La vivienda y el hábitat constituyen dos indicadores fundamentales para medir los índices pobreza. Una señal inequívoca de la pauperización de una porción importante de las antiguas clases trabajadoras a partir de los 70 fueron las ocupaciones territoriales masivas; germen de nuevas barriadas suburbanas que, para diferenciarse de las estigmatizadas “villas miseria”, dieron en denominarse “asentamientos”. Estos fueron un laboratorio más visible que los viejos barrios populares acerca de cómo los sectores empobrecidos se fueron organizando a lo largo de los últimos treinta años.

La política democrática oscilo, en principio, entre el desconcierto y el ensayo y error para administrar allí problemas sociales hasta entonces desconocidos. Uno de los compromisos que les exigieron a sus jefes comunitarios fue, a cambio del reconocimiento de sus organizaciones como “entidades intermedias”, propiciar su rápida urbanización para lo que ponían a su disposición una buena parte del aparato estatal. Pero a lo largo de los treinta años que lleva la democracia el curso de tales urbanizaciones fue errático y discontinuo, cuando no contradictorio respecto de sus objetivos primigenios. La etapa kirchnerista fue bien elocuente al respecto.

Hacia 2009 desde el Ministerio de Planificación, Infraestructura y Transportes se relanzaron programas de urbanización, regularización dominial y construcción de viviendas de material interrumpidos por la crisis de 2001; aunque dándole un sesgo re centralizador respecto de sus antecesores. Hasta entonces, los programas financiados por fondos de los organismos multilaterales de crédito bajaban desde esa cartera hacia las provincias que debían licitar a las empresas contratistas, confeccionar los planos respectivos y otorgar asesoramiento hidráulico. Los municipios, por su parte, debían efectuar la regularización dominial de los predios, las mensuras, la apertura de calles y la cobertura social de las obras.

La recentralización supuso un puente directo entre la cartera de Planificación y los jefes comunitarios barriales; exigiéndoles  a los intendentes  su nombramiento en dependencias estratégicas para la realización de las obras.  Las organizaciones comunitarias asumieron, así, las tareas de control de su ejecución, la asistencia a los trabajadores y el cuidado y supervisión  de las máquinas y herramientas. No obstante, a diferencia de las etapas anteriores, se excluyó a los vecinos de las cuadrillas para la autoconstrucción de instalaciones y viviendas  sustituyéndolos por trabajadores de la UOCRA asociados a las empresas contratistas; todo un símbolo de las alianzas corporativas trazadas en tiempos de Néstor Kirchner.

Tomemos el caso de un conjunto de barrios ubicados en Villa Fiorito beneficiados por el Programa Mejoramientos de Barrios (PROMEBA). La organización social, que aglutinaba  a varios barrios procedentes de la ocupación de tierras fiscales nacionales, se encargó de efectuar el censo vecinal de sus siete mil setecientas familias. Sin embargo, fueron beneficiadas tres mil quinientas; y de estas, solo fueron regularizadas dominialmente mil setecientas setenta y seis. Las razones de las exclusiones fueron varias; aunque en su mayoría, estrechamente asociadas con los caracteres culturales de la nueva pobreza estructural. Algunos vecinos despreciaban la instalación de cloacas porque para ello debían derribar instalaciones promiscuas anteriores. Otros, no querían el baño dentro de la casa ni la instalación de agua corriente prefiriendo proseguir  su abastecimiento mediante el bombeo desde conexiones clandestinas a la red central. Otros, por último, despreciaban  el agua caliente por el gasto que suponía la compra de termo tanques considerados tan inútiles como las prácticas de aseo cotidiano. Cuatro mil vecinos –casi un 60 %- se resistieron, entonces,  a incorporar a sus hogares en los servicios públicos esenciales ofrecidos por el programa de urbanización.

En cuanto a la construcción de viviendas, el Plan Federal lanzado en 2011 se comprometió a edificar en dos años quinientos cinco “prototipos 0” consistentes en tres dormitorios, cocina, baño y lavadero. Hacia fines de 2014 se habían completado solo tres; dos más, estaban en vías de concluirse; mientras otras setenta y ocho avanzaban a paso de tortuga. El Plan Mejor Vivir, dependiente del anterior y destinado a la construcción de módulos secos –habitaciones-, y húmedos –cocinas y baños- para viviendas más avanzadas, se comprometió a edificar ochocientos veinte; pero solo sustancio setecientos ochenta concentradas en un número menor de hogares porque algunos vecinos recibieron hasta tres módulos; y otros, ninguno. Los intereses clientelares  de los referentes comunitarios explican en no poca medida esa discrecionalidad que se reprodujo en otras situaciones de privilegio.

Por caso, la jefatura del barrio central, cuya organización aglutino a la de los demás logro,  significativamente, la escrituración de  la totalidad de los doscientos cincuenta predios de su barrio. Sin embargo, esa titularidad quedo relativizada por el hecho de que  a diferencia de lo comprometido con la municipalidad en los 90 de destinar solo un lote a cada familia, la falta de supervisión estatal determino que se instalaran hasta tres. Ello  aumento su densidad demográfica  de doscientos cincuenta en seiscientos sesenta núcleos; en parte, a raíz de la epidemia de embarazos suscitada por la AUH aunque también por la especulación inmobiliaria en una zona saturada para nuevas ocupaciones. La precariedad dominial, entonces, continuo; y  al agravarse el hacinamiento, las obras de instalación de servicios públicos se tornaron insuficientes.

Por último, las empresas contratistas, conforme se fueron acentuando la recesión y la inflación, empezaron a incumplir  con las cantidades de materiales y su entrega en los tiempos establecidos. El síndrome sobreprecios-subejecuciones se hizo sentir con fuerza. Los referentes comunitarios debieron establecer arduas negociaciones frecuentemente burladas por los acuerdos espurios entre los jefes de obra de las firmas y algunos vecinos que negociaban bajo cuerdas su prosecución pero  proporcionando materiales  de menor calidad. Hacia mediados de 2013, el proyecto se fue aletargando en coincidencia con el vencimiento del plazo de su ejecución total. Un año más tarde, quedo virtualmente paralizado; repitiendo el sino trágico de las experiencias anteriores que el “proyecto nacional” y su “modelo de inclusión” supuestamente venía a erradicar para siempre.

En suma, la nueva experiencia urbanizadora termino exhibiendo un carácter caótico, acentuando el contraste entre regiones barriales  privilegiadas y otras marginadas y al afeamiento general de la vecindad; un dato no menor en los contenidos culturales de la pobreza. Los conflictos entre regiones privilegiadas y marginadas se plasmaron en rivalidades y enfrenamientos violentos entre vecinos y aun dentro de familias. Resultados parciales, insuficientes y contraproducentes  que no hicieron más que reafirmar  una  pobreza estructural densa y dura en uno de sus aspectos más cruciales: la vivienda y el hábitat.}

*historiador y miembro del Club Político Argentino