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EL RETORNO DE LA PRESIDENTA Y LA NUEVA AGENDA. UNA VISIÓN DESDE SALTA por José Armando Caro Figueroa*

Ernestina Gamas | 25 noviembre, 2013

1.- Los giros agónicos del “primer peronismo”

En el ocaso de su segundo mandato constitucional, el Presidente Juan Domingo PERÓN dispuso tres giros sustantivos:

a) Tras los criminales bombardeos a Plaza de Mayo de junio de 1955, tendió (infructuosamente) la mano a los opositores[1];

b) Sumó a la alicaída explotación petrolera monopolizada por la estatal YPF a la “California Argentina”, subsidiaria, nada menos, que de la norteamericana STANDAR OIL, en la búsqueda del autoabastecimiento en materia de combustibles; y,

c) Anunció la entrada en un ciclo de moderación salarial, que sucedería a la etapa anterior (1946/1949) en donde los salarios reales crecieron más del 60%.

Como broche final, PERÓNconvocó, bajo la consigna “Producir, producir, producir”, al Congreso Nacional de la Productividad[2], un foro tripartito encargado de sentar las bases para un nuevo modelo de relaciones laborales, flexible yen condiciones de responder a los desafíos de los delegados del personal que, de un lado, rechazaban la moderación salarial y, de otro, impugnaban a la burocracia sindical obediente del vértice político.

Uno de los objetivos centrales del Congreso y de sus conclusiones fue vincular nuevas mejoras salariales a la evolución positiva de la productividad lo que pondría a prueba la disciplina de las cúpulas sindicales respecto del vértice político y su capacidad de soportar el embate de las organizaciones de base.

Conviene añadir que el giro impulsado por el Presidente PERÓN y que se tradujo en su “Segundo Plan Quinquenal”, incluyó medidas para impulsar las exportaciones agropecuarias[3], en un intento por revertir una política para la producción del campo que a esas alturas se revelaba insostenible e inadecuada.

Las nuevas medidas fueron celebradas por el conservador (ex socialista) Federico PINEDO que, sin embargo, no logró convencer a sus correligionarios conservadores acerca de la conveniencia de apoyar el triple giro peronista[4] que situaba la nueva política económica de PERÓN en las cercanías de la dogmática liberal y capitalista de aquel tiempo. 

El golpe cívico militar de 1955 arrumbó los intentos reformistas con los que PERÓN pretendía resolver la crisis energética, superar la “restricción externa” (vale decir, la falta de divisas para impulsar las importaciones imprescindibles para la marcha de la economía nacional[5]), revertir las pérdidas de competitividad que experimentaba dramáticamente la producción local, liquidar la espiral precios/salarios, y dejar atrás los odios que fragmentaban a la Argentina de aquel tiempo.

2.- El “tercer peronismo” promete cambios

En un contexto marcado por ciertas analogías[6] con este lejano pasado, doña Cristina FERNÁNDEZ de KIRCHNER, al retornar de su licencia por razones de salud, y detrás de las consabidas apelaciones a la “profundización del modelo”, realizó tres anuncios -a los que me referiré en seguida- que marcan la intención de modificar varios cursos de acción, con el indisimulado propósito de adecuarlos a los resultados electorales adversos y a los severos desafíos que vienen del lado de la economía y que se traducen en creciente malestar social.

En esta etapa, las insistentes referencias a la “profundización del modelo” cumplen, seguramente, el papel de tranquilizar a la tropa propia, educada en las consignas del “No pasarán”, y “Ni un paso atrás”. Sin embargo, provocan también un efecto secundario: Desorientan a la oposición dogmática y a ciertos analistas superficiales que se quedan en estas frases provocadoras sin alcanzar a desentrañar las nuevas directrices de la Presidenta de la República[7].  

Permítanme recordar que, en los años de 1990, el Presidente Carlos Saúl MENEM, al presentar sus políticas, solía destacar que las mismas respondían a las enseñanzas legadas por Juan Domingo PERÓN; apelaba a este argumento de autoridad aun cuando -a mi modo de ver- las medidas se situaran lejos del ideario del “primer peronismo”. La Presidenta KIRCHNER utiliza el mismo recurso: Cuando se ve forzada a rectificar, explica que, en realidad, se trata de profundizar el modelo; inmediatamente, los formadores de opinión centran los análisis en esta frase e ignoran el sentido y los alcances de las rectificaciones -en ocasiones, zigzagueantes- que, desde hace un par de años viene ordenando el actual Gobierno. 

3.- La nueva agenda para problemas que no admiten demoras

En aquella breve reaparición pública, la Presidenta, con inusual sobriedad verbal, habló de la necesidad de dialogar con la oposición, defendió una política energética sin prejuicios ideológicos (lo que equivale a una reiteración de su sorpresivo abandono del acendrado “nacionalismo petrolero”[8] que condujo a la confiscación de REPSOL), y puso énfasis en uno de los principales problemas que lastran la competitividad de nuestra producción: los costos del transporte que, entre otros efectos negativos, castigan a quienes producen bienes exportables en zonas alejadas de los puntos de consumo.

Para este nuevo rumbo, doña Cristina FERNÁNDEZ de KIRCHNER modificó criteriosamente su gabinete y alentó la reapertura del diálogo con los sindicatos oficialistas y con los empresarios igualmente oficialistas[9], con miras a aminorar las pujas distributivas y, si acaso, sumarlos a las medidas económicas, fiscales y cambiarias que habrán de disponerse para poner en caja a la inflación galopante.

Si bien esta medida merece ser criticada en cuanto deja de lado a las organizaciones opositoras, resulta positivo que el Gobierno se decida a abordar los principales problemas económicos (inflación, empleo, competitividad), escuchando a un sector de las fuerzas de la producción. Repárese en el hecho de que este giro en materia de relaciones del trabajo se suma a las rectificaciones que, por ejemplo, modificaron los criterios de actuación frente a las protestas obreras y no obreras[10], ratificaron los ejes de la Ley de Riesgos de Trabajo, o que condujeron al discreto abandono de la retórica de las “paritarias libres”; esto es, sin piso ni techo impuestos por Decretos del Gobierno.

La exclusión de las fuerzas obreras que defienden su autonomía y discrepan del rumbo kirchnerista, es reprobable por motivos vinculados con la libertad sindical, pero también por razones de eficacia que atienden a la capacidad de las centrales opositoras (CGT-MOYANO, CTA-MICHELLI) y de las representaciones de base controladas por la izquierda pluralpara desbordar eventuales acuerdos de cúpulas.

En cualquier caso, comienza a resultar evidente que una política antiinflacionaria consistente con la negociación colectiva y con la paz laboral, requiere de algún tipo de pacto social que promueva el empleo y contribuya a moderar precios y salarios[11].

4.- El último bienio kirchnerista  

Con todas las precauciones que aconsejan los antecedentes erráticos que singularizan a su gobierno, pienso que en su retorno la señora Presidenta ha dado muestras de realismo:

En lo institucional y como consecuencia de las movilizaciones ciudadanas y de los últimos resultados electorales, aparecen archivados los planes de reelección y las ideas de sancionar una Constitución Nacional Kirchnerista; no obstante, el empeño que sectores oficialistas ponen en reformar -sin los imprescindibles consensos- el Código Civil es un peligroso resabio de esta tendencia.

En el terreno económico, el Gobierno -mientras sigilosamente avanza en la “devaluación interna”[12] del peso- parece decido a abordar los problemas reales y atender los reclamos de quienes sufren las consecuencias de pésimas decisiones que una oposición descolocada atribuye al genio maligno del demitido Secretario de Comercio.

