Fuente Other News

Una de las características del pensamiento económico y social neoliberal es creer en la superioridad del sector privado sobre el público, favoreciendo la privatización y mercantilización de los bienes y servicios, atribuyendo a tal mercantilización una mayor eficiencia de la distribución de recursos que la que existe en la esfera pública. Como bien dijo el gran referente del pensamiento neoliberal, el Presidente Reagan de EEUU, “el Estado no es nunca la solución. En realidad, es siempre el problema”.

Esta visión y creencia se extiende en dicho pensamiento a todos los sectores de la sociedad, incluyendo los servicios e instituciones sanitarios, mostrando la sanidad estadounidense (donde la propiedad, financiación y gestión de las instituciones sanitarias es primordialmente privada) como modelo de eficiencia y de eficacia. En aquel país la mercantilización de la medicina ha alcanzado su máximo desarrollo, considerándose tal mercantilización como la responsable de su gran supuesta eficiencia, y presentándose como ejemplo de ello las grandes instituciones hospitalarias estadounidenses, la mayoría privadas, reconocidas por su gran renombre y prestigio (como Hopkins, la Mayo Clinic, el Mount Sinai Hospital en Nueva York y un largo etcétera).

Esta visión, muy generalizada en España, es, sin embargo, profundamente errónea. Y los datos están ahí para demostrarlo. Basta comparar indicadores de eficiencia y eficacia de la sanidad estadounidense con la de otros países, incluido España, de semejante desarrollo económico, con financiación pública de su sistema sanitario, para ver que el pensamiento neoliberal está idealizando el modelo neoliberal. Veamos primero cuánto se gasta EEUU en sanidad para ver más tarde qué es lo que consigue con este gasto.

Una característica de la sanidad estadounidense es lo enormemente cara que es la atención médica. La sociedad estadounidense se gasta muchísimo más per cápita en sanidad, 8.713 dólares, que cualquier otro país capitalista desarrollado. Canadá se gasta 4.351 $, Francia 4.123 $, Alemania 4.818 $, Japón 3.713 $, Suecia 4.904 $, Reino Unido 3.234 $ y España (la que se gasta menos) 2.898 $. En todos estos países la financiación de la atención médica es predominantemente pública (la mayoría de datos proveídos en este artículo proceden de la base de datos de la OCDE: Health Expenditure and Financing; Health Care Utilisation, Consultations; Health Care Resources, Nurses; Health Care Utilisation, Hospital average length of stay by diagnostic categories; and Demography and Population. También proceden de los informes anuales de Physicians for a National Health Program).

¿Por qué el gasto sanitario es tan elevado?

Los pensadores liberales han intentado argumentar que el hecho de que el gasto sanitario en EEUU sea mucho más alto que en el resto de países a los dos lados del Atlántico Norte se debe a que los estadounidenses utilizan el sector sanitario mucho más frecuentemente que la población de los otros países. Los datos, sin embargo, muestran lo contrario. El número de visitas al médico por habitante durante el año 2012 fue en EEUU de solo 4 visitas, el número más bajo de visitas entre países comparables por su nivel de desarrollo económico. En Australia fue de 6,9 visitas; en Canadá 7,7 visitas; en Dinamarca 4,7 visitas; en Francia 6,7 visitas; en Japón 12,9 visitas; en Reino Unido 5 visitas; y en España 7,4 visitas. España es uno de los países con mayor número de visitas por habitante (fuente: OCDE, Health Care Utilisations and Consultations).

Una situación semejante ocurre en cuanto a la utilización hospitalaria. El promedio de días que los enfermos pasan en el hospital en EEUU es uno de los más bajos en los países de semejante nivel de desarrollo, 4,8 días en el hospital por enfermo, más bajo que en Australia con 5,7 días, que en Francia con 5,6 días, que en Suecia con 8,6 días, y que en España con 6,7 días. No es cierto, por lo tanto, que EEUU gaste mucho más que cualquier otro país debido a que la población utilice más los servicios que en otros países. En realidad, los datos muestran que los utilizan menos, y no más, que aquellos países que tienen financiación pública.

Otro argumento que se utiliza para justificar y/o explicar el elevado gasto sanitario por habitante es el supuesto elevado número de profesionales trabajando en el sector. De nuevo, los datos muestran lo contrario. EEUU es uno de los países con menos profesionales sanitarios, un número que en algunas profesiones, como enfermería, es especialmente bajo. Tiene, por ejemplo, 11,1 enfermeros por cada 1.000 habitantes, un número por debajo del existente en Dinamarca con 16,3, en Alemania con 12,61 y en Noruega con 16,53. En España, por cierto, es incluso más bajo que EEUU. Solo 5,24 enfermeros por 1.000 habitantes, dato que debería considerarse preocupante debido a la enorme importancia que la enfermería tiene para garantizar la atención continuada a la población.

Por último, otra explicación (incorrecta) que se ha dado de este elevado gasto sanitario es el gran porcentaje de la población que tiene más de 65 años, el sector de la población que consume más recursos sanitarios. Pero de nuevo, los datos muestran que EEUU es el país con un porcentaje de personas por encima de los 65 años más bajo. Concretamente, solo el 13,7% de la población son personas de más de 65 años, comparado con Canadá 14,9%, Francia 17,5%, Alemania 20,7%, Italia 20,6%, Japón 24,1%, Suecia 19% y España 17,5%.

Las causas reales del elevado gasto sanitario

La mayor causa de este elevado gasto sanitario en EEUU es la financiación, provisión y gestión privada de la sanidad y la mercantilización de la medicina. La financiación de los servicios médicos y su gestión es primordialmente privada, realizándose a través de las compañías de seguros médicos, que controlan la financiación y gestión del sistema. Y estas compañías son enormemente rentables, habiendo creado una estructura administrativa enorme como resultado del pago por diagnóstico, que conlleva una enorme carga administrativa. Son estas estructuras administrativas (la burocracia privada) las que consumen gran cantidad de recursos, estando los dirigentes de estos conglomerados del aseguramiento privado entre los empresarios mejor pagados del país. El director de una de las compañías de seguros médicos más grandes de EEUU, United Health Group, es un tal Stephen Hemsley, que recibe una compensación de 66 millones de dólares al año (o 254.328 dólares al día). El número de administradores ha crecido desde el año 1990 exponencialmente, mucho más rápidamente que el crecimiento de profesionales en el sector.

Otro sector enormemente rentable –además de las compañías de seguros médicos- es el de la industria farmacéutica, que es la industria que genera mayores beneficios en EEUU.

Características del modelo sanitario liberal: limitadísima eficiencia y eficacia

Además de su enorme carestía, el sistema sanitario estadounidense es sumamente impopular. En realidad, EEUU es uno de los países donde la población está más insatisfecha con el sistema de financiación y organización de las instituciones sanitarias. Al paciente le gusta el médico y el hospital, pero no le gusta nada cómo se financian y cómo se gestionan. El porcentaje de la población estadounidense que está harta de la privatización de la medicina es el más elevado entre los países a ambos lados del Atlántico Norte. Nada menos que el 40% de dicha población desearía un cambio profundo y radical del sistema sanitario, comparado con solo un 12% en Canadá y en el Reino Unido.

Además, a pesar del enorme gasto, la cobertura sanitaria es muy ineficaz. La mercantilización de la medicina determina una sobreutilización de los servicios sanitarios por parte de los profesionales y de las instituciones médicas. EEUU es el sistema sanitario que tiene mayor número de intervenciones quirúrgicas que son inapropiadas y/o innecesarias. Y un indicador que resume dramáticamente el nivel de inhumanidad a la cual llega dicha mercantilización es que el 38% de pacientes con enfermedades terminales (es decir, que se están muriendo) expresan gran preocupación sobre cómo ellos o sus familiares podrán pagar las facturas médicas.

Ante este hecho, ¿cómo es que el sistema sanitario no cambia?

A primera vista, parece una paradoja que la gente no esté satisfecha con el sistema de financiación y gestión privada de la sanidad, y en cambio la clase política no cambie el sistema. En un sistema que se define como democrático tendría que suponerse que la clase política decide e implementa lo que la mayoría de la ciudadanía desea. Pues bien, esto no ocurre en EEUU, donde el proceso electoral también se financia con fondos privados. El Congreso de EEUU está financiado principalmente por aquellos intereses económicos (tales como las compañías de seguros médicos y las industrias farmacéuticas) que consiguen grandes beneficios de financiación de la sanidad. De ahí que el Congreso, que está controlado por tales intereses financieros y económicos, se oponga a esos cambios. La financiación tanto de los servicios sanitarios como del proceso electoral es la nueva expresión, no del famoso mercado, sino de los grupos de poder financiero y económico que controlan el país.

De ahí que sus consecuencias hayan sido y continúen siendo sumamente negativas para la salud y bienestar de las poblaciones expuestas a tales privatizaciones y la calidad de sus instituciones democráticas. La extensión de las privatizaciones que han realizado los partidos conservadores y liberales en España (incluyendo en Catalunya), el PP y Convergència, a los que hay que añadir ahora Ciudadanos, dañará la sanidad española, cuyo mayor problema es su enorme subfinanciación pública. Las voces, próximas al capital financiero –la banca y las compañías de seguro- que constantemente promueven (con la ayuda de las cajas de resonancia que les proveen los medios) la percepción de que el gasto público sanitario es excesivo o satisfactorio, están contribuyendo a mantener una situación que debería considerarse como inaceptable.

*Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Polícy. The Johns Hopkins University. En Público.es, 22 mar 2016

La política contemporánea invita permanentemente a encarar debates que son absolutamente periféricos e intranscendentes, que tienen la intención de ocultar contenidos de mayor magnitud. No importa cuál sea el tema que propone la coyuntura. Invariablemente todo gira alrededor de lo mismo.

Lo concreto es que el gasto estatal está totalmente desbordado. La sociedad pretende que el Estado lo haga todo, barato y bien. Eso requiere de recursos que no son inacabables. En ese contexto, la disyuntiva central pasa por definir a quienes saquear en cada ocasión.

Vale la pena recordar que los gobiernos se alimentan de tres únicas fuentes y por más creatividad que se le imprima a este dilema, serán los impuestos, el endeudamiento o la emisión de dinero, las únicas alternativas a las que pueden recurrir los que conducen los destinos políticos de la comunidad.

Se podrán buscar atajos, se utilizarán ardides, se encontrarán inclusive métodos para dilatar los impactos, pero inexorablemente la cuenta algún día se paga. Las vivencias dan testimonio de que cuanto más retorcido es el artilugio, desenredarlo resulta, a su vez, mucho más engorroso.

Esta es la radiografía de muchas sociedades que han intentado hacer del gasto estatal un mecanismo flexible, capaz de soportar cualquier dislate, sin advertir que han fabricado una verdadera "bomba de tiempo".

Esa intrincada construcción no resiste más y administrarla con sensatez parece casi imposible. La clase política ha decidido no dar la mala noticia. Es por eso que siguen hablando del Estado como un ente mágico que todo lo puede y que es capaz de brindar múltiples soluciones a los problemas.

Tal vez sea el momento de empezar a admitir que ese discurso está repleto de repetidas falacias y absurdas mentiras. El Estado no puede siquiera resolver los asuntos más elementales, esos que le dieron nacimiento en el origen de las sociedades organizadas.

La Justicia ya no goza de ninguna respetabilidad y los ciudadanos saben que su seguridad personal, depende más de las acciones preventivas que encara cada individuo que de la protección del las leyes. El Estado no aborda sus funciones esenciales con eficiencia. No puede ocuparse siquiera de lo menos, por lo tanto tampoco puede hacer bien el resto de esas misiones que la ciudadana, en un acto de candidez e ingenuidad, le encomienda.

Claro que la política miente cuando dice que puede hacerse cargo de esos nobles objetivos. El Estado moderno no puede garantizar ni seguridad ni justicia, pero tampoco es eficaz a la hora de educar o curar, mucho menos puede ser empresario o administrar algo más complejo con cierto criterio.

Es tiempo de entender que los dirigentes han ingresado al círculo vicioso del embuste eterno, solo porque no han reunido el valor suficiente para confesar que el sistema que ellos defienden ha colapsado y es ingobernable.

Es importante aceptar que la mayoría de ellos, también, siguen en esa inercia crónica porque existe una sociedad que prefiere la ceguera y la inocencia a la verdad, esa que se verifica en la propia experiencia empírica.

Es más fácil delegar responsabilidades que asumirlas como propias. Será por eso, probablemente, que los ciudadanos siguen buscando a quien endilgarle la tarea que ellos mismos no desean tomar en sus manos.

No se trata de defenestrar a la política y convertirla en la única responsable de todas las calamidades de esta era sino, en todo caso, de comprender que parte de este desatino permanente le toca a cada uno en este juego.

La política debe ser el instrumento para transformar la realidad. Pero es vital distinguir entre su potencial, lo que se puede esperar de ella y su dramático presente, diferenciando lo que debería hacer de lo que hace.

La dirigencia actual ha elegido obedecer a la sociedad, intentando ser consecuente con sus demandas, por eso solo dice lo que la gente quiere escuchar. Son los ciudadanos los que parecen estar muy confundidos al creer que lo que el Estado gasta nace del aire, al punto que muchos se han convencido de que si los políticos dejan de robar, el dinero es inagotable.

La corrupción es mala y no debería ser tolerada jamás, en ninguna de sus formas. Pero es muy ingenuo creer que si el gobierno fuera honesto le sobrarían los recursos para hacer todo lo que la gente pretende.

Como en la vida misma, se precisa comprender que las necesidades insatisfechas son ilimitadas pero también que los recursos son siempre escasos. En definitiva, solo se trata de asignar prioridades y eso implica, irremediablemente, dejar de lado ciertas cuestiones para privilegiar otras.

Mientras no se comprenda esta lógica básica, se seguirá tropezando indefinidamente. En esto, todos son responsables. Primero los líderes por no plantear con franqueza la verdad, aunque sea políticamente incorrecta, pero también la ciudadanía que, a estas alturas, ya no puede alegar ignorancia.

Se puede seguir debatiendo sobre las circunstancias emergentes del presente, sobre si es mejor crear nuevos impuestos o aumentar los existentes, emitir a mansalva o endeudarse como tantas otras veces en el pasado, pero más tarde o más temprano, habrá que enfrentar la verdadera discusión de fondo.

*Periodista.Consultor Privado en Comunicación, Analista Político,Conferencista Internacional, Presidente de la FUNDACIÓN CLUB DE LA LIBERTAD, Miembro de la Comisión Directiva de la RED POR LA LIBERTAD,Columnista de INFOBAE en Argentina,Columnista de DIARIO, EXTERIOR de España, Columnista de EL CATO de EEUU,Conductor del los ciclos radial  y televisivo EXISTE OTRO CAMINO.Ha publicado más de 470 artículos en 15 países de habla hispana

Premio a la Libertad de la Fundación Atlas 2006

Premio Periodista del Año de Corrientes, por Fundación Convivencia en 2002 y 2011

Premio Corrientes por la labor periodística en 2013

Fuente Other News

Cuando, hace casi treinta años, empecé los estudios sobre el sistema judicial en diferentes países, la administración de justicia era la dimensión institucional del Estado con menos visibilidad pública. La gran excepción era Estados Unidos debido al papel crucial del Tribunal Supremo en la definición de las políticas públicas más decisivas.

Siendo el único órgano de soberanía no electo, con un carácter reactivo (no pudiendo, en general, movilizarse por propia iniciativa) y dependiendo de otras instituciones del Estado para hacer cumplir sus decisiones (servicios penitenciarios, administración pública), los tribunales tenían una función relativamente modesta en la vida orgánica de la separación de poderes instaurada por el liberalismo político moderno, y tanto es así que la función judicial se consideraba apolítica. A ello también contribuía el hecho de que los tribunales sólo atendían conflictos individuales y no colectivos y estaban diseñados para no interferir en las élites y las clases dirigentes, protegidas por inmunidades y otros privilegios. Poco se sabía sobre cómo funcionaba el sistema judicial, las características de los ciudadanos que recurrían a él y con qué objetivos.

Todo ha cambiado desde entonces hasta nuestros días debido, entre otros factores, a la crisis de representación política que afectó a los órganos de la soberanía electos, a una mayor conciencia de los derechos por parte de los ciudadanos y al hecho de que las élites políticas, desafiadas por algunos impasses políticos sobre temas controvertidos, han comenzado a ver el recurso selectivo a los tribunales como una forma de descargar el peso político de ciertas decisiones. También fue importante el hecho de que el neoconstitucionalismo emergente de la Segunda Guerra Mundial otorgara un peso muy fuerte al control de constitucionalidad por parte de los tribunales constitucionales. Esta innovación tuvo dos lecturas opuestas. Según una de ellas, se trataba de someter la legislación ordinaria a un control que impidiese su fácil instrumentalización por fuerzas políticas interesadas en hacer tabula rasa de los preceptos constitucionales, como sucedió, de manera extrema, en los regímenes dictatoriales nazis y fascistas. Según la otra lectura, el control de constitucionalidad era el instrumento del que se servían las clases políticas dominantes para defenderse de posibles amenazas a sus intereses resultantes de las vicisitudes de la política democrática y de la “tiranía de la mayoría”. Sea como sea, por todas estas razones surgió un nuevo tipo de activismo judicial que se conoció como judicialización de la política y que inevitablemente condujo a la politización de la justicia.

La gran visibilidad pública de los tribunales en las últimas décadas resultó, en buena medida, de los casos judiciales que involucraron a miembros de las élites políticas y económicas. El gran punto de inflexión fue el conjunto de procesos criminales que alcanzó a casi toda la clase política y a gran parte de la élite económica de Italia conocido como operación Manos Limpias. Iniciada en Milán en abril de 1992, consistió en investigaciones y detenciones de ministros, dirigentes partidarios, miembros del Parlamento (en un momento dado estaban siendo investigados alrededor de un tercio de los diputados), empresarios, funcionarios públicos, periodistas, miembros de los servicios secretos acusados de delitos de soborno, corrupción, abuso de poder, fraude, quiebra fraudulenta, contabilidad falsa y financiación política ilegal. Dos años más tarde, 633 personas habían sido detenidas en Nápoles, 623 en Milán y 444 en Roma. Por haber alcanzado a toda la clase política con responsabilidades de gobierno en el pasado reciente, el proceso Manos Limpias sacudió los cimientos del régimen político italiano y estuvo en el origen de la emergencia, años más tarde, del “fenómeno” Berlusconi. Con los años, por estas y otras razones, los tribunales han adquirido gran notoriedad pública en muchos países. El caso más reciente, y quizá el más dramático de todos los que conozco, es la operación Lava Jato en Brasil.

