(El “costo salteño” y la litigiosidad como pretexto)

Si alguien pretende que los severos problemas que presentan el empleo, la productividad y el bienestar en el Norte argentino y en especial en Salta son el resultado del costo laboral o de la litigiosidad laboral, se equivoca. Yerran también quienes cifran sus esperanzas de mejores oportunidades y progreso en una improbable reforma laboral dictada desde los vértices nacionales.

Ni aun rebajando a la mitad los salarios, las cargas sociales y los derechos laborales de los escasos 120.000 trabajadores privados hoy registrados en el Norte, resolveríamos nuestro subdesarrollo.

Sencillamente porque nuestro subdesarrollo tiene raíces más profundas; que conectan con las carencias de nuestros sistemas de educación y de capacitación para el empleo; con la carga tributaria sin matices; con las aristas de nuestra cultura poco atentas al esfuerzo disciplinado; con la existencia de actividades de muy baja productividad; con el desaliento a la inversión productiva; con el costo de la energía y del crédito; con el enorme déficit que en materia de infraestructuras arrastra el Norte argentino; con lo rudimentario de nuestras estadísticas, sobre todo las judiciales y administrativas.

La lenta, costosa, envejecida e imprevisible administración pública salteña

Si nos apartamos, por un instante, de las agendas dictadas por los intereses corporativos, veremos que los salteños (y mucho de lo que señalaré a continuación se repite en nuestro Norte) tenemos urgencias más legítimas que aquellas que claman por desarticular los derechos de los trabajadores.

Me refiero a reformas que están al alcance de la mano de los gobernantes provinciales. Reformas que, en síntesis, deberían apuntar a terminar con el lento y gravoso funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Vale decir, con la morosidad de nuestras innúmeras ventanillas públicas y también privadas. Un concepto que incluye la pésima distribución geográfica de las dichosas ventanillas, los caóticos y estrechos horarios de atención al público, y el uso subdesarrollado de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Es sabido que la mayoría de los salteños (o formoseños, jujeños, catamarqueños, chaqueños e incluso tucumanos) viven, como empleados públicos, detrás de las ventanillas, o reciben ayudas y prestaciones del todopoderoso Estado. Y es conocido también que los gobernantes, rodeados de choferes, secretarios, asesores y canonjías ignoran el sufrir colas eternas, arbitrariedades cotidianas, el “vuelva usted la semana que viene”, “no hay nada todavía, papito”. Son ellos quienes, además, prohíjan las incesantes exacciones a las que estamos sometidos los que vivimos de la actividad privada.

Por lo tanto, ni gobernantes ni burócratas saben de las penurias de emprendedores, inversores, voluntarios, trabajadores o ciudadanos condenados a la agotadora búsqueda cotidiana de autorizaciones, visados, legalizaciones, dictámenes, apostillas, permisos, habilitaciones, resoluciones, formularios, proveídos, estampillas, depósitos, pagos de tasas y multas, prestaciones públicas, o incluso de decretos, leyes o sentencias.

En este orden de cosas, las Provincias debería sumarse a la estela reformista que -con celeridad y eficacia- lidera el flamante Ministerio de Modernización e introducir cambios en nuestras normas y rutinas administrativas, con miras democratizarlas, y aprovechar las herramientas tecnológicas que la Nación viene creando para la tramitación electrónica y a distancia.   

La mayoría de nuestros trámites administrativos o incluso judiciales provinciales carecen de exigencias homogéneas y, en consecuencia, dependen del cambiante humor o criterio del funcionario de turno. Mientras que un juzgado aplica unas reglas, el que está al lado aplica otras.  

Veamos ejemplos minúsculos pero expresivos, centrados todos ellos en Salta: Apostillar un documento exige no menos de 3 días (si usted tiene la suerte de que el funcionario que certifica tenga la firma registrada en el centro que legaliza), más 4 horas de vergonzosa espera en el Banco de la Nación, y sellados de variada jurisdicción. Horas perdidas y costos exagerados. Pero a nadie, tampoco al Colegio de Escribanos, se le ocurrió centralizar todo en una ventanilla única.