Por supuesto, ni el giro pragmático de la Presidenta ni los primeros movimientos de sus ministros son garantía de éxito.

Hará falta mucha firmeza, talento y conocimientos técnicos para revertir errores y crear las condiciones para que la Argentina aproveche las oportunidades que el mundo brinda a los países productores de alimentos. Hará falta también leer correctamente el nuevo escenario mundial y situar las políticas nacionales en sintonía con las mega tendencias económicas y tecnológicas, muy bien explicadas por Jorge CASTRO[13].

Sin embargo, por aquello de que el “tercer peronismo” es también incorregible, hay que esperar que más allá de las rectificaciones que apuntan en la buena dirección, el Gobierno insista en su estrategia de acumulación de poder y en sus intentos por controlar jueces, medios de comunicación, sindicatos, colegios, cámaras empresarias, universidades, el deporte, la cultura y los espectáculos. Pero esta es otra batalla en donde los profetas de la “comunidad organizada sectaria y excluyente”, enfrentan una creciente resistencia intelectual protagonizada por los defensores de las libertades y del pluralismo; o sea, por quienes pretendemos una Argentina democrática.

5.- Breve comparación de las agendas peronistas

Señalados los puntos de contacto que vinculan al giro del primer peronismo (1954/1955), con los escuetos anuncios presidenciales del pasado 10 de noviembre de 2013, resulta imprescindible destacar que la nueva agenda kirchnerista ha omitido (al menos hasta ahora) medidas para impulsar las exportaciones agropecuarias, reconstruyendo las relaciones con las fuerzas representativas de los productores y exportadores. A su vez, la apuesta presidencial por reducir costos que desalientan las exportaciones carece (también por ahora) de las necesarias concreciones y aparece limitada al transporte, sin abarcar otros factores que perjudican la competitividad de nuestra producción.

6.- La posición de Salta ante este giro incipiente

Sobre este punto, destaca el fracaso de los intentos de nuestro Gobernador por “saltar” a la escena nacional sobre las espaldas de los salteños. Vanas han sido sus concesiones al poder central en materia de bosques, petróleo, retenciones, ferrocarriles, infraestructuras y coparticipación. Pero todo hace pensar que el señor URTUBEY -lejos de propósitos de enmienda, sin tapujos ni prejuicios republicanos-, volcará todo el poder y los recursos acumulados en estos seis años, para conseguir otra reelección. Un objetivo que, afortunadamente, no depende de él ni de sus epígonos, sino del acierto de los ciudadanos que deseamos un cambio democrático. 

                                                                                                    Vaqueros, 24 de noviembre de 2013

* Ex Ministro de Trabajo 1993/1997

 


[1] Véase su discurso de 10 de julio de 1955 que rectificó su anterior -terrible- consigna “por cada uno de los nuestros que caigan, caerán cinco de ellos”.

 

[2]GIMENEZ ZAPIOLA, Marcos “La concertación peronista de 1955: El Congreso de la Productividad”, Editorial LEGASA, Buenos Aires                – 1988. BITRAN, Rafael     “El Congreso de la Productividad”, Editorial EL BLOQUE, Buenos Aires – 1994.

 

[3] Como ocurriría 60 años después, el primer peronismo que impuso la estatización del comercio exterior agropecuario (IAPI), perdió la oportunidad que a la Argentina brindaban unos términos de intercambio internacional (TII) excepcionalmente favorables.

 

[4] CASTRO, Jorge “El desarrollismo del siglo XXI”, editorial PLUMA DIGITAL, Buenos Aires – 2013, páginas 119 y siguientes.

 

[5] La crisis externa se traduce en la cíclica carencia de dólares suficientes “provenientes de exportaciones genuinas capaces de financiar una alta tasa de crecimiento sostenido”. Una carencia que “adquirió carácter convulsivo y que cada 5 o 7 años provocó una crisis en la balanza de pagos que, por su magnitud, arrastró incuso al sistema político” (CASTRO, obra citada, página 66). El mismo autor recuerda que, a fines de 1948, una comisión integrada por los ministros CEREIJO y GÓMEZ MORALES le informó al Presidente PERÓN “que sólo restan en el Banco Central 300 millones de dólares, insuficientes para importar un año de combustibles y que la crisis energética que es su consecuencia, impide generar la energía suficiente para mantener el aparato industrial” (obra citada, página 106).

 

[6]Observemos una curiosidad: Mientras que, como vimos en la nota anterior, en 1948 las reservas del BCRA alcanzaban para pagar un año de importación de combustibles, hacia 2014 las reservas de divisas alcanzan para dos años de importaciones de gas y petróleo. Más allá de la relatividad de estos indicadores, hay que tener en cuenta que la economía contemporánea es mucho más compleja que la del primer peronismo. 

 

[7] Véase RAVENTOS, Jorge “Avanti morocha. De la Plaza al Patio de Las Palmeras”, en el sitio Web AGENDA POLITICA, Noviembre – 2013.

 

[8] BAILY, Samuel L. “Movimiento obrero, nacionalismo y política en la Argentina”, Editorial HYSPAMÉRICA, Buenos Aires – 1985. También SOLBERG, Carlos E. “Petróleo y nacionalismo en la Argentina”, Editorial HYSPAMÉRICA, Buenos Aires – 1986.

 

[9] Sobresale en este aspecto la exclusión de los representantes de los productores agropecuarios agrupados en la “Mesa de Enlace”. Esta exclusión (que bien pudiera ser transitoria) esconde otra vieja “puja distributiva” entre el capitalismo rural y el capitalismo industrial.

 

[10] La llamada Ley antiterrorista, las multas millonarias que imponen los Ministerios de Trabajo a los sindicatos huelguistas, y las actuaciones del Secretario de Seguridad marcan, claramente, el fin de la dogmática centrada en el eslogan que hablaba de la voluntad política de “nocriminalizar la protesta”.

 

[11] LEVY YEYATI, Eduardo “Cómo bajar la inflación sin dolor”, enwww.perfil.com (22/11/2013).Además de los obvios antecedentes españoles (“Pactos de la Moncloa” -1977- y acuerdos tripartitos celebrados en los años de 1980), será útil repasar la experiencia de la negociación colectiva durante los primeros tiempos del Plan Austral (1986).

 

[12]En la economía contemporánea, cuando un país decide, por razones legales o políticas, anclar su unidad monetaria a un valor de referencia esta constreñido a revisar su estructura de costos y sus niveles de productividad. Así sucede, por ejemplo, en varios países de la Europa del euro que, tras la crisis del 2008, se encontraron frente a la disyuntiva de abandonar la moneda común o apelar a medidas de “devaluación interna”. Y ocurrió también en la Argentina de la convertibilidad. Cuando, como en la Argentina contemporánea, el Gobierno por razones de conveniencia u oportunidad políticas descarta (acertada o erróneamente) devaluar el peso, los acuciantes problemas de competitividad de nuestra producción transable sólo pueden resolverse mediante una combinación de medidas que mejoren la competitividad y reduzcan los sobrecostos que, en nuestro caso, existen sobre todo en el área de las regulaciones, de las intervenciones estatales y de los servicios. Mientras que las devaluaciones explícitas del signo monetario dañan a los salarios y a las rentas de la seguridad social, las “devaluaciones internas” abren pujas y negociaciones cuyos resultados no son siempre lineales.

 

[13] “El desarrollismo del siglo XXI”, obra citada.

