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LA SEQUÍA GENERA ETERNOS MIGRANTES VULNERABLES AL EXTREMISMO por  Baher Kamal*

| 6 agosto, 2017

Fuente Other News

La degradación de tierras, las sequías severas y el avance de la desertificación empujan fuera de sus hogares a vastos sectores de población. En Medio Oriente y el norte de África, esa opción obligada implica riesgos adicionales, como que caigan en manos de grupos extremistas.

Y no se trata de una conclusión apresurada. Esa región, donde viven unas 400 millones de personas, es una de las más golpeadas del mundo, precisamente por la sequía y el avance de la desertificación.

La situación es tal que varias investigaciones manejan la temible posibilidad de que en pocas décadas no se pueda vivir en Medio Oriente y el norte de África, incluso en tan poco tiempo como 2040.

La comunidad internacional conmemorará el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, el día 17, bajo el lema “Nuestra tierra. Nuestro hogar. Nuestro futuro”, dedicado precisamente a analizar la relación importante entre la degradación de tierras y las migraciones.

¿De qué se trata la desertificación?suerte, indica el foro mundial. “Entre esas personas están muchas de las más pobres del mundo, las más marginadas y con muy poco poder de decisión”, añade.

El Día Mundial de la LuLucha contra la Desertificación es un momento propicio para recordar que es posible alcanzar “la degradación neutral de la tierra mediante la resolución de problemas, la participación de comunidades fuertes y la cooperación en todos los niveles”, según la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD).

La desertificación es cuando la degradación del suelo genera áreas áridas, semiáridas y secas subhúmedas, principalmente a causa de actividades humanas y de las variaciones climáticas, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“La desertificación no se refiere a la expansión de los desiertos existentes. Ocurre porque los ecosistemas secos, que cubren más de una tercera parte las tierras, son extremadamente vulnerables a la sobreexplotación y a los usos inapropiados”, aclara.

“La pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de irrigación pueden socavar la productividad del suelo”, agrega.

Más de 250 millones de personas se ven afectadas directamente por la desertificación, y alrededor de 1.000 millones más y en más de 100 países están en riesgo de correr la misma

cha contra la Desertificación es un momento propicio para recordar que es posible alcanzar “la degradación neutral de la tierra mediante la resolución de problemas, la participación de comunidades fuertes y la cooperación en todos los niveles”, según la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD).

“La degradación ambiental, la inestabilidad política, la inseguridad alimentaria y la pobreza plantean problemas de desarrollo y migraciones”, precisa.

De hecho, la secretaría de la UNCCD, con sede en Bonn, recuerda oportunamente que en tan solo 15 años, el número de migrantes en todo el mundo pasó de 173 millones, registrados en 2000, a 244 millones, en 2015.

Sequía, la gran incógnita

La sequía, un peligro natural complejo que avanza lentamente con consecuencias ambientales y socioeconómicas extendidas, causa más muertes y desplaza a más personas que cualquier otro desastre natural, observó la secretaría de la convención.

En 2025, 1.800 millones de personas experimentarán una absoluta escasez de agua, y las dos terceras partes del mundo vivirán bajo condiciones de estrés hídrico.

Mientras, los informes de la UNCCD pronostican que la demanda de agua podría aumentar 50 por ciento para 2050.

A medida que crecen las poblaciones, en especial en las áreas secas, cada vez más personas se vuelven dependientes de suministros de agua potable en tierras que se degradan. La escasez hídrica es uno de los grandes desafíos del siglo XXI.

“La sequía y la escasez de agua se consideran los desastres naturales de mayores consecuencias, pues ocasionan pérdidas económicas y ecológicas a corto y largo plazo, así como tienen un significativo impacto secundario y terciario”, añadió.

La disponibilidad de agua dulce es 10 veces menor

La disponibilidad de agua dulce por habitante en Medio Oriente y el norte de África es actualmente 10 veces menor que el promedio mundial, alertó la ONU. Y además, las temperaturas más elevadas podrían reducir las estaciones de crecimiento de los cultivos en 18 días y disminuir la producción agrícola en 27 por ciento, y hasta 55 por ciento para fines de siglo.

Y para peor, los recursos hídricos de esa región están entre los más bajos del mundo y se pronostica una reducción de 50 por ciento para 2050, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Además, 90 por ciento de la tierra en la región es árida, semiárida o seca subhúmeda, mientras que 45 por ciento de las tierras cultivables están expuestas a la salinidad, al agotamiento de los nutrientes del suelo y a la erosión del viento y el agua, precisó la FAO.

