectores, son bastante grandes. En otras palabras, aunque el comunismo fracasó, todavía hay un argumento bastante válido por una economía mixta, con un componente importante, aunque no mayoritario, de propiedad/control público en esta combinación. Rápidamente, por lo que sabemos sobre el desempeño económico, podría imaginarse manejando una economía bastante eficiente que solo es 2/3 capitalista, 1/3 de propiedad pública, es decir, en cierta manera socialista”.  

La impresión que surge es que lo que buscan las nuevas generaciones más simpáticas al “socialismo” es poder vislumbrar un futuro en un mundo donde el cambio tecnológico rompe rápidamente las relaciones laborales tradicionales y apuntan a la precariedad de los vínculos mercantiles heredadas de la gran industrialización que se extendió por todo el mundo entre el final del siglo XVIII y la segunda mitad del siglo XX. En particular, la nueva generación que llega a edad adulta no confía que los mercados podrán garantizar la cohesión social en un planeta con 10 mil millones de personas para el año 2050, bajo acuciantes problemas ambientales y la incapacidad de absorción de trabajadores que se van quedando excedentes por las nuevas tecnologías derivadas de la combinación de la propagación de la inteligencia artificial con la robótica. 

El mencionado informe de la OCDE afirma que “los jóvenes representan el grupo etario más afectado: 40 por ciento tienen empleos no estandarizados y cerca de la mitad de todos los trabajadores temporales son menores de 30 años de edad”. Empleos en los cuáles las condiciones laborales “suelen ser precarias e inadecuadas, y pueden entrampar a los trabajadores situados en la parte inferior de la escala. De los empleados con contratos temporales en un año determinado, menos de la mitad tenía contratos permanentes de tiempo completo tres años después”. Para peor, también sostiene que, en el largo plazo, la concentración de riqueza también perjudica la economía en general: “Cifras de la OCDE muestran que el aumento de la desigualdad observado entre 1985 y 2005 en 19 países pertenecientes a la Organización rebajó en 4,7 puntos porcentuales el crecimiento acumulado entre 1990 y 2010”. Así, retornando al análisis del The Economist, la cuestión no es simplemente la desigualdad en la distribución de riqueza. El problema es que la gran mayoría de la población mundial -incluido Estados Unidos- no consigue tener niveles mínimos de vida. 

De izquierda a “derecha”

A esto se suma otro problema que está presente en quienes manifiestan rechazo universal “a la izquierda”. Como The Economist expresa, el “socialismo millennial” es un grupo muy amplio y genérico. Como se sabe, en política la expresión “izquierda” surgió durante la ebullición de la Revolución Francesa porque en la Asamblea representativa que fue empujando la caída de la monarquía, los que incitaban por reformas más radicales se encontraban a la “izquierda” y los más conservadores del antiguo régimen, a la “derecha”. 

A partir de ahí se fue adoptando el uso “izquierda” y “derecha” universalmente para distinguir grupos políticos más radicales de los más conservadores y, por ende, también “el centro”. Pero en sí, “izquierda” y “derecha” no son proyectos o programas políticos. Además, su identificación depende del contexto histórico. Por ejemplo, Republicanismo o movimientos nacionales en el siglo XIX se identificaba con de “izquierda”. Actualmente, pocos los verían así. La gama de movimientos de “izquierda” en la historia es muy amplia y variada. 

El socialismo y el comunismo constituyen dos propuestas totalmente radicales de modificación del orden existente porque apuntan a terminar con él, es decir, con el capitalismo. El punto clave es que los medios de producción sean de propiedad colectiva y no más privada. La única “izquierda” socialista y/o comunista es la que propugna esa transformación.

Toda propuesta de sociedad es válida si ésta lo desea implementar. Pero si ese no es el caso, agrupar indistintamente como “izquierda” cualquier reclamo contra lo que The Economist encuentra que “está fuera de discusión”, incluyendo la constatación que “la desigualdad en Occidente se ha disparado en los últimos 40 años”, ¿significa que no hay más opción en el capitalismo que el neoliberal extremo? No es así, las demás “izquierdas” que proponen, por ejemplo, “atención universal de salud”, son disputas políticas dentro del sistema capitalista. La mayor parte de las personas que apuntan a ese tipo de transformaciones, lejos de ser anticapitalistas procuran poder ser parte de él teniendo acceso a niveles aceptables de consumo.  

Estado

Incluso, la actual liviandad irritativa de calificar de “izquierda” todo reclamo contra la creciente expulsión del acceso al consumo y mínimo nivel de calidad de vida por parte de la recalcitrante “derecha”, la está llevando a señalar despectivamente como de “izquierda” instituciones y arreglos sociales que han sido inventados por el capitalismo, precisamente, para sobrevivir a por su dinámica de concentrar riqueza y expulsar trabajadores: Estado regulador, leyes de protección laboral, seguridad social, jubilaciones, limitación de monopolios y oligopolios, control de trusts y cárteles, organizaciones sindicales.

 Nada de esto es invención de la “izquierda”, sino de la “derecha”. En su clásica obra La Gran Transformación, Karl Polanyi apuntaba al “doble movimiento” histórico del capitalismo, desde su inicio, que primero empuja por la “liberación de los mercados” y, después, avanza en sentido contrario, en el cual instaura un movimiento para proteger la sociedad de los efectos más nocivos de la sociedad de mercado. 

Keynes en el último capítulo de la Teoría General también constató esto: “Las fallas sobresalientes de la sociedad económica en la que vivimos son su incapacidad para garantizar el pleno empleo y su distribución arbitraria e inequitativa de la riqueza y los ingresos”. Keynes proponía resolver estas fallas por medio de políticas estatales, como tributación progresiva, protecciones sociales y limitaciones parciales a ciertas actividades (en especial, la renta y las bolsas financiera). Así sostiene: “creo que existe una justificación social y psicológica para las desigualdades significativas de ingresos y riqueza, pero no para las grandes disparidades que existen hoy en día. Existen actividades humanas valiosas que requieren el motivo de la creación de dinero y el entorno de la propiedad privada de la riqueza para su plena realización”.

Más allá de estos límites, Keynes considera que su teoría “es moderadamente conservadora en sus implicaciones. Porque “si bien indica la importancia vital de establecer ciertos controles centrales en asuntos que ahora se dejan principalmente a la iniciativa individual, hay amplios campos de actividad que no se ven afectados … no hay un caso obvio para un sistema de socialismo de Estado que abarque la mayor parte de la vida económica de la comunidad. No es la propiedad de los instrumentos de producción lo que es importante que el Estado asuma”.

Pero como expresara John K. Galbraith, “para mucha gente no hay mucha diferencia entre Keynes y un comunista”. Y para James Meadway, asesor de John McDonnell, el canciller en la sombra de Corbyn, según expone The Economist, “el keynesianismo no es suficiente” en medio de la brecha: el “socialismo millennial”.

^{* Profesores de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil.}

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