 

 

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CELEBRANDO TREINTA AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA por Elva Roulet*

Ernestina Gamas | 7 noviembre, 2013

 

 

Hace 30 años abríamos las puertas a la recuperación de la democracia, saliendo de los momentos más oscuros y dolorosos de nuestra historia del siglo XX, marcados por la ruptura institucional de la república, el desarrollo de una represión política e ideológica criminal, con el país económicamente arrasado, la cultura y la libertad de expresión sofocadas, y con una sociedad herida, enfrentada y sometida por el terror del régimen militar que se había impuesto en 1976, en el contexto de una desatada subversión homicida y del accionar de los grupos irregulares de las tres A.

En la campaña electoral que llevó a la Presidencia de la República al Dr. Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 dos concepciones políticas se enfrentaron respecto de las responsabilidades por los actos cometidos: el justo castigo por la violación de los derechos humanos planteado por Alfonsín o la aceptación de la ley de autoamnistía decretada por la Junta Militar asumida por el Dr. Italo Luder, candidato del partido peronista quien había sido autor en su carácter de Presidente interino en 1976 del decreto ordenando la “aniquilación” del accionar subversivo.

El 10 de diciembre de 1983, en su Mensaje Presidencial ante la Asamblea Legislativa, el Presidente Alfonsín afirmaba que “los dolores que hemos vivido nos dejaron lecciones que no podemos ni debemos olvidar...” y veía su elección como un claro  mandato y una esperanza  “la de recuperar la nación para la vida, la justicia y la libertad”.

 Para ello nos proponía a todos los argentinos “llevar a cabo una cruzada horizontal y vertical de democratización sobre la base de una acción renovada de los partidos políticos, de las asociaciones intermedias y de cada uno de los ciudadanos, en forma de permitir que los sistemas de fuerza que anidan en la sociedad se articulen en una convivencia pacífica y creadora”.

 Y comprometía todos los esfuerzos de su gobierno el cual, decía, “no se cansará de ofrecer gestos de reconciliación, indispensables desde el punto de vista ético e ineludibles cuando se trata de mirar hacia delante. Sin la conciencia de la unión nacional será imposible la consolidación de la democracia; sin solidaridad, la democracia perderá sus verdaderos contenidos”.

Era una invitación al diálogo, a la búsqueda y a la construcción de consensos como metodología para procurar la edificación de un Estado Legítimo, que constituyó siempre su prédica y determinó la conducta permanente del Dr. Alfonsín, tanto en la acción política como en el ejercicio del gobierno. Era un pedido a cada hombre y a cada mujer para que se asumieran como actores para  trabajar todos juntos por una sociedad deseada, que sólo la mereceremos si somos capaces de construirla nosotros mismos.

La consolidación de la democracia, la unión nacional, y la reconciliación  de la sociedad mirando siempre “hacia delante”   fueron los objetivos irrenunciables que dieron origen a los más cruciales empeños y a muy difíciles decisiones a lo largo de toda la gestión del Presidente Alfonsín.

Una primera cuestión es que el gobierno que se instalaba era la transición de una dictadura que se desalojaba hacia una democracia naciente respaldada por el voto mayoritario de una ciudadanía esperanzada. No se trataba de un simple cambio de gobierno que iniciaba una nueva gestión. Era un momento fundacional. Era la búsqueda para la consolidación de la democracia, como prefería expresarse el Dr. Alfonsín.

Consolidación, nos decía, “no podía evocar en la Argentina ideas de conservación, de respeto al statu quo, ni sólo de restauración; debe evocar, al contrario cambios, transformaciones, innovaciones… lo que exige imaginación, voluntad de crear” entre todos.

NO A LA IMPUNIDAD

El Poder Ejecutivo, apenas asumido, convocó al Congreso Nacional a reunirse en sesiones extraordinarias y envió a él un conjunto de proyectos de ley vinculados con las violaciones a los derechos humanos que había padecido el país, para su tratamiento inmediato.   

Derogación de la llamada “ley de auto-amnistía”, sancionada por decreto de la Junta Militar por la cual se declaraban “extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva” extendiéndose los beneficios de la misma “a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado”. La propia existencia de este decreto-ley y su contenido constituyen una admisión de culpa por la acción del terrorismo de Estado utilizado amplia e indiscriminadamente contra el terrorismo subversivo y el resto de la población; y se amnistiaban ambos protagonistas de los crímenes cometidos.

Por la ley 23.040, PRIMERA sancionada por el gobierno democrático, fue derogado y declarado insanablemente nulo. Los peronistas no acompañaron la sanción de esta ley, de manera coherente con la posición que habían sustentado.

Otra pieza fundamental fue la modificación del Código de Justicia Militar, que estableció hacia adelante la limitación de la competencia de los Tribunales Militares en los delitos de esa naturaleza, correspondiéndole a los Tribunales Ordinarios el juzgamiento de los delitos comunes cometidos por los militares. Siguiendo el principio del juez natural de la causa, se permitió la actuación de los  Tribunales Militares para el juzgamiento de los hechos acaecidos en el pasado, pero se introdujo una disposición según la cual sus resoluciones o su falta de diligenciamiento serían apelables ante la Cámara Federal. Se generó así un nuevo recurso de apelación que podía interponer tanto el acusado como la parte acusadora para ser atendido por los tribunales civiles comunes a todos los argentinos. El proyecto contenía los tres niveles de responsabilidad ampliamente difundidos por el Presidente en su campaña electoral: la de los que planificaron, decidieron y dieron las órdenes de la represión, los que se extralimitaron en la ejecución de las operaciones antisubversivas, y los que cumplieron órdenes en función de la obediencia debida a sus mandos militares, inducidos al error y bajo la presión de las circunstancias[i]. Se promovieron, además, la revisión de las condenas a civiles dictadas por tribunales militares, y se derogó la competencia de esos tribunales para delitos comunes cometidos por personal militar o de seguridad, con lo que se puso fin a un sistema de privilegio vigente desde la época colonial.

Entre las primeras medidas tomadas por decreto se establecieron las causas penales contra los integrantes de las tres juntas militares por los delitos cometidos en su acción represiva, que fue calificada como “terrorismo de Estado” en el texto del decreto correspondiente. Posteriormente, nuevos decretos ampliarían esas acusaciones a los altos jefes de cuerpos de Ejército como Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suarez Mason, el jefe de policía Ramón Camps, y la jefatura de la Escuela de Mecánica de la Armada, de triste memoria.

Del mismo modo, se ordenó la prosecución de las causas penales contra los jefes guerrilleros de las organizaciones terroristas acusados de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del delito y otras causas que pudieren surgir.

Por otra parte, se procedió a desmantelar el aparato represivo existente, se derogó la doctrina de seguridad nacional y se discutió el rol de las fuerzas armadas para la democracia, el que quedó finalmente plasmado en la Ley de Defensa sancionada en 1988.

Simultáneamente se creó la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas –CONADEP-, el 15 de diciembre de 1983, con la misión de esclarecer los dolorosos hechos sucedidos en el país durante la época de implantación del terror, recibir las denuncias de desapariciones y secuestros de personas realizados entonces y de producir un informe, que sería público, del resultado de su labor. La Comisión fue presidida por el prestigioso escritor Ernesto Sábato y fue integrada por Ricardo Colombres, René Favaloro (quien renunció), Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshal T. Mayer, Jaime F. De Nevares, Eduardo Rabossi y Magdalena Ruiz Guiñazú, y los Diputados Nacionales Horacio H. Huarte, Santiago M. López y Hugo Piucill. Actuaron como secretarios Raúl Aragón, Graciela Fernández Meijide, Alberto Mansur, Daniel Salvador y Leopoldo Silgueira. Los peronistas no designaron los tres  diputados previstos para representarlos.