Iniciada en marzo de 2014, esta operación judicial y policial de lucha contra la corrupción, en la que están involucrados más de un centenar de políticos, empresarios y administradores, ha venido convirtiéndose poco a poco en el centro de la vida política brasileña. Al entrar en su 24ª fase, con la implicación del expresidente Lula da Silva y la forma en que fue ejecutada, está provocando una crisis política de dimensiones similares a la que precedió el golpe de Estado que en 1964 instauró una odiosa dictadura militar que duraría hasta 1985. El sistema judicial, que tiene a su cargo la defensa y garantía del orden jurídico, se transforma en un peligroso factor de desorden jurídico. Medidas judiciales flagrantemente ilegales e inconstitucionales, la selectividad grosera del celo persecutorio, la promiscuidad aberrante con los medios de comunicación al servicio de las élites políticas conservadores, el hiperactivismo judicial aparentemente anárquico, traducido, por ejemplo, en 27 medidas cautelares que buscan el mismo acto político (impedir la nominación ministerial de Lula da Silva), todo esto conforma una situación de caos judicial que resalta la inseguridad jurídica, profundiza la polarización social y política y pone la propia democracia brasileña al borde del caos.

Con el orden jurídico transformado en desorden jurídico, con la democracia secuestrada por el órgano soberano que no es elegido, la vida política y social se convierte en un potencial campo de despojos a merced de aventureros y buitres políticos. Llegados hasta aquí, se imponen varias preguntas. ¿Cómo se ha llegado a este punto? ¿Quién se aprovecha de esta situación? ¿Qué debe hacerse para salvar la democracia brasileña y las instituciones que la sostienen, incluyendo en particular a los tribunales? ¿Cómo atacar esta hidra de muchas cabezas de modo que a cada cabeza cortada no crezcan más cabezas? Trato de identificar en este texto algunas pistas de respuesta.

¿Cómo hemos llegado a este punto?

¿Por qué razón la operación Lava Jato está sobrepasando todos los límites de la polémica que normalmente suscita cualquier caso destacado de activismo judicial? Téngase en cuenta que a menudo se ha invocado la similitud con el proceso de Manos Limpias en Italia para justificar la notoriedad y agitación públicas causadas por el activismo judicial. Sin embargo, las similitudes son más aparentes que reales. Hay, por el contrario, dos diferencias decisivas entre ambas operaciones. Por un lado, los magistrados italianos mantuvieron un escrupuloso respeto por el proceso penal y, a lo sumo, se limitaron a aplicar normas estratégicamente olvidadas por un sistema judicial conformista y connivente con los privilegios de las elites políticas dominantes en la vida política italiana de posguerra. Por otro, procuraron investigar con el mismo celo los delitos de dirigentes políticos de diferentes partidos políticos con responsabilidades gubernamentales. Asumieron una posición políticamente neutral precisamente para defender el sistema judicial de los ataques que sin duda recibiría por parte de los afectados de sus investigaciones y acusaciones. Todo esto está en las antípodas del triste espectáculo que un sector del sistema judicial brasileño está dando al mundo. El impacto del activismo de los magistrados italianos llegó a ser designado como República de los Jueces. En el caso del activismo del sector judicial “lavajatista”, podemos hablar, como mucho, de República judicial bananera. ¿Por qué? Por el impulso externo que con toda evidencia está detrás de esta instancia específica de activismo judicial brasileño y que estuvo en gran medida ausente en el caso italiano

Este impulso dicta la selectividad flagrante de celo investigador y acusador. A pesar de estar involucrados responsables de varios partidos, la operación Lava Jato, con la complicidad de los medios de comunicación, se ha esmerado en la implicación de líderes del PT con el objetivo, hoy indisimulable, de suscitar el asesinato político de la presidenta Dilma Rousseff y del expresidente Lula da Silva.

Por la importancia del impulso externo y la selectividad de la acción judicial que tiende a provocar, la operación Lava Jato tiene más similitudes con otra operación judicial llevada cabo en Alemania, durante la República de Weimar, tras el fracaso de la revolución alemana de 1918. A partir de ese año, y en un contexto de violencia política proveniente tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, los tribunales alemanes revelaron una dualidad chocante de criterios: castigar severamente la violencia de la extrema izquierda y tratar con gran benevolencia la violencia de la extrema derecha, la misma que años más tarde llevaría a Hitler al poder.

En el caso brasileño, el impulso externo son las élites económicas y las fuerzas políticas a su servicio que no se conforman con la pérdida de las elecciones en 2014 y que, en un contexto global de crisis de acumulación del capital, se sintieron fuertemente amenazadas por cuatro años más sin controlar la parte de los recursos del país directamente vinculada al Estado en el que siempre se basó su poder. Esta amenaza ha llegado al paroxismo con la perspectiva de que Lula da Silva, considerado el mejor presidente de Brasil desde 1988 y que dejó el gobierno con un índice de aprobación del 80%, se postule como candidato presidencial en 2018. A partir de ese momento, la democracia brasileña dejó de ser funcional para este bloque político conservador y comenzó la desestabilización política.

La señal más evidente de la pulsión antidemocrática fue el movimiento por el impeachment [proceso de destitución] de la presidenta Dilma pocos meses después de su toma de posesión, algo si no insólito, al menos muy poco común en la historia democrática de las últimas tres décadas. Bloqueados en su lucha por el poder a través de la regla democrática de las mayorías (la “tiranía de las mayorías”), trataron de poner a su servicio el órgano de soberanía menos dependiente del juego democrático y específicamente diseñado para proteger a las minorías, es decir, los tribunales. La operación Lava Jato, en sí misma extremamente meritoria, fue el instrumento utilizado. Contando con la cultura jurídica conservadora dominante en el sistema judicial, en las facultades de derecho y en el país en general, y con un arma mediática de alta potencia y precisión, el bloque conservador ha hecho todo lo posible para desvirtuar la operación Lava Jato, desviándola de sus objetivos judiciales, en sí mismos fundamentales para la profundización democrática, y convirtiéndola en una operación de exterminio político. Esta alteración consistió en mantener la fachada institucional de la operación Lava Jato, pero adulterando profundamente la estructura funcional que la animaba mediante la sobreposición de la lógica política a la lógica judicial. En tanto la lógica judicial se asienta en la coherencia entre medios y fines dictada por las reglas procesales y las garantías constitucionales, la lógica política, cuando es animada por la pulsión antidemocrática, subordina los fines a los medios y define su eficacia por el grado de esa subordinación.

En todo este proceso, tres grandes factores juegan a favor de los designios del bloque conservador. El primero resultó de la dramática descaracterización del PT como partido democrático de izquierda. Una vez en el poder, el PT decidió gobernar a la antigua usanza (es decir, oligárquica) para fines nuevos e innovadores. Ignorante de la lección de la República de Weimar, creyó que las “irregularidades” que cometiese serían tratadas con la misma benevolencia con que eran tradicionalmente tratadas las irregularidades de las élites y clases políticas conservadoras que habían dominado el país desde la independencia. Ignorante también de la lección marxista que decía haber asumido, no fue capaz de ver que el capital solo confía en los suyos para gobernar y que nunca es grato con quien, no siendo suyo, le hace favores. Aprovechando un contexto internacional de excepcional valorización de los productos primarios, provocado por el desarrollo de China, incentivó a los ricos a enriquecerse como condición para disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo las extraordinarias políticas de redistribución social que hicieron de Brasil un país sustancialmente menos injusto al liberar a más de 45 millones de brasileños del yugo endémico de la pobreza. Terminado el contexto internacional favorable, solo una política “a la nueva moda” podría dar sustento a la redistribución social, o sea, una política que, entre muchas otras vertientes, se asentase en la reforma política para neutralizar la promiscuidad entre el poder político y el poder económico, en la reforma fiscal para que tributen los ricos a fin de financiar la redistribución social después del fin del boom de las commodities, y en la reforma de los medios de comunicación, no para censurar sino para garantizar la diversidad de la opinión publicada. Era, sin embargo, demasiado tarde para tanta cosa que solo podría haber sido hecha a su tiempo y fuera del contexto de crisis.

El segundo factor, relacionado con éste, es la crisis económica global y el férreo control que tiene sobre ella quien la causa, el capital financiero, entregado a su vorágine autodestructiva, destruyendo riqueza bajo el pretexto de crear riqueza, transformando el dinero de medio de intercambio en mercancía por excelencia del negocio de la especulación. La hipertrofia de los mercados financieros no permite el crecimiento económico y, por el contrario, exige políticas de austeridad mediante las cuales los pobres son conferidos al deber de ayudar a los ricos a mantener su riqueza y, si es posible, a ser más ricos. En estas condiciones, las precarias clases medias creadas en el período anterior quedan al borde del abismo de la pobreza abrupta. Intoxicadas por los media conservadores, convierten fácilmente a los gobiernos responsables de lo que son hoy en responsables de lo que les puede suceder mañana. Esto es tanto más probable en cuanto que su viaje desde la senzala hacia los patios exteriores de la Casa Grande fue realizado con el billete del consumo y no con el de la ciudadanía [1].

