(El “costo salteño” y la litigiosidad como pretexto)

Si alguien pretende que los severos problemas que presentan el empleo, la productividad y el bienestar en el Norte argentino y en especial en Salta son el resultado del costo laboral o de la litigiosidad laboral, se equivoca. Yerran también quienes cifran sus esperanzas de mejores oportunidades y progreso en una improbable reforma laboral dictada desde los vértices nacionales.

Ni aun rebajando a la mitad los salarios, las cargas sociales y los derechos laborales de los escasos 120.000 trabajadores privados hoy registrados en el Norte, resolveríamos nuestro subdesarrollo.

Sencillamente porque nuestro subdesarrollo tiene raíces más profundas; que conectan con las carencias de nuestros sistemas de educación y de capacitación para el empleo; con la carga tributaria sin matices; con las aristas de nuestra cultura poco atentas al esfuerzo disciplinado; con la existencia de actividades de muy baja productividad; con el desaliento a la inversión productiva; con el costo de la energía y del crédito; con el enorme déficit que en materia de infraestructuras arrastra el Norte argentino; con lo rudimentario de nuestras estadísticas, sobre todo las judiciales y administrativas.

La lenta, costosa, envejecida e imprevisible administración pública salteña

Si nos apartamos, por un instante, de las agendas dictadas por los intereses corporativos, veremos que los salteños (y mucho de lo que señalaré a continuación se repite en nuestro Norte) tenemos urgencias más legítimas que aquellas que claman por desarticular los derechos de los trabajadores.

Me refiero a reformas que están al alcance de la mano de los gobernantes provinciales. Reformas que, en síntesis, deberían apuntar a terminar con el lento y gravoso funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Vale decir, con la morosidad de nuestras innúmeras ventanillas públicas y también privadas. Un concepto que incluye la pésima distribución geográfica de las dichosas ventanillas, los caóticos y estrechos horarios de atención al público, y el uso subdesarrollado de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Es sabido que la mayoría de los salteños (o formoseños, jujeños, catamarqueños, chaqueños e incluso tucumanos) viven, como empleados públicos, detrás de las ventanillas, o reciben ayudas y prestaciones del todopoderoso Estado. Y es conocido también que los gobernantes, rodeados de choferes, secretarios, asesores y canonjías ignoran el sufrir colas eternas, arbitrariedades cotidianas, el “vuelva usted la semana que viene”, “no hay nada todavía, papito”. Son ellos quienes, además, prohíjan las incesantes exacciones a las que estamos sometidos los que vivimos de la actividad privada.

Por lo tanto, ni gobernantes ni burócratas saben de las penurias de emprendedores, inversores, voluntarios, trabajadores o ciudadanos condenados a la agotadora búsqueda cotidiana de autorizaciones, visados, legalizaciones, dictámenes, apostillas, permisos, habilitaciones, resoluciones, formularios, proveídos, estampillas, depósitos, pagos de tasas y multas, prestaciones públicas, o incluso de decretos, leyes o sentencias.

En este orden de cosas, las Provincias debería sumarse a la estela reformista que -con celeridad y eficacia- lidera el flamante Ministerio de Modernización e introducir cambios en nuestras normas y rutinas administrativas, con miras democratizarlas, y aprovechar las herramientas tecnológicas que la Nación viene creando para la tramitación electrónica y a distancia.   

La mayoría de nuestros trámites administrativos o incluso judiciales provinciales carecen de exigencias homogéneas y, en consecuencia, dependen del cambiante humor o criterio del funcionario de turno. Mientras que un juzgado aplica unas reglas, el que está al lado aplica otras.  

Veamos ejemplos minúsculos pero expresivos, centrados todos ellos en Salta: Apostillar un documento exige no menos de 3 días (si usted tiene la suerte de que el funcionario que certifica tenga la firma registrada en el centro que legaliza), más 4 horas de vergonzosa espera en el Banco de la Nación, y sellados de variada jurisdicción. Horas perdidas y costos exagerados. Pero a nadie, tampoco al Colegio de Escribanos, se le ocurrió centralizar todo en una ventanilla única.

Innumerables requisitos se inventan o duplican. Por caso, la inscripción de una misma Sociedad por Acciones Simplificada en el Registro Público de Comercio y en la AFIP: “Tres copias con firma certificada por Escribano, y tres fotocopias del mismo instrumento legalizadas”. Total, varios días y muchos pesos. Lo que se agrava cuando SAETA se “traga” la recarga bancaria obligando al pasajero a pedir prestada una tarjeta a cambio de diez pesos. O cuando, llegado con todos los papeles, la encargada le pregunta: “¿Trajo las cinco estampillas de 25 centavos?” Por supuesto, nuevos viajes, más gastos y el contratiempo de los horarios de atención no sincronizados.