La tarea de la Comisión fue ímproba. Recibió a varios miles de denunciantes individuales e institucionales, libró alrededor de 1300 pedidos de información a instituciones de las fuerzas armadas, a distintas policías provinciales y a la federal, y a diversos organismos públicos y privados involucrados. Muchos no fueron respondidos y a menudo hubieron de recurrir al Presidente de la Nación cuando las instituciones militares alegaban el carácter reservado o secreto de los datos requeridos para negarse a suministrarlos. Se presentaron 1086 casos al Poder Judicial, y gran parte de la evidencia relevada fue decisiva en el desenvolvimiento de los juicios a los comandantes. En sus archivos se registran las denuncias de aproximadamente 600 secuestros que se habrían producido antes del 24 de marzo de 1976, fecha en que asumió la Junta, y se registraron 8.960 personas que estarían desaparecidas.

El informe final,[ii] entregado al Presidente el 20 de diciembre de 1984, lleva el título sugestivo de “NUNCA MAS”. Al término de su prólogo concluye: “Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y hasta se han demolido edificios… Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MAS en nuestra patria se repetirán los hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”.

La misión había sido cumplida  cabalmente. Hoy la sociedad sabe, la sociedad argentina y el mundo han juzgado, y este juicio forma parte de la memoria colectiva.

En relación con el juzgamiento de los integrantes de las tres Juntas Militares, cabe preguntarse si la decisión de someterlos a la jurisdicción de los Tribunales Militares fue o no acertada. Esta decisión era jurídicamente correcta, pero tenía también una razón política profunda cual era la de posibilitar a las Fuerzas Armadas que ellas mismas se pusieran del lado del derecho, que lavaran las manchas que ensuciaban el prestigio de las instituciones a que pertenecían, que se reconciliaran con la sociedad de la que habían quedado separadas por una brecha profunda. Lamentablemente el mensaje no fue valorado y la ocasión no sólo fue perdida sino que la actitud pertinaz de negar la verdadera naturaleza de los hechos acaecidos tuvo un alto costo en la historia conflictiva de ese período. Los procesos se desarrollaban morosamente, con un ritmo lento que se oponía al propósito central de hacer justicia y cerrar la llaga abierta, tal como lo reclamaba la sociedad y lo esperaba el Poder Ejecutivo. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas producía prórrogas sucesivas. Ante esta situación, en abril de 1985, se puso en marcha la cláusula de apelación prevista en la reforma del Código de Justicia Militar y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se hizo cargo de las actuaciones. El juicio fue oral y público y pudo ser seguido por todos los interesados y por la prensa nacional e internacional.

La sentencia, producida el 9 de diciembre de 1985, condenó a Jorge Rafael Videla y a Emilio Eduardo Massera a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua; a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; a Orlando Ramón Agosti a 4 años y medio de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, todos ellos con destitución del rango militar. Fueron absueltos Oscar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Arturo Lami Dozo en relación con los delitos que se investigaban. El fallo ordenaba, además, a los Tribunales Militares investigar a los oficiales superiores que ocuparon las jefaturas de zonas y sub-zonas y a todos aquellos que hubieran tenido responsabilidades operativas en las acciones contra la subversión. Pocos días después la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia.

Se trató de un ejemplo del debido proceso y de las garantías de la defensa en juicio que perdurará como un paradigma sin antecedentes en el mundo. El Presidente Alfonsín rompió de este modo una tradición de 170 años de amnistías en el país, desde la primera producida el 30 de septiembre de 1811 por el Primer Triunvirato.[iii]

Otros fallos de la Cámara Federal de Buenos Aires condenaron a varios militares procesados como los Generales Ricchieri y Camps y al Comisario Etchecolatz a 30 años de prisión. Se produjo también sentencia contra el jefe guerrillero Mario Firmenich, que había sido extraditado de Brasil, juzgado por la Cámara Federal de San Martín y condenado a 30 años de prisión en 1987. Y José López Rega fue traído a Argentina para responder por los crímenes de la AAA, habiendo fallecido en la cárcel.

 

Tanto la sentencia de la Cámara como el informe de la CONADEP hicieron aflorar más evidentemente la resistencia de las fuerzas armadas a los enjuiciamientos y su actitud reivindicativa, iniciada ya en enero de 1984. La retórica de las fuerzas armadas los llevaba a acatar pero su actitud era de desobediencia cada vez más abierta a la presentación de sus miembros en las citaciones a los juicios. Por otra parte, una falta de homogeneidad en los criterios aplicados por los jueces, y de operatividad en los resultados esperados, dilataban los procedimientos y contribuían a exacerbar los conflictos. En busca de una respuesta a esta situación y para mitigar las tensiones existentes, se sancionó en diciembre de 1986 la ley de extinción de las acciones penales, mal llamada de “punto final”, con la que se trató de poner un límite en los casos a juzgar y acortar los tiempos de la justicia, cerrándose la posibilidad de nuevas presentaciones en un plazo de sesenta días.  Como consecuencia de la promulgación de la ley hubo sin embargo una avalancha de nuevas denuncias y una celeridad que no habían mostrado hasta ese momento los jueces actuantes, citando masivamente a declarar, lo que dificulto notablemente el trato con los militares y conspiro con el propósito original de la norma.

Sería seguramente muy ilustrativo analizar el comportamiento de los tribunales en ese período y establecer si se asumieron o no los compromisos que eran necesarios por parte de cada uno de los actores de la sociedad, en este caso los jueces intervinientes, en busca de hacer justicia y de contribuir a la consolidación de la democracia y de la reconciliación nacional.

Lo que es indudable es que la situación siguió agravándose como lo probó el levantamiento de Semana Santa del Teniente Coronel Aldo Rico, acantonado en Campo de Mayo entre el 15 y el 19 de abril de 1987. Aquí se puso más en claro aún que el ejército no estaba en condiciones o no quería actuar. Sin duda se conjugaban ambas cosas porque el acto mismo configuraba una ruptura de los mandos pero, aún así, los superiores seguían convencidos de la necesidad de reivindicar lo que consideraban una “gesta” equivalente a las guerras de la independencia, y se mostraban renuentes o impedidos de actuar. Los efectivos del Cuerpo de Ejército II, de Rosario, conducido por el General Ernesto Alais, que se había decidido movilizar hacia la provincia de Buenos Aires llegaron tardíamente por la mañana del 19 y fueron enviados a estacionarse en Monte Chingolo.

El domingo de Pascua, representantes gubernamentales y dirigentes de distintos partidos políticos daban su apoyo y acompañaban al Presidente en la Casa de Gobierno, mientras miles de personas manifestaban su sostén a la democracia en la Plaza de Mayo. Los que nos encontrábamos allí pudimos ver las entradas y salidas de los Comandantes y saber que ninguno trajo o comprometió soluciones efectivas para terminar con el episodio. Cuando el Brigadier Crespo, Comandante de la Fuerza Aérea, resolvió acompañar al Dr. Alfonsín al haber éste decidido entrevistarse con los jefes en rebeldía, lo hizo para resguardar, como  dijo, la seguridad del Sr. Presidente.

El motín fue levantado y Aldo Rico y sus seguidores fueron arrestados.