Innumerables requisitos se inventan o duplican. Por caso, la inscripción de una misma Sociedad por Acciones Simplificada en el Registro Público de Comercio y en la AFIP: “Tres copias con firma certificada por Escribano, y tres fotocopias del mismo instrumento legalizadas”. Total, varios días y muchos pesos. Lo que se agrava cuando SAETA se “traga” la recarga bancaria obligando al pasajero a pedir prestada una tarjeta a cambio de diez pesos. O cuando, llegado con todos los papeles, la encargada le pregunta: “¿Trajo las cinco estampillas de 25 centavos?” Por supuesto, nuevos viajes, más gastos y el contratiempo de los horarios de atención no sincronizados.

La asfixiante rutina de las declaraciones de impuestos que se duplican o triplican, incluso cuando no hay movimientos que declarar. Además, obviamente de los impuestos distorsivos que la Provincia cultiva y conserva para recrearse en gastos improductivos. Sin olvidar las tasas que presuntamente remuneran servicios y que, en algunos, son casos elevadas y en otros ridículamente bajas. 

Es imposible estimar las demoras en las que incurre la Legislatura salteña para tramitar de una Ley. Por ejemplo, ¿cuánto más habrá que esperar para la aprobación legislativa del urgente Proyecto de Ley de Promoción y Estabilidad Fiscal para el Empleo? Un Proyecto que, dicho sea de paso, está plagado de lagunas, de errores conceptuales y de ideología burocratizante.

Los que controlan el Estado provincial se engolosinan hablando de la salida al Pacífico, pero ignoran las acechanzas que el clima, la presión sindical, la precaria infraestructura y la burocracia aduanera representan para el tráfico de mercaderías desde y hacia Chile y otros mercados.

Suena a sarcasmo proponer sacrificios a los trabajadores registrados en Salta, mientras la producción y las familias soportamos la tarifa eléctrica más cara del país.

¿Es relevante la litigiosidad laboral en Salta?

Parece cierto que en algunas provincias industrializadas el índice de juicios iniciados reclama investigaciones y reformas que, en ningún caso, podrían cercenar el derecho fundamental de acceso a la justicia ni el principio protectorio.

Pero es aún más cierto que en Salta el número de juicios iniciados por los trabajadores no tiene el volumen ni la significación que presenta en el debate nacional. Si nos ceñimos a la litigiosidad derivada de riesgos del trabajo, en Salta se registra menos de un juicio (exactamente 0,4) por cada 1.000 trabajadores cubiertos; una cifra bajísima si se la compara con las más de 20 demandas anuales cada 1.000 trabajadores que se presentaron en Córdoba o Buenos Aires durante 2016.

Estas cifras -tomadas de un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo-dejan en ridículo a los que ven en la litigiosidad una amenaza para el empleo o la producción en Salta. Esgrimir el número de juicios laborales como argumento para legitimar recortes a los derechos de los trabajadores resulta, sencillamente inaceptable por falso.

Otro tanto sucede si analizamos la litigiosidad laboral en general. Aquí las estadísticas oficiales salteñas muestran que se inician 10 juicios cada 1.000 ocupados registrados, una cifra ínfima si la comparamos con indicadores nacionales o internacionales. Para colmo, la cantidad de juicios iniciados en el fuero laboral local permanece casi estática en los últimos 15 años.

No niego que en Salta existen problemas laborales. Pero estoy convencido de que los mismos se resuelven a través del diálogo y la negociación entre sindicatos y empresas. Un diálogo que hoy por hoy no es posible bien por culturas autoritarias o por el sucursalismo de nuestros sindicatos, o bien por el cepo que el país unitario impuso a la autonomía colectiva.