El tercer factor a favor del bloque conservador es el hecho de que el imperialismo norteamericano está de regreso en el continente después de sus aventuras en Oriente Medio. Hace cincuenta años, los intereses imperialistas no conocían otro medio sino las dictaduras militares para alinear a los países del continente con sus intereses. Hoy disponen de otros medios que consisten básicamente en financiar proyectos de desarrollo local y organizaciones no gubernamentales en las que la defensa de la democracia es la fachada para atacar de forma agresiva y provocadora a los gobiernos progresistas (“fuera el comunismo”, “fuera el marxismo”, “fuera Paulo Freire”, “no somos Venezuela”, etcétera). En tiempos en que la dictadura puede ser dispensada si la democracia sirve a los intereses económicos dominantes, y en que los militares, todavía traumatizados por las experiencias anteriores, parecen no estar disponibles para nuevas aventuras autoritarias, estas formas de desestabilización son consideradas más eficaces porque permiten sustituir gobiernos progresistas por gobiernos conservadores manteniendo la fachada democrática. Los financiamientos que hoy circulan abundantemente en Brasil provienen de una multiplicidad de fondos (la nueva naturaleza de un imperialismo más difuso), desde las tradicionales organizaciones vinculadas a la CIA hasta los hermanos Koch, que en los Estados Unidos financian la política más conservadora y tienen intereses sobre todo en el sector del petróleo, y las organizaciones evangélicas norteamericanas.

La primera y más urgente tarea es salvar el órgano judicial brasileño del abismo en que está entrando. Para eso, el sector íntegro del sistema judicial, que ciertamente es mayoritario, debe asumir la tarea de reponer el orden, la serenidad y la contención en el interior del sistema. El principio orientador es simple de formular: la independencia de los tribunales en el Estado de derecho busca permitir a los tribunales cumplir con su cuota de responsabilidad en la consolidación del orden y la convivencia democráticas. Para ello no pueden poner su independencia al servicio de intereses corporativos, ni de intereses políticos sectoriales, por muy poderosos que sean. El principio es fácil de formular pero muy difícil de aplicar. La responsabilidad mayor en su aplicación reside ahora en dos instancias. El STF (Supremo Tribunal Federal) debe asumir su papel de máximo garante del orden jurídico y poner término a la anarquía jurídica que se está instaurando. Muchas decisiones importantes recaerán sobre el STF en los próximos tiempos y ellas deben ser acatadas por todos, cualquiera sea su tenor. El STF es en este momento la única institución que puede trabar la dinámica de estado de excepción que está instalada. Por su parte, el CNJ (Consejo Nacional de Justicia), al que compete el poder disciplinario sobre los magistrados, debe instaurar de inmediato procesos disciplinarios por reiterada prevaricación y abuso procesal, no solo al juez Sérgio Moro sino también a todos los otros que siguieron el mismo tipo de actuación. Sin medidas disciplinarias ejemplares, el órgano judicial brasileño corre el riesgo de perder todo el peso institucional que cimentó en las últimas décadas, un peso que, como sabemos, no fue siquiera usado para favorecer fuerzas o políticas de izquierda. Solo fue conquistado manteniendo la coherencia y la isonomía entre medios y fines.

Si esta primera tarea fuese realizada con éxito, la separación de poderes estará garantizada y el proceso político democrático seguirá su curso. El gobierno de Dilma decidió acoger a Lula da Silva entre sus ministros. Está en su derecho de hacerlo y no compete a ninguna institución, y mucho menos al órgano judicial, impedirlo. No se trata de huir de la justicia por parte de un político que nunca huyó de la lucha, dado que será juzgado (si ese fuera el caso) por quien siempre lo juzgaría en última instancia: el STF. Sería una aberración jurídica aplicar en este caso la teoría del “juez natural de la causa”. Puede, eso sí, discordarse del acierto de la decisión política tomada. Lula da Silva y Dilma Rousseff saben que hacen una jugada arriesgada. Tanto más arriesgada si la presencia de Lula no significa un cambio de rumbo que arrebate a las fuerzas conservadoras el control sobre el grado y el ritmo de desgaste que ejercen sobre el gobierno. En el fondo, solo elecciones presidenciales anticipadas permitirían reponer la normalidad. Si la decisión de Lula-Dilma saliera mal, la carrera de ambos habrá llegado a su fin, un fin indigno y particularmente indigno para un político que tanta dignidad devolvió a tantos millones de brasileños. Además, el PT necesitará muchos años hasta volver a ganar credibilidad entre la mayoría de la población brasileña, y para eso tendrá que pasar por un proceso de profunda transformación. Si todo sale bien, el nuevo gobierno tendrá que cambiar urgentemente de política para no frustrar la confianza de los millones de brasileños que están saliendo a las calles contra los golpistas. Si el gobierno brasileño quiere ser ayudado por tantos manifestantes, tiene que ayudarlos a tener razones para ayudarlo. Es decir, sea en la oposición, sea en el gobierno, el PT está condenado a reinventarse. Y sabemos que en el gobierno esta tarea será mucho más difícil.

La tercera tarea es todavía más compleja porque en los próximos tiempos la democracia brasileña tendrá que ser defendida tanto en las instituciones como en las calles. Como en las calles no se hace formulación política, las instituciones tendrán la prioridad debida incluso en tiempos de pulsión autoritaria y de excepción antidemocrática Las maniobras de desestabilización van a continuar y serán tanto más agresivas cuanto más visible sea la debilidad del gobierno y de las fuerzas que lo apoyan. Habrá infiltración de provocadores tanto en las organizaciones y movimientos populares como en las protestas pacíficas que realicen. La vigilancia tendrá que ser total ya que este tipo de provocación está hoy siendo utilizado en muchos contextos para criminalizar la protesta social, fortalecer la represión estatal y crear estados de excepción, utilizando para ello la fachada de normalidad democrática. De algún modo, como ha sostenido Tarso Genro, el estado de excepción ya está instalado, por lo que la bandera “No habrá golpe” tiene que ser entendida como denuncia del golpe político-judicial que ya está en curso, un golpe de nuevo tipo que es necesario neutralizar.

Finalmente, la democracia brasileña puede beneficiarse de la experiencia reciente de algunos países vecinos. El modo en que las políticas progresistas fueron realizadas en el continente no permitió dislocar hacia la izquierda el centro político a partir del cual se definen las posiciones de izquierda y de derecha. Por eso, cuando los gobiernos progresistas son derrotados, la derecha llega al poder poseída por una virulencia inaudita orientada a destruir en poco tiempo todo lo que fue construido a favor de las clases populares en el período anterior. La derecha viene entonces con un ánimo revanchista destinado a cortar de raíz la posibilidad de que vuelva a surgir un gobierno progresista en el futuro. Y logra la complicidad del capital financiero internacional para inculcar en las clases populares y en los excluidos la idea de que la austeridad no es una política con la que se puedan enfrentar, sino un destino al que se deben acomodar. El gobierno de Macri en Argentina es un caso ejemplar al respecto.

La guerra no está perdida, pero tampoco se ganará si solamente se acumulan batallas perdidas, lo que sucederá si se insiste en los errores del pasado.

Notas
[1] Casa-Grande e Senzala (1933), traducido al castellano como Los maestros y los esclavos, es una obra del antropólogo Gilberto Freyre que trata sobre la formación de la moderna sociedad brasileña bajo el régimen del monocultivo colonial de la caña de azúcar. La Casa Grande alude al lugar donde vivían los señores explotadores de esclavos que cultivaban el azúcar y la senzala se refiere a las habitaciones de los esclavos negros [N. del T.].

*Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Artículo enviado a Other News por el autor. Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Fuente Other News

A Gonzalo Carranza le dieron la libertad para matarlo. Fue a pocas cuadras de la cárcel de La Plata, el 3 de febrero 1978, cuando tenía 27 años. Lo conocí en la cárcel de Villa Devoto, dónde estuve preso durante un año, gracias a la “Operación Cóndor”. Mi encuentro con él fue en una celda de castigo que compartimos durante dos semanas. Eran los tiempos de Videla en Argentina y de Pinochet en Chile. Los dictadores se pusieron de acuerdo para aplastar a los grupos opositores, mediante una coordinación represiva que asesinaba, torturaba, robaba y raptaba niños. En esos tiempos la vida era una lotería. Mi esposa –también detenida en Villa Devoto– y yo nos salvamos. A Gonzalo lo asesinaron.

Cuando los chilenos ingresamos a la cárcel de Villa Devoto, los presos argentinos nos dijeron que teníamos que respetar la tradición, la que se resumía en dos conceptos: los presos políticos no corren y tampoco se abren los cantos (nalgas). “La requisa” revisaba detalladamente las celdas de tanto en tanto, exigiendo al preso descubrir su ano para buscar posibles “embutes” (escondites) y luego lo obligaban a salir de la celda y correr hasta el fondo del pabellón.