La posterior ley de “obediencia debida”, cuyo envío al Congreso había sido anunciado con anterioridad a estos hechos[iv],  retoma el criterio de los tres diferentes grados de responsabilidad originariamente planteados por el Presidente. En la tarea parlamentaria, a través de modificaciones producidas en el Senado por el Sen. Elías Sapag, se eliminó la eximente de la obediencia debida al incluir como punibles los actos aberrantes[v].

La ley fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia el 27 de junio de 1987 pero, pese a los antecedentes y a la real situación de su sanción, su sanción se transformó en un motivo de conflicto entre el Presidente y la sociedad.

Es aquí donde debe plantearse un análisis racional y desapasionado: ¿contribuyeron estas normas a evitar el retroceso en el difícil camino de democratización que se estaba transitando? ¿Es la posición principista la única y excluyente manera de considerar los sucesos vividos entonces?  

Existen tres posibilidades para resolver el grave problema de las violaciones a los derechos humanos por parte de los países que las han padecido. El olvido, a través de la inacción o de una ley de amnistía que, por ejemplo, en Uruguay se resolvió mediante consulta popular a la ciudadanía que votó por el olvido y la reconciliación, seguramente bajo la influencia de lo que estaba pasando en ese momento en nuestro país[vi]. El procesamiento de todos los involucrados en las acciones represivas, lo que no ha sido hecho jamás, con lo que se pone en evidencia la existencia de imposibilidades políticas y jurídicas difíciles o imposibles de resolver. La condena de los principales responsables,  a través de  la cual los delitos cometidos no quedan impunes, que ha sido la vía elegida por el gobierno del Presidente Alfonsín. En 1987, el le decía  a un destacado periodista: “Usted no debe olvidar que todo, absolutamente todo lo que yo hago, pasa por un test esencial: ¿Sirve o no sirve al objetivo de la estabilidad política?”. Y respecto a este doloroso tema agregaba, “vamos a tener que acostumbrarnos a vivir por mucho tiempo con la idea de que hay una discusión pendiente en el país, la discusión referida al comportamiento militar durante el Proceso. Esta cuestión no está zanjada en la Argentina.” … “Pero … hay posibilidades de encontrarnos en posiciones de defensa del Estado de Derecho, en un sentido de justicia, de equidad y de amor. Pero insisto en que no será fácil seguir este camino de reconciliación y en que el debate permanecerá abierto por mucho tiempo.”[vii]

Se sucedieron otros planteos de apoyo a los “cara-pintadas” en Salta y Tucumán que fueron rápidamente desarticulados.

Aldo Rico, que sostenía que respetaba la institucionalidad pero quería la inmunidad para los militares y cambios en el ejército, logró dejar subrepticiamente su lugar de detención y apareció, nuevamente amotinado, el 16 de enero de 1988 en el Regimiento 4 de Infantería Monte Caseros, en la provincia de Corrientes.

Aplastada la rebelión, los propios jefes militares clamaron públicamente por la amnistía seguidos por importantes políticos de la oposición como Arturo Frondizi y Alvaro Alsogaray. La prensa reflejaba, potenciándola, esta situación.

Entre ellos se encontraba también, disimuladamente, Carlos Menem, quien está en contactos ya con el Coronel Seineldín al que prometió los indultos con el compromiso de espurios apoyos políticos para su candidatura presidencial.

Menem ganó las elecciones internas del partido peronista contra el sector renovador que presidía Antonio Cafiero.

El Coronel Mohamed Alí Seineldín no esperó hasta  las elecciones y organizó lo que llamó un “golpe preventivo” para obtener la conducción del arma y el 2 de diciembre de 1988 ingresó en la Escuela de Infantería y comunicó que desconocía la autoridad del Jefe del Estado Mayor para dirigirse luego a Villa Martelli, donde estableció su cuartel general. La conjura terminó con un acuerdo entre las jefaturas militares. El sublevado fue detenido y  puesto a disposición de la Justicia Militar. El Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Gral. Dante Caridi, fue relevado.

Pocas semanas después, el 23 de enero de 1989, se produjo la absurda e incomprensible toma del regimiento de La Tablada por Enrique Gorriarán Merlo, perteneciente al Movimiento Todos por la Patria  (MTP) cuya detención y juzgamiento estaban incluidos en el decreto de 1983 de enjuiciamiento a los responsables del terrorismo subversivo y quien se mantenía prófugo.

El levantamiento fue reprimido y hubo muertos de ambos lados. Gorriarán fue apresado y cumplió condena hasta su indulto por el Presidente Duhalde en 2002.

 

El indulto del Presidente Menem, cuyo Ministro de Defensa era Italo Luder, le robó a la ciudadanía la justicia que había reclamado y que consideraba necesaria, y desdibujó la imagen y la importancia de lo que se había conseguido[viii]. Luego de siete años de prisión, entre diciembre de 1983 y diciembre de 1990, los principales responsables del terrorismo de estado, que constituyen crímenes de “lesa humanidad”, recuperaron la libertad y se interrumpieron  los juicios en marcha existentes en ese momento[ix]. Ello incluyó los de más de cuarenta altos jefes procesados que no fueron alcanzados por la ley de obediencia debida y de alrededor de 400 juicios en marcha.

Pero no se puede olvidar que ese juicio existió, que hubo sentencia firme y cumplimiento parcial de la condena, y que muchos procesos se estaban sustanciando, habiéndose dicho en aquel momento categóricamente no a la impunidad para todos los involucrados de ambos lados. El partido peronista no reclamó por esta decisión presidencial.

 

Desde entonces ha habido importantes avances en el derecho internacional. La Argentina ha suscripto el Tratado de Roma, de 1998, por el que se creó la Corte Penal Internacional en 2001, que mira hacia adelante y carece de efectos retroactivos. Anteriormente, en 1995, se había aprobado la Ley 24.584 de ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad[x], presentada por el Senador Hipólito Solari Yrigoyen, cuya comunicación a Naciones Unidas sería realizada por Decreto del Poder Ejecutivo en agosto de 2.003. En esta misma fecha, el Congreso Nacional le otorgó rango constitucional a esta Convención, al igual que el que tienen los restantes convenios de derechos humanos reconocidos por la reforma de 1994.

LOS DERECHOS HUMANOS

El tema de los derechos humanos, tanto hacia adentro como hacia fuera del país, marcó todo el gobierno del Dr. Alfonsín con una acción permanente en su defensa y preservación, así como mediante una amplia legislación originada en el Poder Ejecutivo y en proyectos de varios legisladores. En el primer lugar se destaca la sanción, en 1984, de las leyes que aprueban la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), y las que ratifican los convenios internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Junto con la Convención Internacional sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y los otros acuerdos o tratados ratificados por nuestro país, todos ellos adquirieron posteriormente categoría constitucional en la Reforma de 1994, constituyendo un hecho que por sí mismo, tal como afirmara el eminente constitucionalista Dr. Germán Bidart Campos, validaba la reforma constitucional.

 

En materia de legislación nacional, la ley de divorcio, la patria potestad compartida, la de participación política de la mujer (ley de cupo), seguidas posteriormente por muchas otras como la trata de personas, etc.

 

LA POLITICA EXTERIOR  

Argentina debía salir de una situación de aislamiento y de desconfianza provocada por un gobierno ilegítimo, responsable de las flagrantes violaciones a los derechos humanos denunciadas en todo el mundo y de la alienada aventura de la guerra de las Malvinas que había agregado aún más desprestigio al país. Romper ese aislamiento fue una finalidad  constante.

 

En relación con la búsqueda de la paz nacional se encaró el inmediato tratamiento de los dos graves conflictos territoriales existentes con la república de Chile y con el reino de Gran Bretaña.  