Gobierno sin plan ni equipos

En realidad, el Gobierno de la Provincia de Salta está desorientado. A veces actúa como aquel que abandonó toda esperanza; otras, se mueve sin un diagnóstico ceñido a la realidad local y, por tanto, se guía por números, dogmas y propuestas basadas en datos exógenos y en los grandes intereses del centro del país desarrollado. Usar las estadísticas de Córdoba o de la Ciudad de Buenos Aires para adoptar medidas en Salta, es algo así como escuchar que llueve en la Capital Federal y salir con paraguas a la Plaza 9 de Julio.

A nuestro Consejo Económico y Social que llega largos meses analizando un Programa para dentro de quince años habría que recordarle -dicho sea de paso- que el 2030 es tarde para las urgencias salteñas.

¿Piensan de verdad el Gobierno, los sindicatos y las cámaras empresarias que Salta podrá sumarse al nuevo ciclo económico y superar sus desafíos sin abolir el diseño unitario que a nuestras relaciones colectivas de trabajo impone desde hace más de 90 años el poderoso centro desarrollado?

Diez años son muchos años. Y bien haría el Gobierno en abrir mesas tripartitas asistidas por expertos independientes que analicen la situación salteña sin anteojeras y diseñe una estrategia para dialogar, apartarse de o integrarse en la nueva estrategia que lidera el presidente Macri con la vista y el corazón puesto en la pampa húmeda e industrializada.

                                                                                                                                                  Salta, 11 de noviembre de 2017.

* Abogado

El 9 de Octubre de 1945, cuando una fracción de oficiales del Ejército y la Armada presionaron al Presidente gral. Edelmiro Julián Farrell para su destitución, el coronel Juan Domingo Perón detentaba una cuota de poder inmensa dentro del régimen militar instaurado dos años antes: era simultáneamente Secretario de Trabajo y Previsión, Ministro de Guerra y Vicepresidente de la Nación. Como tal, segundo en la línea sucesoria, jefe del Ejército y pieza burocrática crucial en las relaciones entre la Dictadura y el complejo mundo sindical generado por la industrialización del país a raíz de la Gran Depresión primero y la Segunda Guerra Mundial después.

El Secretario-Ministro y Vicepresidente había logrado una proeza  impensable hacia mediados de 1943 para la inmensa mayoría de la extraviada dirigencia política. Volcó al polo social de la aún nonata alianza antifascista, tramada por los opositores a la Concordancia, en dirección a su coalición contraria encarnada en un régimen  cuyo antiliberalismo aunaba  al nacionalismo totalitario, al Ejército germanófilo y a la Iglesia integrista. En un mundo que acababa de asistir a la demolición de los fascismos, el régimen militar, que por fin le confirió sentido al frente antifascista, éste estaba perdiendo nada menos que al principal actor social de la izquierda política.

La movilización gremial de los días siguientes a su detención  culminó con una huelga general para el 18 en demanda de la liberación del jefe cautivo. Pero ya el 17, las masas de trabajadores procedentes  del Gran Buenos Aires irrumpieron en la capital con la aquiescencia indisimulada  de sectores del régimen que preservaban su fidelidad a Perón: la policía a cargo de uno de sus seguidores más fieles y el propio Presidente quien lo apreciaba como a un hijo y extrañaba su presencia en el gobierno militar. Cuando finalmente la fracción adversaria le concedió su libertad, Farrell lo convoco  por intermedio del propio general rebelde a la Casa Rosada en medio de una Plaza de Mayo atestada de obreros. La pregunta del Presidente fue concluyente: “muy bien, Perón; ¿Y ahora qué hacemos?”.