La asfixiante rutina de las declaraciones de impuestos que se duplican o triplican, incluso cuando no hay movimientos que declarar. Además, obviamente de los impuestos distorsivos que la Provincia cultiva y conserva para recrearse en gastos improductivos. Sin olvidar las tasas que presuntamente remuneran servicios y que, en algunos, son casos elevadas y en otros ridículamente bajas. 

Es imposible estimar las demoras en las que incurre la Legislatura salteña para tramitar de una Ley. Por ejemplo, ¿cuánto más habrá que esperar para la aprobación legislativa del urgente Proyecto de Ley de Promoción y Estabilidad Fiscal para el Empleo? Un Proyecto que, dicho sea de paso, está plagado de lagunas, de errores conceptuales y de ideología burocratizante.

Los que controlan el Estado provincial se engolosinan hablando de la salida al Pacífico, pero ignoran las acechanzas que el clima, la presión sindical, la precaria infraestructura y la burocracia aduanera representan para el tráfico de mercaderías desde y hacia Chile y otros mercados.

Suena a sarcasmo proponer sacrificios a los trabajadores registrados en Salta, mientras la producción y las familias soportamos la tarifa eléctrica más cara del país.

¿Es relevante la litigiosidad laboral en Salta?

Parece cierto que en algunas provincias industrializadas el índice de juicios iniciados reclama investigaciones y reformas que, en ningún caso, podrían cercenar el derecho fundamental de acceso a la justicia ni el principio protectorio.

Pero es aún más cierto que en Salta el número de juicios iniciados por los trabajadores no tiene el volumen ni la significación que presenta en el debate nacional. Si nos ceñimos a la litigiosidad derivada de riesgos del trabajo, en Salta se registra menos de un juicio (exactamente 0,4) por cada 1.000 trabajadores cubiertos; una cifra bajísima si se la compara con las más de 20 demandas anuales cada 1.000 trabajadores que se presentaron en Córdoba o Buenos Aires durante 2016.

Estas cifras -tomadas de un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo-dejan en ridículo a los que ven en la litigiosidad una amenaza para el empleo o la producción en Salta. Esgrimir el número de juicios laborales como argumento para legitimar recortes a los derechos de los trabajadores resulta, sencillamente inaceptable por falso.

Otro tanto sucede si analizamos la litigiosidad laboral en general. Aquí las estadísticas oficiales salteñas muestran que se inician 10 juicios cada 1.000 ocupados registrados, una cifra ínfima si la comparamos con indicadores nacionales o internacionales. Para colmo, la cantidad de juicios iniciados en el fuero laboral local permanece casi estática en los últimos 15 años.

No niego que en Salta existen problemas laborales. Pero estoy convencido de que los mismos se resuelven a través del diálogo y la negociación entre sindicatos y empresas. Un diálogo que hoy por hoy no es posible bien por culturas autoritarias o por el sucursalismo de nuestros sindicatos, o bien por el cepo que el país unitario impuso a la autonomía colectiva.

Gobierno sin plan ni equipos

En realidad, el Gobierno de la Provincia de Salta está desorientado. A veces actúa como aquel que abandonó toda esperanza; otras, se mueve sin un diagnóstico ceñido a la realidad local y, por tanto, se guía por números, dogmas y propuestas basadas en datos exógenos y en los grandes intereses del centro del país desarrollado. Usar las estadísticas de Córdoba o de la Ciudad de Buenos Aires para adoptar medidas en Salta, es algo así como escuchar que llueve en la Capital Federal y salir con paraguas a la Plaza 9 de Julio.

A nuestro Consejo Económico y Social que llega largos meses analizando un Programa para dentro de quince años habría que recordarle -dicho sea de paso- que el 2030 es tarde para las urgencias salteñas.

¿Piensan de verdad el Gobierno, los sindicatos y las cámaras empresarias que Salta podrá sumarse al nuevo ciclo económico y superar sus desafíos sin abolir el diseño unitario que a nuestras relaciones colectivas de trabajo impone desde hace más de 90 años el poderoso centro desarrollado?

Diez años son muchos años. Y bien haría el Gobierno en abrir mesas tripartitas asistidas por expertos independientes que analicen la situación salteña sin anteojeras y diseñe una estrategia para dialogar, apartarse de o integrarse en la nueva estrategia que lidera el presidente Macri con la vista y el corazón puesto en la pampa húmeda e industrializada.

                                                                                                                                                  Salta, 11 de noviembre de 2017.

* Abogado