El 23 de enero de 1984 se firmó la “Declaración Conjunta de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile”, que ponía término a los enfrentamientos que nos separaban por las cuestiones limítrofes pendientes cuya solución debía buscarse por las vías legales, las cuales se activaron inmediatamente, y llevaron al acuerdo por el Canal del Beagle.

 

Se procedió a la reclamación de los derechos argentinos sobre las islas Malvinas al Reino de la Gran Bretaña, sobre la base de negociaciones pacíficas inscriptas en las resoluciones favorables de la Organización de Naciones Unidas sustentadas por la Res. 2065 obtenida por el Gobierno del Presidente Illia,  en el año 1965.

El “Tratado de integración, cooperación y desarrollo entre la Argentina y la República Federativa del Brasil”, fue firmado en 1988 y constituyó la culminación de las negociaciones iniciadas a partir de 1985, como resultado del encuentro de los Presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney en la inauguración del puente Tancredo Neves que une ambos países sobre el río Iguazú. Es la única política que tuvo continuidad y que permitió concretar el MERCOSUR sobre la base de la ampliación de estos tratados para la inclusión de Uruguay y Paraguay en 1991. Es importante seguir esta construcción con el sentido originario de integración con una institucionalización comunitaria y evitar caer en la simplificación de un acuerdo de mercados, el que, por otra parte, está cada vez más debilitado.

La paz mundial y regional, constituyó una búsqueda importante a través de numerosas iniciativas:

Junto con Perú, Brasil y Uruguay se llevó adelante una acción de pleno apoyo al “Grupo de Contadora” con el propósito de reforzar las propuestas latinoamericanas para lograr una solución negociada en el conflicto de América Central sobre la base de respetar el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, de promover y reforzar el establecimiento de sistemas democráticos plurales.

La solidaridad y el compromiso para la solución y la prevención de los conflictos mundiales llevó a la “Reunión de Paz y Desarme” realizada por los Jefes de Estado de Méjico, Grecia, India, Suecia, Tanzania y Argentina –el Grupo de los Seis- que se realizó en enero de 1985, en Nueva Delhi, en la que se alegó contra todos los medios de destrucción del hombre, incluidas las acciones de la sociedad contra el propio planeta, y se convocó a todas las naciones del mundo a “ganar la batalla por la vida”.

EL TRASLADO DE LA CAPITAL

Es la respuesta a un problema siempre presente a partir de nuestra organización como país. La grave y prolongada disputa por su ubicación en la ciudad de Buenos Aires nunca fue saldada, a pesar de la decisión de 1880 en que quedó oficializada su situación. Este hecho, al que se opuso proféticamente Leandro Alem en la Legislatura Bonaerense ha sido responsable de la gravísima distorsión poblacional de la Argentina. Un solo dato estadístico lo pone de relieve: en 1980, el 35% de la población del país se alojaba en menos del 1% de los casi 3.000.000 de kilómetros cuadrados de superficie del territorio continental; la concentración económica y financiera era aún más fuerte, y la dualidad y los desequilibrios sociales generados  han alcanzado una gravedad cada vez mayor. El traslado de la capital, la descentralización de las actividades y un reforzamiento de las capacidades potenciales del resto del país, debían generar las condiciones para el reforzamiento del federalismo y los desarrollos regionales. La caída del proyecto es una resignación al “statu quo” y el miedo al cambio, y t ubo como consecuencia una parálisis que no debiera impedir reflexionar y encarar a futuro este fenómeno con la determinación que hace falta. .

LA FUNCIÓN PÚBLICA

Y EL CUERPO DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES

Fue una nueva área del Poder Ejecutivo con la responsabilidad de encarar la redefinición del papel del Estado. El establecimiento de una carrera administrativa y la creación de un Cuerpo de Administradores Gubernamentales que, mediante una rigurosa selección recibieron una formación especial en cursos bianuales, constituyeron los pilares de lo que debía ser un extenso y prolongado proceso de reforma del aparato estatal, iniciado inmediatamente y con vistas al largo plazo.  Esta reforma  tuvo una asociación muy alta con el proyecto de traslado de la capital. Implicaba un esfuerzo sostenido de largo plazo, una acción de plantar para el futuro, que quedó trunco; luego fue  desatendido hasta su definitivo abandono por los gobiernos siguientes.

EL CONSEJO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Son dos iniciativas que, desde 1985, estuvieron estrechamente vinculadas. El objetivo del Consejo para la Consolidación de la Democracia era analizar la necesidad y conveniencia de la reforma de la Constitución Nacional, y estudiar  y proponer los contenidos a incluir en la reforma, que era entendida como el nuevo contrato social necesario para la actualización y el reforzamiento de la democracia. Integrado por destacadas personalidades del ámbito político de diversas expresiones y por académicos fue presidido por el constitucionalista Carlos Nino. Se inició con ello un largo proceso participativo de aportes y consultas, incluidas las entrevistas con todos los gobernadores de provincias, lo que permitió plasmar un cuerpo orgánico de reformas que, sin embargo, no lograron tratamiento legislativo.

Este proyecto fue retomado en 1994 y sirvió de base al llamado Pacto de Olivos. Con él se evitó el incumplimiento del Art. 30 de la Constitución Nacional que exige la mayoría de dos tercios de ambas cámaras –la que iba a ser vulnerada- para declarar la necesidad de la reforma, y la sanción de la re elección presidencial indefinida, que constituía el único objetivo del Presidente Menem.

Se hizo así posible sustituir el engendro que proponía por un proyecto serio y ampliamente discutido. Entender esto es de una importancia fundamental: permitió una actualización necesaria de una Constitución hecha ciento cuarenta años antes, para un país que apenas nacía… y que se transformó en ese largo período en una sociedad compleja, en un mundo que se había transformado igualmente.

HOMENAJE AL PRESIDENTE RAÚL ALFONSÍN,

EL PADRE DE LA DEMOCRACIA

Finalmente, el Presidente Alfonsín entregó el gobierno a otro presidente electo y por primera vez a un representante de otro partido político. El último traspaso había sucedido en 1928 cuando el Presidente Marcelo T. de Alvear  fue sucedido en el gobierno por el Presidente Hipólito Yrigoyen, ambos de la Unión Cívica Radical. Habían transcurrido 61 años desde entonces.

Raúl Alfonsín fue el verdadero fundador de la democracia. Luchó durante su presidencia y siguió haciéndolo después con una actitud sin claudicaciones. Él pudo afirmar: “Toda mi actividad política buscó fortalecer la autonomía de las instituciones democráticas y fortalecer el gobierno de la ley, para que la ley y el estado de Derecho estuvieran separados de cualquier personalismo.”

“El objetivo de toda mi vida ha sido que los hombres y mujeres que habitamos este suelo podamos vivir, amar, trabajar y morir en democracia. Para ello es necesario que además de instituciones democráticas haya demócratas, porque sólo así las instituciones democráticas pueden sobrevivir a los gobernantes.”

“La tarea principal que nos encomendó el país en 1983 fue construir una democracia” escribió Alfonsín en su libro “Memoria política”, en 2004.

Y él cumplió plenamente.

——————————————————————–

*Ex Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, 1983-87.

 


[i] Los tres niveles de responsabilidad habían sido también desarrollados en la Conferencia de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en agosto de 1983.

[ii] NUNCA MAS, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Editorial Universitaria de Buenos Aires – EUDEBA, 1984.