Con los generales a sus pies, el coronel montó durante los diez meses siguientes, elecciones mediante, un régimen de masas original que los erigía junto a la Iglesia y a los sindicatos como pilares de una Nación de homogeneidad pendiente. No es nuestro propósito analizar su curso durante la década siguiente hasta su derrumbe en 1955 ni las vicisitudes de los diecisiete años de encarnizada exclusión política tanto de Perón como de la mayoría de sus partidarios. Lo cierto es que ya desde fines de los 60 el poder militar que había asumido la tutoría política del país era consciente de que el camino emprendido con su derrocamiento los había colocado en un callejón sin salida. Para entonces, pocos dudaban de la indispensabilidad de su presencia para sortear la peligrosa crisis política de un país jaqueado por la rebelión de una sociedad  que había experimentado cambios  escasamente traducidos por la política y por el insurreccionalismo de una nueva izquierda armada. Sin embargo, no había fórmulas unánimes acerca de cómo rehabilitarlo.

La que finalmente terminó imponiéndose por la fuerza de las circunstancias fue la del entonces presidente y Comandante en jefe del Ejército, gral. Alejandro Agustín Lanusse. Su proyecto consistía acordar con su viejo enemigo, en contra de quien había conspirado en 1951, un gobierno de transición que el mismo habría de encabezar.  Procuraba de alguna forma reeditar a su favor la secuencia de 1945-46 Pero Lanusse partió de dos supuestos que, a la larga, resultaron errados: que Perón no quería de veras volver; y que, por lo tanto,  sería posible arrancarle su apoyo mediante una conjunción de negociaciones y provocaciones simbólicas solo comprensibles en términos de su común profesión militar.

Sin inhibiciones aparentes, el 17 de noviembre de 1972, Lanusse fue sorprendido por el sorpresivo retorno de su adversario. El juego estratégico entre el veterano jefe y el aspirante a sucederlo desde una posición de fuerza  alcanzó entonces su clímax. Ni bien desembarco en Ezeiza,  Perón fue confinado durante un día en el Hotel Internacional y sometido a presiones políticas y simbólicas para que, como en 1945, acudiera a pactar con el presidente; o para que en su defecto se amedrentara marchándose del país. Es que su rival de la Caballería suponía que Perón poseía un temperamento pusilánime menos por su psicología personal que por su trayectoria profesional. Al cabo, desde su perspectiva compartida por su círculo íntimo, un infante intelectual de estrategia e inteligencia poco inclinado a los actos de arrojo.

Así y todo, es probable que Perón hubiera acudido de haber sido invitado por un par de su arma y grado. Pero Lanusse optó, como un año antes al enviarle como interlocutor a un coronel,  por jugar fuerte a su subordinación  enviándole a un brigadier. Por lo demás, ya no lo convocaba un generalato desorientado sino un competidor algo torpe pero que se animó a desafiarlo en los propios términos en los que el siempre había leído la política. Perón no fue, se quedó y optó por negociar con sus viejos adversarios civiles a los que durante su régimen se cansó de descalificar desdeñosamente como la “partidocracia liberal”. No excluyó al Ejército, pero sorteo a la plana mayor del generalato estrechando sutiles comunicaciones con líneas subordinadas y asimiló veto a su candidatura; el último saldo del juego de Lanusse para forzarlo a negociar en sus términos.

Pocos días después, en el Restaurante Nino de Vicente López, la flor y nata de “los políticos” trasuntaron la antigua pregunta del gral. Farrell el 17 de Octubre. El desafío era esta vez más osado y de final abierto: relegitimar el sistema democrático  neutralizando a una izquierda armada que amenazaba con exterminar revolucionariamente al sistema. Tampoco es nuestro objeto abordar las vicisitudes durante los diez meses siguientes hasta su restitución formal en el gobierno en octubre de 1973. Lo cierto es que  con sus casi ochenta años a cuesta, una salud endeble, y una sociedad sumida en radicalidades irreconciliables no pudo reeditar  semejante proeza integrativa durante  los nueve meses de su tercer gobierno hasta su fallecimiento a mediados de 1974. Sin su figura ordenadora, el país se precipitó hacia un caos de consecuencias indelebles hasta nuestros días.