La UNCCD señala que para mitigar las consecuencias de esa situación, una preparación para la sequía que responda a las necesidades humanas, a la vez que preserva los ecosistemas y la calidad del ambiente, requiere de la participación de todos los actores, incluso de usuarios y proveedores de agua.

“Las acciones para mitigar los efectos de la sequía deben implementarse teniendo en cuenta los sistemas de monitoreo y alerta temprana de sequía, las evaluaciones de vulnerabilidad y riesgos, los usos del agua río arriba y río abajo, la relación entre el uso de la tierra y el agua, las estrategias de diversificación de los medios para ganarse la vida para las personas afectadas por este problema”, detalló.

“Al atender la degradación del suelo río arriba se mejora el acceso al agua en el lugar y río abajo”, ejemplificó.

La salud del suelo es fundamental para la búsqueda de soluciones sostenibles para la gestión y el suministro de recursos hídricos, recordó la secretaría de la convención.

“Es esencial que los países sean proactivos (más que reactivos), estén coordinados a escala regional (además de las acciones nacionales); tengan un enfoque holístico y multisectorial (más que en silos) y que traten a la sequía como un ‘riesgo constante’ (más que una crisis)”, detalló.

La conmemoración global del Día Mundial de Lucha contra la Sequía de este año se realizará este jueves 15 en Uagadugú, y la organización estará a cargo del Ministro de Ambiente, Economía Verde y Cambio Climático de Burkina Faso.

La Convención de la ONU para la Lucha contra la Desertificación

La UNCCD, creada en 1994, es el único acuerdo internacional vinculante que relaciona el ambiente y el desarrollo para una gestión sostenible de la tierra, y apunta específicamente a las áreas áridas, semiáridas y secas subhúmedas

Sus 195 Estados partes trabajan juntos para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de tierras áridas a fin de mantener y restablecer la productividad del suelo y mitigar los efectos de la sequía.

La UNCCD está particularmente comprometida con un enfoque ascendente, alentando la participación de las personas en la lucha contra la desertificación y la degradación del suelo. La secretaría facilita la cooperación entre los países ricos y en desarrollo, particularmente en lo que se refiere al conocimiento y a la transferencia de tecnología para una gestión sostenible del suelo.

Como las dinámicas de la tierra, el clima y la biodiversidad están íntimamente vinculadas, la UNCCD colabora estrechamente con otras dos convenciones de Río: el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para hacer frente a estos desafíos complejos con un enfoque integrado y el mejor uso posible de los recursos naturales.

* Egipcio  y nacionalizado español, periodista profesional.  Asesor del Director General de IPS para Medio Oriente y el Norte de África y Director del Servicio en Árabe de IPS..

 

 

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EL DESAFÍO DE LA IZQUIERDA, NO CALLAR por Maristella Svampa y Roberto Gargarella*

| 1 agosto, 2017

Fuente Pagina 12

Cuando cayeron los gobiernos de muerte y opresión que se impusieron en Latinoamérica hasta fines del siglo XX, nos quedamos todos –finalmente, sobrevivientes– con al menos dos certezas: una, en torno a los valores irrenunciables de la democracia; otra, la defensa de los derechos humanos. Democracia como respuesta a la tragedia del poder concentrado y la discrecionalidad bruta, la decisión en manos de algunos iluminados que dicen actuar en nuestro nombre. Derechos humanos, como respuesta a la tragedia de que algunos, con la excusa de estar velando por nuestros intereses, persigan al que piensa diferente, o se muestren capaces de herir de muerte a quienes se le opongan.

El compromiso con la democracia que nos enseñó a sangre y muerte la dictadura no requiere de nosotros el resignarnos al sometimiento con elecciones: no hablamos de democracia en el sentido leve, superficial o “formal” de “otro que decide por nosotros, no importa lo que queramos o hayamos votado”. Hablamos de democracia, en fin, en el sentido elemental de elecciones periódicas, con gente en las calles, acuerdos y disensos que se forjan a través de disputas continuas, en donde tenemos la posibilidad de escucharnos mutuamente, para luego dirimir nuestras peleas en las urnas. Por su parte, el compromiso con los derechos humanos es el que pone el piso, la base mínima e innegociable del respeto mutuo, que impide la tortura, la muerte del oponente, la resolución de nuestros conflictos a los tiros.