[iii] Vítolo, Alfredo: Amnistías Políticas Argentinas. Desmemoria, Buenos Aires, 1999. Desde la fecha citada en el texto la Argentina tuvo 25 amnistías generales, particularizadamente analizadas por el autor.

[iv] En un discurso pronunciado por el Presidente en el mes de marzo, en la localidad de Las Perdices, de la provincia de Córdoba.

[v] Lázara, Simón: El asalto al poder – Actores e intereses en la crisis argentina del ´89. Ed. Tiempo de Ideas, Buenos Aires, 1997.

[vi] En Uruguay, el referéndum del 19 de abril de 1989 arrojó un 53 % de votos a favor de mantener la amnistía o “ley de caducidad de las acciones”, sancionada el 22 de diciembre de 1986.

[vii] Giussani, Pablo: ¿Por qué Dr. Alfonsín? Ed. Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1987.

[viii] Nino, Carlos S.: Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio a las Juntas del Proceso. Ed. Emecé, Buenos Aires, 1997. El seis de octubre de 1989 Menem sancionó varios decretos por los que se indultaron todas las personas sujetas a juicio, en un acto abiertamente inconstitucional ya que los indultos requieren sentencia. El 29 de diciembre de 1990 firmó otro conjunto de indultos poniendo en libertad a todos los condenados por violaciones a los derechos humanos, incluyendo militares y subversivos.

[ix] El indulto a los procesados sin sentencia es inconstitucional. Ver: Germán Bidart Campos “Otra vez el indulto ante la Corte (Y la Corte “indulta” al Presidente que indulta)”,  El Derecho, 22 de febrero de 1993; y  Emilio F. Mignone, Director del CELS, “Los decretos de indulto en la República Argentina”, www.derechos.org/nizkor/arg/doc/indultos.html. Los juicios eran entre trescientos y cuatrocientos (según Mignone o Nino), y cuarenta y cuatro los altos jefes no incluidos en la obediencia debida.

[x] La Convención fue aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas y abierta a la firma de los países el 26 de noviembre de 1968 y entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. La Argentina la firmó en 1970 y el Poder Legislativo la aprobó en 1995, en base al proyecto del Senador Nacional Hipólito Solari Yrigoyen, representante de la Unión Cívica Radical por la provincia de Chubut; pero la ratificación no había sido comunicada a las Naciones Unidas.

 


 

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DESAFÍOS DEL TIEMPO INMEDIATO por Roberto Pizarro*

Ernestina Gamas | 7 noviembre, 2013

Fuente Other News  

Las cifras del Centro de Estudios Públicos (CEP) son representativas del mayoritario sentir de la ciudadanía a favor de la recuperación del cobre, para terminar con los abusos a los consumidores, reducir las desigualdades regionales y de ingresos, y terminar con el lucro en la educación.

La reciente encuesta del CEP dice que Michelle Bachelet triunfará en las próximas elecciones presidenciales, y probablemente en la primera vuelta, el mismo 17 de noviembre. La encuesta también revela las demandas de la ciudadanía que desafiarán al nuevo gobierno. Más del 80% de las chilenas y chilenos desean que se nacionalice el cobre, que se reduzcan  las brechas de ingresos y que los consumidores sean debidamente protegidos de los abusos. Por otra parte, arriba del 70% de la ciudadanía otorga prioridad a la gratuidad de la educación y a la descentralización del país. Son los desafíos del tiempo inmediato.

Las cifras del CEP confirman que la sociedad chilena ha despertado. Los jóvenes movilizados desde el 2011 le hicieron ver al país que el modelo económico y el régimen político tenían que cambiar. Las razones son poderosas.

El crecimiento de la economía y el aumento de las exportaciones han resultado insatisfactorios porque la riqueza generada se ha concentrado en unos pocos grupos económicos y en sólo algunas regiones del país, lo que ha culminado en altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, los territorios y el poder.

No existe confianza en el camino productivo elegido. Se cuestiona la explotación y exportación intensiva de recursos naturales, que además ha conformado una estructura económica heterogénea, sin suficientes encadenamientos hacia la economía interna, vulnerable frente a las fluctuaciones internacionales y con impactos negativos en el medioambiente.

Han crecido las dudas sobre una política macroeconómica que deposita exclusivamente su confianza en las decisiones del mercado. La neutralidad y las insuficientes regulaciones han favorecidos a los agentes económicos más poderosos, pero han frenado las oportunidades de progreso para los pequeños empresarios, mientras trabajadores y consumidores viven en la indefensión.

La política social, eje del Estado subsidiario, está haciendo agua por todos lados.  La focalización, con escasos recursos fiscales, sólo permite atender las urgencias más básicas de los sectores de bajos ingresos. En tales condiciones, las ofertas en salud y educación para las familias pobres revelan manifiestos deterioros en calidad y facilidad de acceso, mientras los sectores medios se encuentran cercados por la incertidumbre.

Esa política social abrió las puertas para que el mundo empresarial privado extendiera sus negocios al área social.  Las ISAPRES y AFPs han resultado en generosas ganancias para sus dueños y en molestia permanente para sus clientes. Las pensiones miserables que están recibiendo los sectores medios y los costos crecientes de la salud privada se perciben como una estafa por la ciudadanía. Al mismo tiempo, el negocio de los sostenedores de los establecimientos educacionales privados, con subvención estatal, así como las universidades privadas han perdido toda credibilidad. El rechazo al lucro se ha generalizado. En estas condiciones, la población de ingresos medios enfrenta el desafío cotidiano de destinar gran parte de sus salarios para las cotizaciones de salud y comprar la educación de sus hijos. El negocio empresarial en salud, educación y previsión, es realizado por los mismos grupos económicos que controlan la actividad productiva, las exportaciones y la banca. Los tradicionales derechos de los ciudadanos se han convertido en negocios para los empresarios, y con el aval del Estado.

Los consumidores sufren agresiones brutales a sus derechos. Las multitiendas, supermercados y farmacias se han enriquecido gracias a la explotación sistemática de los consumidores. La “tasa de interés convencional” del 50%, más comisiones, multas y trampas varias,  estrangulan a los clientes modestos. La ganancia del gran comercio establecido ya no se encuentra en la venta de productos sino en el negocio financiero derivado del endeudamiento de los clientes. La clase media y los sectores populares, que reciben bajos salarios por su trabajo, sobreviven gracias a una vorágine de deudas, las que han potenciado las ganancias del 1% más rico de la población. Los comportamientos delincuenciales de La Polar así como la condonación impositiva a Johnson’s son reveladoras tanto de la incapacidad regulatoria del Estado como de su actitud complaciente con los grandes negocios. Los consumidores están en la indefensión

En definitiva, la política y el Estado, en vez de servir para compensar las desigualdades propias de una economía de mercado, se han convertido en instrumentos de ampliación del poder de las elites. En efecto, la heterogeneidad productiva, así como la  concentración, desigualdades y abusos del modelo chileno no se han visto corregidas por políticas públicas que reduzcan las diferencias productivas existentes entre regiones, empresas y sectores de actividad. Tampoco esas políticas públicas frenan los abusos a los consumidores. Además, las elites cuentan con un desproporcionado acceso a los medios de comunicación, mediante los cuales defienden y promueven la ideología y políticas públicas que sustentan el modelo económico.

Las cifras del CEP son representativas del mayoritario sentir de la ciudadanía a favor de la recuperación del cobre, para terminar con los abusos a los consumidores, reducir las desigualdades regionales y de ingresos, y terminar con el lucro en la educación. Esos son los temas ineludibles.