Pasiones y tabúes han perturbado hasta hoy abordajes históricos sensatos de ese breve período. Y sin embargo, ello resultaría crucial para la maduración de la democracia restaurada en 1983 previniendo su utilización oportunista  de cara al futuro.

*Historiador, Miembro del Club Político Argentino

           Por aquel entonces Europa, en particular Italia –más rica y con mucha más cultura que los demás estados europeos-  y el papado, se mostraban culpables de muchos  pecados: el lujo, el juego, la lujuria, la simonía. Como otras veces la corrupción de las costumbres marchó del bracete con la decadencia religiosa. Los vicios de los laicos eran muchas veces causa, pero  la más de las veces efecto, de los vicios de los curas y de los frailes, a quienes el peor ejemplo les venía de Roma, sobre todo desde que Alejandro VI, Borgia, subió a la silla de Pedro. Fue entonces que contra los unos y los otros se alzó la voz terrible de Fray Girolamo Savonarola, que predicaba la próxima llegada del castigo de Dios.

     Diecinueve años más tarde tenía inicio la Reforma protestante en Alemania. Tuvo sus motivaciones teológicas: mientras San Agustín predicaba la salvación a través de las obras, Lutero la predicaba a través de la fe.

     Aquí vale recordar algunas de las motivaciones terrenas, políticas, históricas.

     Puntualmente: en 1514 el príncipe Albert de Hohenzollern fue nombrado por el Papa Leone X (Medici), a los veintitrés años, Arzobispo de Magdeburgo. Pagó al Pontífice por ese cargo, así como por el obispado de Halbertstadt, la suma de  24.000 ducados. Tres años más tarde, Maguncia, el más extenso principado eclesiástico de Alemania, esperaba la designación de un nuevo Obispo. Si obtenía  el nombramiento Albert pondría sus manos sobre un tercio del territorio alemán. Hizo su oferta: 14.000 ducados por el arzobispado más 10.000 por la dispensa papal que le permitiría mantener todos los cargos. Intermedió en el negocio el Banco Fugger, de Augusta, que anticipó los fondos. Concluída la operación Albert debía a los Fugger 30.000 ducados. Los banqueros indicaron el modo de pago. Albert promovería en sus tierras la predicación de las indulgencias del Papa Leone X. Los fieles pagarían  una contribución para la construcción de la Basílica de San Pedro, en Roma, y obtendríán a cambio un certificado: el Papa los absolvería de todos sus pecados. La mitad de lo recaudado financiaría los obradores en Roma. El resto Albert lo destinaría  a pagar a los Fugger.

     El encargo fue confiado a Fray Johann Teztel, el predicador más experto del lugar. Teztel recorrió las aldeas durante todo el verano de 1517. Se detuvo en la frontera de Turingia que pertenecía a  Federico el Sabio, Duque de Sajonia. No podía poner sus pies allí. Federico recaudaba él mismo las indulgencias a través de la venta de reliquias cristianas. No toleraba competidores en su territorio. Pero  Teztel era experimentado y hábil: sabía  que los súbditos de Federico recorrerían sin problemas unos pocos kilómetros más allá de la frontera. Un nulla obstat para el paraíso bien valía el viaje.

     El ir y venir de las almas en búsqueda de asegurarse el perdón indignó a muerte a un joven fraile agustiniano, doctor y profesor en la Universidad de Wittenberg. No pudo tolerar la obscenidad del mercado que, con el blasón y el sello papal, Teztel había puesto en pie a la vista de todos.

     El 31 de octubre de 1517 el fraile fijó en la puerta norte de la capilla del castillo de Wittenberg las noventa y cinco tesis contra el comercio de indulgencias, escritas de su puño y letra.

     Se llamaba Martín Lutero. Fue excomulgado en 1521 y en 1545 el papa convocó el concilio de Trento, llamado de la contrareforma, que no logró unir a la iglesia.

     Con el gesto de Lutero tuvo comienzo la Reforma protestante.