El preso político debía rechazar a voz en cuello la indagación sobre su intimidad diciendo, “los presos políticos no se abren los cantos” y los guardias, en una suerte de acuerdo tácito, lo aceptaban; inmediatamente después exigían correr, pero el preso político debía gritar: “los presos políticos no corren”. Y “la requisa” dejaba pasar esa particular forma de resistir dentro de la cárcel. Eran los tiempos de Isabel Perón y de Lopez Rega.

“López Rega promovió un sistema de represión criminal clandestina que pronto se abrió paso resueltamente. Muerto Perón en julio de 1974, fue sucedido en la presidencia por su cónyuge, Isabel Martínez de Perón, bajo cuyo gobierno López Rega medró casi sin límites y su metodología se fue expandiendo sin obstáculos. El eclipse de éste en 1975 no significó la extinción del sistema sino, en realidad, su consolidación, su despersonalización y de algún modo su institucionalización. En marzo de 1976 también Isabel Perón debió abandonar el gobierno y las fuerzas armadas llevaron a sus últimas consecuencias la técnica de la represión criminal clandestina.” (Salvador María Lozada)

El 24 de Marzo de 1976 se instaló la dictadura de Videla. El gobierno de Isabel y López Rega se caía a pedazos por la corrupción, el desorden económico, el accionar represivo paralelo de la triple A, en medio de la protesta que crecía en el movimiento sindical y el accionar de las organizaciones guerrilleras. A diferencia de lo que sucedió con el golpe en Chile, el derrocamiento de Isabel Perón recibió cierto reconocimiento a nivel mundial en la ilusa creencia que se disciplinaría la represión y que volvería el orden a Argentina. No fue así. El Gobierno de Videla se convirtió en el más criminal en toda la historia argentina, con niveles de corrupción superiores al gobierno derrocado. Tuvo además la pretensión de refundar la economía argentina.

“Estado Terrorista y modelo económico neoliberal fueron las dos caras de una misma moneda: el ejército se encargó de destruir físicamente las bases de apoyo y la resistencia de los sectores progresistas, sindicatos y organizaciones de izquierda, y Martínez de Hoz se ocupó de acabar con sus fuentes de alimentación: el Estado Benefactor y la industria.” (Juan Ignacio Pontis)

Cuando, en noviembre de 1975, bajo el Gobierno de Isabel, ingresé a Villa Devoto habíamos sólo dos presos por celda, los que no corrían ni se abrían los cantos cuando “la requisa” lo exigía. Todo se pudrió a partir del 24 de Marzo. Con el golpe militar de Videla ingresaron a la cárcel dirigentes sindicales, pobladores, estudiantes e intelectuales. Pasamos a ser siete presos por celda. Ya no eran los militantes convencidos, los combatientes de la guerrilla peronista o guevarista y algunos extranjeros de los países vecinos los que convivíamos en Villa Devoto. La cárcel se masificó y se convirtió en un infierno. No sólo en Villa Devoto, sino en todo el país. Se impuso el terror y la venganza, desde el Estado. El general Ibérico Saint Jean, resumió los propósitos que perseguía el Gobierno militar: “Primero vamos a matar a todos los subversivos, después a sus colaboradores; después a los indiferentes y por último a los tímidos.”

Supe del asesinato de Gonzalo estando en Inglaterra, lugar de mi refugio político. No me he olvidado de él. Cuando llegó “la requisa” a mi celda, después del golpe de Videla, pude darme cuenta que la represión, que ya era dura con Isabel, se había convertido en algo distinto. Completamente distinto. Esta vez nos golpearon brutalmente, rompieron los escasos enseres que se nos permitía poseer y liquidaron en pocas horas esa tradición carcelaria de los presos políticos: ¡qué no se abren los cantos! ¡ qué no corren!

En efecto, los que no nos abrimos los cantos y los que no corrimos frente a la exigencia de los represores fuimos enviados a “los chanchos”, vale decir a las celdas de castigo de Villa Devoto, en el subterráneo. Allí conocí a Gonzalo Carranza. Los gendarmes me llevaron a su misma celda de castigo, lugar de un metro cuadrado, dónde no cabíamos los dos sentados.

No recuerdo la causa por la que Gonzalo se encontraba detenido. Tampoco recuerdo su militancia. Gonzalo estaba en otro piso, en el pabellón de los duros, pero en el subterráneo se acumularon todos los castigados: “los subversivos, sus colaboradores, los indiferentes y los tímidos.” Allí nos conocimos y hablamos de nuestras vidas. Gonzalo era expresivo, conversador y alegre. A los guardias les gustaba conversar con él cuando iba al baño o a través de la puerta. Le dije que con ese encanto le sería fácil convencer al juez de su inocencia. Su tranquilidad era sorprendente cuando me dijo: el juez Russo de La Plata, el que lleva mi causa, me la tiene jurada. Soy hombre muerto.

“Hasta ese día Piñero desconocía el paradero de su esposo. La última noticia había sido que el 26 de enero lo habían trasladado los militares, pero no sabía a dónde. Entonces fue a ver al juez Russo: “No siga con las gestiones porque en lugar de uno van a ser dos”, le respondió el fallecido magistrado, en alusión a que la mujer podía también desaparecer.” (Testimonio de María Teresa Piñero, esposa de Angel Piñero, asesinado en la Unidad carcelaria 9 de la Plata, meses antes que Gonzalo Carranza).

Yo sentía cierta culpabilidad al saber el destino que le esperaba a Gonzalo. Los chilenos detenidos en noviembre de 1975, en el marco de la “Operación Cóndor, teníamos cierto “capital social”. Cayeron detenidos junto a nosotros una pareja de ingleses lo que nos dio protección de la Corona y, además, la protesta internacional a favor de los chilenos era inconmensurable. Solidarizar con Chile y los chilenos significaba colocarse junto a la dignidad de Salvador Allende y al patriotismo del General Prats y rechazar la vulgaridad de Pinochet. No sucedía lo mismo con Videla, quien había derrocado a un gobierno vergonzante. Eso se pensaba hace 40 años, cuando se creía que los crímenes de Videla eran distintos a los de Pinochet.

“Después de verlo en tantas fotos, un día vi una en que lo llevaban preso. Iba entre dos policías, iba viejo, con el pelo blanco y escaso, más flaco que nunca, hasta parecía tambalear o era como si lo arrastraran. No se lo veía con ganas de aceptar ese destino, pero menos aún con fuerzas como para rechazarlo. Era el Monstruo. No el que Borges y Bioy imaginaron y condenaron (instrumentando el metafórico asesinato de un intelectual judío) en un endeble cuento montevideano, no el que los irritaba y agredía convocando a los cabecitas en un día festivo, no el que organizaba en la plaza histórica su fiesta interminable. Era el verdadero Monstruo, el que hizo la fiesta más sangrienta de la historia de este país, el que no la hizo en la plaza histórica sino en los sótanos del horror o en el río inmóvil. Era Videla.” (José Pablo Feinmann).

La cárcel de Villa Devoto cambió a partir del golpe militar. Los gritos de los que se aferraban a los camastros para impedir que los gendarmes los condujeran hacia la tortura o la muerte se escuchaban a diario. Pero, en la Unidad de La Plata fue peor. Allí trasladaron desde Devoto a Gonzalo, a Dardo Cabo, a Gorosito, a Rappaport y a tantos otros compañeros de infortunio que conocí personalmente o por sus historias políticas. A tantos que mataron y con quienes nos comunicábamos por “palomitas” (mensajes enviados por las ventanas de las celdas, mediante un hilo comunicante) o a quienes se les escuchaba a lo lejos las canciones de Victor Jara, Violeta Parra o Mercedes Sosa.

Jueces, curas, militares y policías represores contaron con el apoyo incondicional del jefe de la Unidad Penal N°9 de La Plata durante la dictadura, el prefecto Abel David Dupuy, para torturar, asesinar a los presos y amenazar a sus familiares. La Asociación por los Derechos Humanos de La Plata responsabilizó a Dupuy de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los detenidos en aquel penal de esta ciudad, desde fines de 1976 a 1980, período en que el prefecto estuvo a cargo de la jefatura del penal. En la solicitud, de cuarenta páginas, el organismo individualizó nueve homicidios, cinco casos de desaparición forzada y diecinueve tormentos. (ADHP).

Gonzalo Carranza sabía que su destino era inevitable. Lo habían condenado al patíbulo por adelantado. No importaba si era inocente o no. A los represores tampoco les interesaba el sufrimiento de su esposa, de sus padres, de los que lo conocimos y quisimos. En mi caso tan fugazmente. Yo pude salir a Inglaterra, con Alicia, mi esposa. Mis hijos, Rodrigo y Andrés, se encontraron con nosotros en viaje directo desde Chile, dónde tuvieron que permanecer durante un año por las amenazas de muerte que habían recibido en Buenos Aires.