Aunque en la encuesta CEP no hay una abrumadora cifra a favor de una Asamblea Constituyente, ha crecido la conciencia ciudadana de que el cambio al modelo económico exige un nuevo orden político. En efecto, el masivo rechazo a la Alianza, a la Concertación y al Congreso se muestra en todas las encuestas y en la reciente del CEP. En los 23 años de democracia, la Concertación y la derecha han sido las únicas fuerzas participantes del juego político y sólo han sido desafiadas manifiestamente  por  el movimiento estudiantil a partir del 2011. El rechazo al duopolio es también, en el fondo, un cuestionamiento a los grupos económicos beneficiados con el modelo, que con sus recursos y mediante el lobismo subordinan a la clase política a sus intereses. Esto ha cansado a la ciudadanía y por ello el cambio constitucional es insoslayable.

Los desafíos del tiempo inmediato son de envergadura. En primer lugar, el crecimiento no puede seguir dependiendo de  los recursos naturales no-renovables y exige ser amistoso con el medio ambiente, así como favorecer una localización geográfica de la actividad económica, menos concentrada en la región metropolitana.  La recuperación del cobre para todos los chilenos puede permitir contar con recursos no sólo para universalizar las políticas sociales, sino también para diversificar la estructura productiva y así generar fuentes estables de empleo y neutralizar el impacto de los ciclos económicos internacionales.

En segundo lugar, la reducción de las desigualdades no puede seguir siendo materia de retórica electoral y debe incorporarse explícitamente en las metas gubernamentales. La experiencia de las dos últimas décadas muestra que la distribución de ingresos es bastante invariante al crecimiento económico. El acceso preferente al crédito, tecnología y mercados de las empresas grandes en relación a las medianas y pequeñas generan tendencias de concentración de mercados y riqueza. Ello debe ser enfrentado con políticas públicas agresivas del Estado, que den al trasto con la macroeconomía de la neutralidad  para privilegiar al pequeño empresario sobre el grande, fortalecer la negociación de los trabajadores en las empresas y castigar los abusos contra los consumidores.

Al mismo tiempo, las políticas sociales deben terminar con la focalización y comprometerse con la universalidad. Los estudiantes han dado una lección al país en la lucha por una educación gratuita, de calidad y sin segregaciones para todos los jóvenes, desde la cuna hasta la universidad. Ese camino es el que se debe seguir para terminar con el drama de las familias de bajos ingresos y  capas medias. Los ricos deberán pagar con impuestos la educación de todos los chilenos. Ese mismo camino debe abrirse para recobrar pensiones dignas de todos los jubilados, mediante un sistema de reparto; y, también, ha llegado la hora de responder a los enfermos ofreciéndoles una atención decente, independientemente de sus condiciones de ingreso.

Finalmente, el mayor de los desafíos radica en la urgente necesidad de modificar el contrato que se impuso a los chilenos y chilenas en 1980, el que se firmó  a punta de bayoneta. Hay que derogar la Constitución impuesta en dictadura, y que fue maquillada por el ex Presidente Lagos. Hay que derogarla porque es un seguro para proteger el neoliberalismo y una camisa de fuerza contra los intereses de participación política de las grandes mayorías: entre otras cosas, por el excluyente sistema electoral binominal como también porque consagra un Estado subsidiario que le impide al sector público desplegar iniciativas económicas y regular el mercado a favor de los sectores más débiles.

La construcción de un nuevo modelo de desarrollo, con un nuevo contrato social, es una tarea de envergadura que reclama la ciudadanía. Es una exigencia para el próximo gobierno. Habrá que desafiar intereses poderosos, grandes empresarios, medios de comunicación, políticos y economistas. El esfuerzo vale la pena. Son los desafíos del tiempo inmediato. 5 de noviembre de 2013

 

*Economista de la Universidad de Chile, con estudios de post grado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Integra el Grupo Nueva Economía.

 

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EL HOMBRE MEDIOCRE, LOS MEDIOS SERES Y LA TREGUA por Beltran Gambier

Ernestina Gamas | 7 noviembre, 2013

Publicado el 14 de septiembre ne el blog DE Beltran Gambier

Poco nos dice el diccionario de la Real Academia Española sobre la mediocridad. La primera acepción nos refiere a la calidad media de algo. La segunda nos dice que el adjetivo se vincula al poco mérito. "Tirando a malo" remata.

A mi me interesa la mediocridad vinculada a la naturaleza humana. Para esta reflexión utilizaré tres obras que me han impactado y que mencionaré a continuación. Un libro, una obra de teatro y una película.


El hombre mediocre

Hace 100 años el multifacético pensador italo-argentino José Ingenieros (nacido en Sicilia como Giuseppe Ingegnieri el 24 de abril de 1877) publicó un libro titulado "El hombre mediocre". Este autor nos propone tres categorías de hombres: el inferior, el mediocre y el idealista. Al aludir al hombre mediocre dice que es aquel que es incapaz de usar su imaginación para concebir ideales que le propongan un futuro por el cual luchar.

Sigo a Ingenieros para decir, aportando mi visión, que es mediocre el hombre que no sueña despierto, que es rutinario y claudicante, que está cargado de prejuicios. El hombre mediocre es domesticable y temeroso del "qué dirán", es envidioso de los audaces, de los héroes y de los genios. Pero lo más sorprendente, para mi, es que, para Ingenieros, es un hombre que no logra aprender a amar y que no sabe que la vida es permanente transformación para adaptarse a la realidad cambiante. 

Los medios seres

Esta conexión sobre amor y mediocridad me conduce a Ramón Gómez de la Serna y sus "medios seres". Cada vez que paso por el teatro Alcázar de Madrid me acuerdo de su obra que allí se estrenó -mientras Ramón tenía una relación oculta con la hija de Colombine-, el 7 de diciembre de 1929, con gran polémica. "Los medios seres" (descrita en el programa como una "farsa fácil en un prólogo y tres actos") proponía una una reflexión de cierto tono surrealista sobre la condición del hombre que necesita encontrar a otro ser para completarse. Pinchar aquí para acceder a una crónica del estreno de esa obra en el blog "egoteca del antipático"

La tregua: "tengo miedo de que no me pase nada en la vida"

Y por fin me vienen a la memoria dos escenas de la película "La tregua" (basada en el libro de Mario Benedetti), dirigida por mi querido y admirado Sergio Renán. En la primera Martín Santomé que es un mediocre burócrata interpretado por Héctor Alterio, habla con su hija veinteañera, interpretada por Marilina Ross. Ella le dice "tengo miedo de que no me pase nada en la vida" y sin decirlo con todas las palabras le expresa "como a vos". Pinchar aquí para ver la escena La segunda escena la interpreta el genial Antonio Gasalla, que es un empleado tímido y amanerado de Santomé (Alterio). Dice un discurso demoledor contra la mediocridad y la falta de ambición. Ocurre en la oficina. Sus compañeros se meten con él y lo cargan hasta que el estalla y dice de manera trepidante: “¿Por qué me cargan? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte viviendo otra vida, haciendo algo mejor que copiando números inútiles en papeles que nadie lee? ¡Idiotas! ¿A ustedes no les gustaría ser millonarios? ¿O artistas? ¿O hermosos? ¿Ustedes están realmente contentos con esta vida miserable?”.

¿Quién es mediocre y quién no lo es? ¿Quién ha encontrado a su ser complementario -su otra mitad- y quién no? ¿Quién está feliz con la vida que lleva? Que cada uno se lo pregunte.

*El autor es Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Director de la revista “Intramuros”

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