En la Venezuela de hoy existen tres elementos negativos que, aun estando presentes en la gestión de Hugo Chávez, se han profundizado de manera dramática bajo la gestión de Maduro, y nos advierten sobre los peligros que afrontan la democracia y los derechos humanos. El primero tiene que ver con la concentración del poder en el ejecutivo, en un contexto de quiebre de la hegemonía electoral del chavismo. Más allá del carácter siempre controversial de la oposición antichavista, de lo que digan ciertas derechas unidimensionales u oportunistas, el caso es que objetivamente hablando el proceso de pérdida de la mayoría electoral del chavismo generó una respuesta de no-reconocimiento y de deriva autoritaria cada vez mayor por parte del gobierno de Maduro.

Esta dinámica que arrancó a partir del desconocimiento por parte del ejecutivo de otras ramas del poder (la Asamblea Legislativa) donde la oposición hoy cuenta con la mayoría, luego del triunfo en las elecciones de diciembre de 2015, se fue agravando y potenciando exponencialmente con el posterior bloqueo y postergación del referéndum revocatorio –una herramienta democratizadora introducida por la propia constitución chavista–, la postergación de las elecciones a gobernador el pasado año, hasta llegar el reciente y fallido autogolpe del ejecutivo. Todo ello generó un nuevo escenario político, marcado por la violencia y la ingobernabilidad, cuyas consecuencias dramáticas aparecen ilustradas en el incremento diario de víctimas que arrojan los enfrentamientos entre la oposición y las fuerzas gubernamentales, en un marco de represión institucional cada vez mayor.    

A esto hay que añadir un elemento regresivo más, vinculado a la crisis económica producida por la caída del precio del petróleo. Uno de ellos es la consolidación de un Estado rentista, que hoy se manifiesta de diferentes maneras: desde la incapacidad para producir bienes básicos para la población y la destrucción del tejido productivo en un contexto de desabastecimiento; hasta el incremento sideral de la corrupción que atraviesa importantes sectores de las clases gobernantes (lo cual incluye militares, hoy en altos puestos y gobernaciones). Otro es la radicalización del extractivismo, pues en su desesperada búsqueda de divisas, el gobierno de Maduro abrió a la explotación megaminera casi 112 mil kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, creando una Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco, por lo cual suscribió alianzas y acuerdos con diferentes empresas transnacionales (chinas, rusas, entre otras), cuyo contenido se desconoce, pues el decreto de estado de excepción y emergencia económica permite que las contrataciones puedan tener discrecionalidad y no requieran la autorización de la Asamblea Nacional.

En suma, más allá de la lectura que hagamos del gobierno de Hugo Chávez, el proceso de mutación política sufrida en los últimos años es un hecho. Como subraya Edgardo Lander, reconocido intelectual de izquierda venezolano, al que pocos podrían calificar de antichavista, se han acentuado los peores rasgos que estaban presentes en Chávez, mientras han desaparecido aquellos otros elementos positivos de aquel gobierno, que apuntaban a un empoderamiento de las organizaciones sociales y de la democracia participativa. En consecuencia, es necesario reconocer que la Venezuela de 2017 nos enfrenta a un régimen crecientemente deslegitimado y autoritario, con una crisis generalizada que atraviesa todos los estratos sociales y afecta el conjunto de la vida política, social y económica. 

En esta línea crítica, el propio Lander lanzó hace poco más de un mes una suerte de llamado a sus colegas reprochando el apoyo incondicional de las izquierdas de la región al chavismo, lo cual habría reforzado desde su punto de vista las tendencias negativas del proceso. Desde nuestra perspectiva, como intelectuales latinoamericanos y de izquierda, debemos asumir ese desafío. Hablar de Venezuela significa decir, no callar. Hablar alto y claro, al menos hasta que se asegure otra vez que nadie muere por pensar distinto. Hablar alto y claro hasta que no porta son iguales a nosotros: seres humanos dignos, que piensan y sienten y sufren y se emocionan, y que merecen, como nosotros, igual consideración y respeto.

*Maristella Svampa es socióloga, escritora e investigadora.  Es Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Es investigadora Principal del Conicet y Profesora Titular de la Universidad Nacional de La Plata. Es Coordinadora del Grupo de Estudios Críticos del Desarrollo (GECD) y miembro del colectivo de intelectuales Plataforma 2012.

* Abogado, jurista, sociólogo, escritor y académico, especialista en derechos humanos , democracia, filosofía política , derecho constitucional , igualdad y desarrollo.

 

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