Gonzalo está entre las treinta mil personas que desaparecieron en Argentina. Seres humanos con historias, ilusiones y deseos, con amigos, padres, madres e hijos que los aman, los recuerdan y claman por la verdad y justicia que merecen. Yo te sigo recordando Gonzalo y también te recuerda Benedetti. Si, ese. El mismo escritor uruguayo que tanto te gustaba y del que me hablabas cuando tú estabas de pie y yo sentado y luego yo de pie y tu sentado en “el Chancho” de Villa Devoto. Y allí estuvimos porque “los presos políticos no corren” y “los presos políticos no se abren los cantos”.

“A pesar de las muertes que los militares les depararon, los 30.000 desaparecidos permanecen poblando el compromiso y la esperanza. 30.000 desaparecidos que siguen aferrados en la gente que protesta, que se enfrenta, que desafía a un sistema aberrante de injusticia y perversión. 30.000 desaparecidos que reaparecen en cada fisura social, en cada marea que los trae, en las Madres que los reclaman; en los Hijos que los nombran y los pelean. 30.000 desaparecidos que son parte indisoluble de todas y todos los que han seguido luchando, sobrellevando sus ausencias. 30.000 desaparecidos que tomaron cuerpo y voz en otras latitudes en donde los reconocen como propios.” (Benedetti)

*Economista de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economia, ha sido decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile). Artículo publicado en POLITIKA, de Santiago.

Publicado en La Prensa el 13 de marzo de 2016

UN OXÍMORON PAPAL

Para el Papa, la libertad del mercado es un oxímoron porque al no haber iguales, no hay libertad. El Capital sí es libre.  Por eso nuestros neoliberales no lo entienden al Papa argentino. 

SE AGOTÓ EL PENSAMIENTO

Porque el fin de la teoría acompaña el fin del espíritu y la nueva ideología es el datismo.

EMPATIA

Dice Nora Bär que el neurocientifico francés Jean Decety, editor en jefe del Journal of Social Nerosciencie y director del Brain Research Imagen Center de la Universidad de Chicago, uno de los pioneros en el estudio de la empatía, mostró que esa resonancia emocional es innata: a las 18 horas de nacer, si un bebé llora en la nursery, los demás se ponen a llorar, y chicos de menos de tres años detectan rápidamente el daño intencional.

BUEN AVISO

Un Estado donde quedan impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo.

Sófocles (495 AC-406 AD )

PENSANDO EN EL VATICANO

Cristo se dejó crucificar pero no usar. Ahora es más usado que amado.

MERCADO LIBRE

La, ideología del mercado libre ha quedado desacreditada tras décadas de desigualdad.

Naomi Klein

MAMMA MIA!

Los diputados sin honor de la Tercer Republica de Matteo Renzi. Desde 2013, en Italia, 234 parlamentarios ya han cambiado varias veces de “camiseta”. Es el récord histórico del transformismo desde la segunda mitad del siglo XIX y el número continúa en aumento. Nunca ocurrió nada similar y algunos proponen multa para los traidores.

RECOMIENDO UNA LECTURA

“El desmonoramiento (Treinta años de declive americano) de George Parker publicado por editorial Debate. Constituye el retrato de una superpotencia a punto de derrumbarse, con élites que ya no lo son, instituciones que ya no funcionan y la gente común abandonada a su suerte. Una historia caleidoscópica de la nueva América, tal vez la obra más ambiciosa publicada en mucho tiempo. Ganó el National Book Award.  Lo único que falta es que gane Trump.

¡OJO CON LA IMPUNIDAD!

Quien no castiga a los malos, daña a los buenos.

Cicerón (106AC- 43AC)

FINALMENTE ERA CREYENTE…

Porque cuando cerca de su muerte le pidieron a Voltaire que renunciara al Diablo, contestó que no era el momento de hacerse de enemigos.

*El autor es periodista y escritor

Carta publicada el 12 de marzo en Ñ

Si bien me resultó muy interesante en Hoja de Ruta la nota de March Mazzei “Documental: el arco musical de Astor Piazzolla” (Ñ 648), me llamó la atención que no se mencionara en ella para nada que, siendo Astor apenas veinteañero, por indicación de Juan José Castro, se convirtiera en el primer discípulo de Alberto Ginastera, otro veinteañero un poco mayor que él y fuera su alumno durante cinco años, transformándose esa relación en una verdadera amistad que siguió entre Paris y Ginebra hasta el final de sus vidas. Lo que afirmo me consta por mi amistad con Astor y su familia desde que convivimos en Nueva York a partir de 1958, donde tuve oportunidad de presentarle a Igor Stravinsky grHISTORIAS ALREDEDOR DE ASTOR PIZZZOLLA por Aacias a Victoria Ocampo. Y también por habérmelo contado el propio Alberto Ginastera, cuando me tocó organizar en Washington DC el estreno mundial de su Ópera Bomarzo.

^{*El autor, periodista y escritor,}

El interminable debate en torno al dilema sobre si la gestión de las reformas debe abordarse con políticas de shock o con una dinámica más gradual, omite el análisis de aspectos profundos, demasiado relevantes.

Los defensores de las estrategias más frontales sostienen que generar transformaciones implica encararlas con contundencia. Saben que no se lograrán triunfos de la noche a la mañana y que la implementación puede hacerse secuencialmente, pero siempre transitando un sendero definido.

En algunas ocasiones se confunden los términos y se intenta hacer creer que un esquema como el descripto es invariablemente abrupto y desordenado. La tarea consiste en gestar puntos de inflexión, modificando los sistemas de incentivos, de premios y castigos, orientándolos con mayor inteligencia y una eficiencia superior.

Los resultados jamás aparecerán mágicamente, pero una categórica mutación de las reglas de juego puede ser vital para alterar el rumbo de los acontecimientos y esperar palpables mejoras en un plazo razonable.

Del otro lado, los promotores del gradualismo afirman que las políticas de impacto son bruscas, políticamente inviables y sus consecuencias son inhumanas, nefastas y exageradamente negativas para la mayoría.

Es cierto que tomar medidas drásticas produce efectos inmediatos y trae consigo importantes secuelas. Eso es indudable y no debe ser negado. En todo caso, se deben contrastar las evidentes ventajas y los ineludibles inconvenientes que vienen de la mano de esas duras determinaciones.

Son muy pocos los que están dispuestos a desnudar con idéntica potencia, el precio de la inacción, el verdadero costo de las demoras. No hacer nada, o hacer poco, también tiene derivaciones. Es probable que no sean tan notorias en el corto plazo, pero no por ello consiguen ser menos destructivas y nocivas para demasiada gente.

La invitación a elegir opciones aparentemente más suaves, placenteras, cómodas y políticamente correctas encierra una trampa brutal impregnada de una gran deshonestidad intelectual. Lo gradual ofrece un camino escalonado, pero esa tardanza tiene gigantes costos ocultos que pretenden ser minimizados. No parece saludable esconderlos bajo la alfombra.

Cuando se sostiene eternamente un régimen de subsidios inmoral solo para evitar las consecuencias de quitarlo, se debe asumir con sinceridad que se seguirá esquilmando a muchos ciudadanos detrayendo una parte importante del fruto de sus esfuerzos personales cotidianos para sustentar a otros que no lo están haciendo, ni tienen intenciones de hacerlo.

Prolongar el saqueo institucional puede parecer más sutil, pero solo lo es para los que reciben la ayuda. Para los que siguen pagando la fiesta, eso es impiadosamente perverso. Suponer que dejar todo como está o modificarlo tenuemente no tiene costo alguno es de necios, pero también de cínicos.

Los economistas saben que las alternativas que ofrece una inversión deben ser evaluadas y consideradas a la hora de tomar la decisión. A eso llaman "costo de oportunidad". En materia de decisiones personales, familiares y también sociales, ese mismo concepto conserva su sentido equivalente.

No hacer nada, detenerse frente a lo necesario e inevitable implica también aceptar que esa decisión tiene inexorables ramificaciones para todos. Los eventuales damnificados a los que se intenta proteger deberán postergar la oportunidad de hacer lo correcto y arrancar la nueva era cuanto antes.

No se extirpa un tumor por etapas aduciendo que es menos doloroso. Se toma la decisión de enfrentar el problema con coraje y se asumen los riesgos, el circunstancial daño emergente, siempre sabiendo también que hacerlo ahora es mucho mejor que posponerlo indefinidamente.

El único caso en el que se decide no hacer nada, es cuando se considera que el paciente está en una fase terminal y no tiene chance alguna de sobrevivir. Allí se opta por garantizar calidad de vida acortando los tiempos de supervivencia. Si el diagnostico de la política es que administran un enfermo sin futuro, sería bueno que lo digan. Si por el contrario, como suelen recitar, el porvenir es sinónimo de éxito, es hora de apurar el tranco porque a este ritmo dilapidarán las oportunidades de corregir errores.

La sociedad tiene enormes responsabilidades en esta parodia. No se puede pretender a vivir  en el primer mundo sin hacer significativos sacrificios, con cobardía y gradualismo. Es hipócrita creer que se pueden conseguir grandes logros sin atravesar contingencia alguna. Si se desea prosperar, hay que estar dispuestos a hacer todos los deberes.

Esta situación actual no es mérito exclusivo de la dirigencia política, sino también de esta sociedad que declama ampulosamente algo que luego no puede sostener con actitudes individuales concretas. Pareciera que quienes dicen aspirar a los cambios, no lo desean con tanto fervor.