     Su influencia fue muy grande, en el campo de la vida social y en el de la religión cristiana.

       La Reforma protestante removió por completo el estigma que pesaba  sobre el enriquecimiento personal por el comercio y el préstamo a interés, glorificó los negocios y la ganancia monetaria y echó los fundamentos del enaltecimiento del hombre de negocios. Una de sus mayores influencias sobre la vida y las ideas económicas fue el impulso que dio al ahorro, a la frugalidad y a la dureza del trabajo manual. Este especial ímpetu se debió particulamente a Calvino y sus partidarios, pues borraron del trabajo el tinte de servilismo con el cual había estado asociado en los tiempo clásicos y el aspecto penitencial que le había sido asignado por el catolicismo medieval. Calvino sostenía que la ociosidad había sido condenada por Dios, consideró al trabajo como una forma de prevenir el pecado y a la frugalidad como un medio de acumulación económica. De aquí procede, principalmente, la persistente tradición de las bendiciones morales y económicas que corresponden al trabajo enérgico dominantes en la época moderna.  Cuando la burguesía se hizo rica descubrió, naturalmente, que el trabajo es una virtud…especialmente de la clase obrera.

     El riguroso código moral desarrollado por los puritanos no fue, parcialmente, otra cosa que una sobrecompensación por su dedicación casi absoluta a la obtención de ganancias materiales en empresas tan dudosas como la piratería, el filibusterismo, la trata de esclavos y la venta de ron. La pureza moral de que  hacían ostentación, la observancia rigurosa del sábado y otros deberes religiosos contribuyó a que sintieran sus conciencias limpias y a darles un sentimiento de piedad, autosuficiencia y respetabilidad: “prayer for profit ! ”

       En el campo de la religión cristiana cabe anotar, en síntesis brevísima, algunos puntos esenciales, además de la referencia hecha al principio de este artículo acerca de los diversos caminos para lograr la salvación del alma.

      Lutero se alzó contra el tráfico de las indulgencias. Estas son una suerte de perdón de la pena del tiempo a pasar en el purgatorio por las almas después de la muerte. Las concede la iglesia católica con motivo de los jubileos, como este año por el jubileo de la misericordia. Hoy no se compran, están unidas a un acto religioso: atravesar la puerta santa, confesarse, asistir a una misa rezando por las intenciones del papa.

       Para Lutero solo contaban la Biblia y no la iglesia católica uno de cuyos objetivos es interpretarla para sus fieles. Lutero preconizó el acceso directo de cada persona al texto de la Biblia y una interpretación personal en conciencia. A partir del Concilio Vaticano II la iglesia católica  admite y favorece el acceso de todos al texto bíblico, pero no acepta que su interpretación quede librada al juicio de cualquiera.

      Los protestantes rechazan la autoridad papal para asignar a los sacerdotes el derecho a administrar los sacramentos. Para ellos el sacramento de la eucaristía no representa la presencia real de Cristo sino una presencia solamente simbólica. Rechazan asimismo la virginidad de María y el culto de los santos.

      Un proceso de acercamiento se inició a través de un trabajo teológico común a partir de 1967 que fructificó en 2013 en el documento producido por ambas partes llamado “Del conflicto a la comunión”. Y ahora, el 31 de octubre, el papa Francisco, tras haberse acercado en la primavera europea a la iglesia vadense –una iglesia “protestante” anterior en cuatrocientos años a Lutero ! – celebrará en Suecia, junto a la Federación Luterana Mundial, los 500 años de la reforma del fraile de Wittenberg.El viernes 27, en una entrevista a la revista “La civiltà cattolica”, dijo, a modo de explicación de su periplo, que “(…) no se puede ser católico y sectario”.

*El contenido de este artículo repite en gran medida textos del libro del autor “Conocer a Machiavelli”, de aparición en estos días.

***Ex juez de la Cámara Federal de La Plata y conjuez de la Corte Suprema