Cierta actitud timorata, ambigua, repleta de dudas y contradicciones, invade las mentes de quienes desean progresar, mientras prefieren permanecer en la zona de confort que les ofrece la continuidad infinita.

Es posible que la victoria final esté a la vuelta de la esquina, pero no se llega hasta allí con ridículos zigzagueos, posturas temerosas y midiendo cada paso. La meta soñada requiere de valentía y claridad suficiente, ya no solo para alcanzarla, sino para intentar recorrer ese trayecto con convicción.

La discusión política prosigue casi sin sentido. Por ahora el gradualismo gana la batalla. Sería bueno que los que apoyan esa visión comprendan que los supuestos perjuicios que pretenden evitar son reales y siguen allí. Aunque no puedan visualizarlo existe el costo de oportunidad de la dilación.

*Periodista.Consultor Privado en Comunicación, Analista Político,Conferencista Internacional, Presidente de la FUNDACIÓN CLUB DE LA LIBERTAD, Miembro de la Comisión Directiva de la RED POR LA LIBERTAD,Columnista de INFOBAE en Argentina,Columnista de DIARIO, EXTERIOR de España, Columnista de EL CATO de EEUU,Conductor del los ciclos radial  y televisivo EXISTE OTRO CAMINO.Ha publicado más de 470 artículos en 15 países de habla hispana

Premio a la Libertad de la Fundación Atlas 2006

Premio Periodista del Año de Corrientes, por Fundación Convivencia en 2002 y 2011

Premio Corrientes por la labor periodística en 2013

Fuente: Other News

El periodista y analista de Oriente Medio Gabriel Ben-Tasgal piensa que el "buenismo" fracasó en Europa en relación al islamismo radical y que "Europa se acerca a una situación en la que tendrá que decidir si quieren seguir siendo europeos".

En entrevista con Efe, Ben-Tasgal, bonaerense, consejero de numerosos Gobiernos, entre ellos España, y conferenciante, asevera: "Lo diré bien claro: la mayoría del islam no es radical, pero el 95 % de los actos terroristas en el mundo están hechos por musulmanes".

"Es un problema que existe e ignorarlo nos llevará a una situación peor que es el surgimiento de grupos neonazis de extrema derecha que odian a los musulmanes. La pasividad y el 'buenismo' reemplazados por Gobiernos de extrema derecha. Las reacciones de Europa, al ser tardías, pueden ser radicales", dijo.

"En Europa viven alrededor de 50 millones de musulmanes de los que un 25 % piensa de forma radical. Piensa, repito. Defienden patrones filosóficos cercanos al radicalismo islámico. Si solo un 1 % de estos opta por la acción física, ya tenemos un problema serio. Pero si dices esto en Europa inmediatamente te señalan como racista", expresó.

Sobre las conexiones entre el islamismo radical y la extrema izquierda, Gabriel Ben-Tasgal se remonta a la caída del bloque soviético, cuando "la ideología comunista había fracasado y pensaron que si su ideología fracasó, fracasaron todas".

"Vivimos en el Modernismo -continúa- que ha dado mucho a la Humanidad. El conocimiento lo hemos quintuplicado y la gente vive mejor. Y nos vemos como modernistas. Pero aquel que su ideología fracasó, aquella que dice que el Estado debe controlar todo, se declara postmodernista. Y dice: lo que yo quiero es destruir la modernidad. Entonces me alío con premodernistas".

"Postmodernistas con premodernistas para destruir todo el sistema que tenemos. Esa alianza es la que se conoce como la 'Alianza Roja Verde'. Que es la alianza entre radicales islámicos y la extrema izquierda. Y hablo de una alianza como por ejemplo Podemos e Irán".

"¿Qué puede unir a un movimiento que pretende la justicia social con depravados morales que quieren que volvamos al siglo VII? ¿Qué relación puede tener una persona que debería exigir la igualdad de

sexos con personas que utilizan sus mujeres como esclavas y no las dejan salir de casa para ir a trabajar?", se preguntó.

"Cuánta degradación moral debe haber para que exista una alianza así. La alianza es de todos los que piensan que el orden mundial actual es incorrecto. Y en España esa extrema izquierda también existe. Es más, puede llegar al poder", aseguró.

Su opinión sobre España es que "se ha obviado mucho tiempo el problema de la penetración islámica también por exceso de 'buenismo'. Y de España, Cataluña que ignoran que este 'buenismo' se produce porque el islam no penetra por la fuerza, penetra por la "dawa" (acción social)".

"Si te planto una mezquita -explica- hago mucha acción social. Si tuvieras las ideas claras, escucharías al imán y si dice que hay que hacer caso al imán y no al Gobierno democrático, le devuelves a su país".

Sobre las amenazas del islam radical de atentar en España, señaló que "toda amenaza de un radical islámico hay que tomárselo en serio. En su cultura es muy importante cuando hacen públicas sus intenciones. No dicen las cosas por decir. Si lo dicen en público hay que tomárselo muy en serio. Y España forma parte de los tres califatos principales de la época de oro del islam del siglo VII".

"Pero no necesitan la fuerza. Los atentados del 11-M fue un éxito total para Al Qaeda y Hamas. Se encontraban felices. El terrorismo es el asesinato de civiles para obtener objetivos políticos, y el atentado fue un éxito cuando (el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez) Zapatero sacó las fuerzas de Irak, y no conozco muchos países occidentales que hayan sido derrotados de la manera como se derrotó a España", dijo.

"La intensidad del islamismo radical con América es diferente- dice en otro momento- pero ¿cómo puede penetrar? Pues utilizando la financiación y apoyo a personajes determinados".

Y pone como ejemplos los nombres de Luis de D'Elía, sindicalista argentino, "pagado por Irán" o Hispan TV. "Ellos se dicen: podemos financiar a partidos de extrema izquierda que hablarán bien de mí, y mal de los judíos, de Israel y de Occidente". EFE

En la segunda mitad del siglo XX, el odio y los mesianismos condujeron a muchos argentinos a considerar a la tortura y el asesinato como formas válidas de la lucha política. Imbuidos de certezas absolutas los bandos en pugna –unidos por el común desprecio a las instituciones de la república democrática- apelaron a discursos iracundos, a palabras cargadas de violencia y luego recurrieron a las armas.

La decisión (consciente o inconsciente, expresa o tácita, firmada o anónima) de dividir al país de los peronistas, del país de los antiperonistas, fue la antesala de los terrorismos. No importa ahora dilucidar si fueron primero los actos de la “resistencia peronista” o los de las policías bravas del régimen de facto instaurado en 1955. Aunque es muy probable que los asesinatos de los generales Juan José Valle (1956) y Pedro Eugenio Aramburu (1970), marcaran el inicio de un ciclo cuyas consecuencias y derivaciones no hemos logrado hasta aquí procesar de modo que nos conduzca a su definitivo cierre, compatible con los principios morales y políticos que son propios de nuestra democracia constitucional y cosmopolita.

En esos años trágicos, la antinomia “peronismo o antiperonismo” fue sustituida por la de “terrorismo o política”. Se dio la perversa circunstancia de que muchos antiperonistas rectificaron posiciones y se volcaron al terrorismo invocando su incierto abrazo a las banderas del peronismo; fue el caso de muchos jefes montoneros.

En 1973 los empecinados terrorismos hicieron una breve pausa estratégica. Pero muy pronto retomaron las armas para destruir las ilusiones colectivas nacidas en 1973 cuando nos tocó vivir un fugaz retorno a una democracia precaria y sitiada por crisis e intolerancias.

En realidad, los terroristas luchaban con sus viles armas por imponer dictaduras de signo antagónico: La “patria socialista” o la “patria sin peronistas” eran, notoriamente, dos propuestas totalitarias. En el medio, compartiendo el desprecio a la democracia, nos situábamos quienes bregábamos por imponer desde el control del Estado una “patria peronista” que, si bien rechazaba la violencia, auguraba otra expresión totalitaria.

En este escenario, monopolizado por la violencia armada, terminó imponiéndose el terrorismo más violento y despiadado; vale decir, el terrorismo de Estado ejercitado por las fuerzas armadas y policiales, que actuaron rodeadas de complicidades emanadas de intereses espurios y de ciudadanos demandantes de orden a cualquier precio.

Pero es esta una historia harto conocida.

Cuarenta años para una tarea inconclusa

Este nuevo aniversario del último golpe cívico militar que padeció la Argentina es momento propicio para formularnos varias preguntas: ¿Qué hicimos después de recuperada la democracia en 1983? ¿Cuáles fueron nuestros aciertos colectivos y en qué nos equivocamos como sociedad? ¿Cuáles son los desafíos pendientes?

A mi modo de ver, tras las elecciones de aquel año, vivimos una breve e ilusionante primavera democrática, signada por las convicciones políticas, jurídicas y morales de Raúl Alfonsín, cuyo discurso apostó a reconstruir la cultura democrática de los argentinos, y a señalar un camino institucional para que los responsables de los terrorismos fueran sometidos a los jueces de la república.

Esta vía, valiente y encomiable, no logró sin embargo que emergiera la verdad acerca de todos y cada uno de los crímenes terroristas. Esta constatación abre el interrogante, puramente teórico, de si no hubiera sido más atinada la vía elegida por Nelson Mandela para pacificar Sudáfrica (sobre este punto HILB, Claudia y otros “Lesa humanidad. Argentina y Sudáfrica: reflexiones después del Mal”).

Terminado el juicio a las Juntas, algunos de los responsables de los terrorismos dedicaron sus esfuerzos a campañas de auto exculpación y justificación de sus comportamientos pasados (PERDIA, Roberto Cirilo, “Montoneros. El peronismo combatiente en primera persona”).

Mientras que para los terroristas que usaron las armas del Estado su respuesta fue legítima, inevitable y proporcional al desafío de los irregulares, para los líderes de las organizaciones irregulares su actuación pretendió responder a la “violencia de arriba” e imponer -a sangre y fuego- “la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo”.

Recién en los años de 1990 comienzan a surgir algunas reflexiones autocríticas expuestas por militantes “montoneros” o del así llamado “ejército revolucionario del pueblo” (ERP). Me han parecido especialmente relevantes los aportes de Oscar del Barco (“Carta”, 2004; “No matar. Sobre la responsabilidad”, 2010) y de Héctor Ricardo Leis (“Memorias en fuga. Una catarsis del pasado para sanar el presente”, 2013). Sin olvidar otros aportes (el muy reciente de Carlos Gabetta, por ejemplo), de alcance, profundidad y fundamentos diferentes.

Por su parte, los mandos militares -y los civiles que aplaudieron su criminal conducta- han optado por abroquelarse en el silencio, guardando para sí o llevándose a sus tumbas la verdad de lo sucedido y, por ejemplo atroz, la ubicación de los cadáveres de sus asesinados. Las manifestaciones de Jorge Rafael Videla hechas a Ceferino Reato, son tan importantes como parciales, espeluznantes y tardías.

De aquí en adelante

Este 40 aniversario del más abyecto de los golpes de Estado del que los argentinos tengamos memoria, acontece cuando emergemos trabajosamente de una década conducida por el matrimonio Kirchner en donde la fuerza política mayoritaria recreó –siguiendo un diseño del conjetural “manual del perfecto populista” (José Luis Villacañas, 2015)- la estrategia de dividir al país en dos segmentos antagónicos e irreconciliables. Una estrategia teñida, como ocurriera muchas veces a lo largo de nuestra historia, de odios, de aspiraciones hegemónicas y de mesianismos; bien es verdad que, afortunadamente, esta vez sus actores omitieron recurrir o reincidir en el terrorismo armado.

Hay que añadir que el kirchnerismo, atendiendo a razonables demandas de justicia, viabilizó la apertura o reapertura de juicios para depurar las responsabilidades de los mandos no juzgados a raíz de las leyes de obediencia debida y punto final y de amnistías e indultos.

Pero, simultáneamente, abrió cauces y adoptó decisiones sobre las que pesa la sospecha de estar encaminadas a tomar revancha de instituciones y personas que, en aquel ignominioso pasado, estuvieron vinculadas con el terrorismo de Estado.

En este sentido, debo decir aquí que repugna a la conciencia democrática que muchos de estos juicios se desenvuelvan sin sujeción a los principios y garantías que son propias del orden penal democrático.

La existencia de causas que no respetan el principio de “plazo razonable”, o que están a cargo de magistrados militantes (una figura aberrante); los encarcelamientos de castigo sin atender a garantías constitucionales y legales, son una de las pesadas herencias del kirchnerismo en esta materia. Además de la lamentable instrumentalización y manipulación de la bandera de los derechos humanos.

Nos quedan varias y difíciles tareas pendientes: Conocer la verdad aun oculta; completar el proceso de autocrítica por parte de los actores de aquel tiempo de tragedias; alumbrar estudios históricos y sociales que sin fanatismos y con rigor científico analicen lo sucedido; y promover actos de reconciliación, alrededor de dos compromisos concretos: “Nunca más el odio ni la violencia como motores de la política”, “Nada sin democracia republicana y constitucional”. Como es notorio, varias de estas tareas precisan del concurso inteligente, activo y humanista de los miembros de mi casi exhausta y compleja generación. En este empeño, nada mejor que sugerir la relectura de la obra de Joaquín V. González, “El juicio del siglo”.

*Ex Fiscal de Estado de la Provincia (1973), ex Ministro de Trabajo de la Nación (1993/1997)

Publicado en Perfil el 13-3-16

Este artículo tiene por objeto contribuir al debate sobre el modo y continuidad de los juicios penales a los implicados en “crímenes de lesa humanidad”durante la dictadura militar 1976/83, llamada a sí misma Proceso de Reorganización Nacional. También al debate paralelo sobre la responsabilidad de las organizaciones armadas que nacieron durante otra dictadura militar (1966/73), en los años que siguieron. Este último aspecto no puede dejar de considerarse por sí mismo, pero mucho menos aquí: el firmante, un periodista profesional con muchos años de experiencia, militó en 1972/76 en una de esas organizaciones, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), cuyo “brazo armado” era el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Me caben pues las generales de la ley (ver recuadro).

Este gravísimo asunto, que tuvo un comienzo democrático, legal y legítimo de resolución con la acusación del presidente Alfonsín a las cúpulas militares y algunos jefes guerrilleros y el consecutivo Juicio a las Juntas, evolucionó a los largo de los siguientes 30 años de un modo confuso y contradictorio, hasta llegar a la situación actual. La de una democracia que en ese punto –y en tantos otros– se niega a sí misma al impartir mala y tardía justicia y la de una sociedad que agrava sus divisiones, en un marco de problemas económicos, políticos y sociales de una extrema gravedad. Es pues necesario cerrar el capítulo “última dictadura militar”, porque se están cometiendo injusticias y porque se necesitan todas las energías para resolver problemas actuales y, quizá lo más importante, porque la sociedad argentina tiene necesidad de amigarse consigo misma. Es necesaria una síntesis que reconozca, aclare y deslinde responsabilidades y haga realmente justicia. Este capítulo negro de nuestra historia –tenemos varios– debe cerrarse cumpliendo con la ley argentina y los pactos internacionales; pero además ejerciendo tanto la crítica como la autocrítica ciudadanas; si no para justificar, al menos para comprender lo ocurrido y dejarlo atrás, en la categoría de experiencias históricas a no repetir.

Vaivenes. La cronología desde el Juicio a las Juntas hasta hoy es conocida y los argumentos políticos y legales esgrimidos en los sucesivos vaivenes del asunto exceden largamente este espacio. Pero la síntesis es que más de tres décadas después el tema no sólo no se ha resuelto, sino que se complica cada vez más. Resumiendo, después de la ejemplar condena inicial a las Juntas, vinieron los indultos –que incluyeron a ex guerrilleros a punto de ser juzgados; o sea que se “indultó” a quienes aún no tenían condena–; luego se anularon los indultos; se extendió la posibilidad de acusar de crímenes de lesa humanidad más allá de “los altos mandos” y se limitaron las posibles acusaciones a “lo actuado” por la dictadura militar 76/83. Sobre esto último, si los eventuales crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras estaban prescriptos, no era el caso de la Triple A, organizada por el gobierno peronista desde el Estado y por lo tanto pasible de ser acusada de crímenes de lesa humanidad, no prescriptibles.

Actualmente hay más de 1.100 ciudadanos entre procesados y detenidos sin sentencia y sentenciados que se encuentran procesados en otras causas. Hay 970 imputados detenidos, ya sea en unidades penitenciarias (57%), sus domicilios (40%), dependencias de las fuerzas de seguridad (1,5%) y en hospitales (0,5%), mientras que los condenados son 563. O sea que hay numerosos presos sin condena. El constitucionalista Roberto Gargarella sostiene que se deben evitar estas condiciones para todos los detenidos: “Implican violaciones de derechos sobre personas concretas, por más que se trate de las personas a las que menos queremos. Por ejemplo, tenemos procesados sin condena durante largos, imperdonables años, algo que no aceptamos en ningún caso; personas de edad avanzada y en condiciones de salud precaria que no reciben, a diferencia de otros ‘presos comunes’, arresto domiciliario”. Otras fuentes indican que “el promedio de edad de los afectados en estas causas, es de más de 73 años (73,24 años exactamente) y el promedio de prisión preventiva de los detenidos en penales es de más de 6 años (6,16 años exactamente), sumado al altísimo porcentaje de fallecidos (344 personas al 1-3-16)”.

Desde que el peronismo kirchnerista reposicionó así el problema, la sociedad argentina se divide, grosso modo, entre los que están dispuestos a llevar las acusaciones y los juicios más allá de todo plazo y legalidad, y los que, como la señoraCecilia Pando y muchos otros, no sólo niegan culpabilidad, sino que reafirman objetivos y métodos. En medio, la “resistencia armada” y sus responsabilidades históricas, políticas y eventualmente legales, negadas taxativamente por unos y sirviendo así de justificación a otros.

Resultado, una situación concreta extremadamente confusa en lo legal; un “debate” irracional; un asunto grave de nuestra historia que ha devenido desvergonzada herramienta política y, una vez más, una sociedad dividida y al borde del enfrentamiento.

*Periodista y escritor